Habitantes de Nahuatzen, Michoacán, incendiaron ayer, casi a la media noche, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como un camión repartidor de la empresa Coca-Cola, con la finalidad de ejercer presión para que se cumpla su exigencia de terminar el conflicto que mantienen con autoridades estatales y municipales.

Los habitantes le prendieron fuego a los vehículos, luego de recibir una llamada en la que un funcionario estatal les informó que la reunión que tenían contemplada para este miércoles con el Secretario de Gobierno estatal, Adrián López Solís, no se llevaría a cabo.

Además, os pobladores aún tienen en su poder cerca de 30 unidades de diversas empresas, incluyendo una camioneta repartidora de tanques de gas, y amagan con prenderles fuego también.

Los disturbios comenzaron el martes cuando decenas de pobladores arribaron al Palacio Municipal y desarmaron a los policías para luego cerrar los tres accesos a la localidad.

Los manifestantes exigen que la Policía local sea integrada con agentes propuestos y avalados por la comunidad, ya que a los actuales los acusan de presuntos vínculos con la delincuencia.

Tras indicar que no quieren “un gobernador de fotografía, que solo pose ante las cámaras y no resuelva los problemas de sus estado”, los habitantes de Nahuatzen le dieron un ultimátum al mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, y le advirtieron más quemas de vehículos y el encarcelamiento de los funcionarios y regidores del ayuntamiento, si no les resuelvan sus peticiones.

Sobre las armas que les quitaron a los siete policías retenidos el martes pasado, los habitantes de Nahuatzen informaron en asamblea que se las van a entregar a las autoridades, pero hasta que lleguen a un acuerdo y se cumplan sus demandas.

Desde hace más de 10 meses, los habitantes de Nahuatzen exigen mejorar seguridad del municipio, además, quieren poder de decisión en el manejo de recursos públicos, así como la renuncia del presidente municipal, Miguel Prado Morales.

Sin embargo, el alcalde ha negado estos supuestos nexos con grupos criminales y acusado al movimiento civil de perseguir intereses políticos.

En febrero pasado, los manifestantes ya habían retenido más de 20 vehículos, incluidos seis autobuses, cuatro tráileres y unidades de reparto de empresa como Bimbo y Pepsi; quemaron dos.

En esa ocasión, el Gobierno del Estado aceptó a 57 propuestas del movimiento para integrarlos a la Policía, condicionado a la aplicación de exámenes de control y confianza. De ese grupo, sólo 37 se presentaron a las pruebas y de éstos aprobaron apenas 11.