Varias irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la adquisición del avión presidencial Boeing 787 Dreamliner, a través de su informe sobre la cuenta pública 2014.

Para empezar, advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no acreditó que éste haya sido la mejor opción en el mercado.

Asimismo, indica hay una falta de refacciones a bordo equivalentes a 334 mil pesos.

"La entidad fiscalizada informó que está pendiente la entrega por parte del proveedor de la partida núm.15 con valor de 20.4 miles de dólares correspondiente al equipo de refacciones a bordo equivalente a 334.4 miles de pesos al tipo de cambio de 16.3762 pesos del día 5 de agosto de 2015", señala.

Además, detectó incumplimientos en la entrega del avión, que se retraso por casi 17 meses, y que podría generar penalizaciones millonarias.

Recuerda que la aeronave debía ser aceptada técnicamente y entregada en Charleston, Estados Unidos, para su traslado a México el 30 de junio de 2014.

Sin embargo, el avión se entregó hasta el 8 de octubre de 2014, 99 días después, lo que provocó un penalización del 10 por ciento del monto total del contrato: 12 millones 734.9 miles de dólares.

Peor aún, ese día el avión llegó a la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, pero sólo estuvo cinco horas, bajo el argumento de Presidencia de que era un vuelo de prueba para un trámite administrativo, y que sería hasta septiembre de 2015 cuando sería entregado, fecha que tampoco se cumplió.

Como consecuencia de lo anterior, el 2 de julio de 2014 la Sedena elaboró el acta de incumplimiento por un millón 273 mil pesos correspondiente a dos días de atraso, la cual fue notificada por la Subdirección de Adquisiciones a la empresa fabricante sin prever que el monto se incrementaría.

Posteriormente, añade la ASF, la Sedena elaboró el 20 de septiembre de 2014 una segunda acta de incumplimiento por 12 millones 734 mil dólares en la que se señalaron 82 días de atraso.

En ambos casos, el subdirector de Adquisiciones de la Sedena instruyó a Banobras para iniciar el trámite de penalización correspondiente a fin de que fuera aplicada en la factura final que presentara la empresa citada para que ésta efectuara el pago en caso de que decidiera cubrirla voluntariamente; sin embargo, no se proporcionó evidencia de dicho pago ni de la entrega de la partida núm. 15.

"Lo anterior impacta directamente en la determinación del monto de los intereses que paga la Sedena a Banobras por el arrendamiento financiero, además de que el importe de la penalización será aplicado hasta donde alcance para el pago de las últimas rentas del arrendamiento", expone la Auditoría.