México.- La Secretaría de la Función Pública informó este lunes que como parte de una serie de investigaciones ante la posibilidad de un conflicto de interés por parte del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, fue hallado un contrato para transporte de gas natural para una empresa en la que labora un familiar del funcionario.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que previamente Alcocer había admitido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreido, labora en la empresa danesa Vestas desde abril de 2015; sin embargo, el titular de la comisión dijo que no hay conflicto de interés, argumentando que dicha empresa no está regulada por la CRE.

Posteriormente la SFP indicó en la conferencia que el familiar de Alcocer trabaja para la filial mexicana de Vestas, que sí es regulada por la CRE.

Sandoval informó que, tras una revisión exhaustiva, se encontró un contrato otorgado en junio de 2017, cuando Alcocer ya presidía la comisión, para el transporte de gas natural con la empresa Fermaca, reconocida como vinculada a la familia del funcionario.

El contrato G20175/TRA/2017 no fue informado por Alcocer en su momento, lo que ofició una investigación al respecto. Más adelante, dijo, se informará si este es el único contrato no declarado o si existen otros en los que exista interés personal y familiar por parte del titular de la CRE.

Con respecto al primer caso, la SFP informó que el hermano de la cónyuge declaró ingresos por 12 millones 500 mil pesos entre 2013 y 2017 y retenciones por terceros de 9 millones 300 mil pesos.

La dependencia informó también que el hermano de la cónyuge es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

Esas tres empresas que el familiar de Alcocer representa se dedican a la extracción de petróleo crudo e hidrocarburos, subsidiaria de una petrolera estadounidense, operadora del Bloque Soledad, ubicado en Veracruz, comercialización de productos químicos y perforación de pozos petroleros.

En el periodo de febrero de 2014 a diciembre de 2018, dicta la dependencia, envió transferencias internacionales por 47 millones 836 mil 650 pesos y 148 millones 547 mil 821 dólares. La SFP indicó que se encontraron vuelos a Guatemala y El Salvador, lo que podría tratarse de lavado de dinero.

“Existe una tipología en la cual los sujetos se trasladan a países como El Salvador y Guatemala para realizar transferencias internacionales a otros países, con la finalidad de no dejar rastro en México”, dicta la SFP en una diapositiva.