Ciudad de México.- Integrantes del Poder Judicial de la Federación que resultaron damnificados por los sismos de septiembre, tienen hasta el próximo 30 de noviembre para concluir su registro en el sistema de apoyo.

El Consejo de la Judicatura Federal, a través de su portal electrónico, notificó a los servidores públicos que sufrieron daños en salud, vivienda u otros bienes patrimoniales y remitieron la información requerida por el Sistema de Apoyo a Damnificados, que dio inicio la etapa de verificación y visitas.

En los lugares donde se registraron daños totales, las administraciones regionales y locales, realizarán visitas para verificar que efectivamente los servidores públicos requieren el apoyo económico.

La ayuda fue programada por el CJF para el caso de los integrantes de la misma que resultaron afectados, pero aún no ha sido destinado ningún recurso para ello.

Esto, debido a que los arquitectos encargados de realizar el mantenimiento de los inmuebles del CJF deberán acudir a verificar la clase de daños que sufrieron los trabajadores para calcular el recurso requerido.

Fuentes del Poder Judicial indicaron que hasta el momento se han inscrito 44 trabajadores, de los cuales sólo 17 han entregado su información completa y estarán sujetos a la etapa de verificación y visitas.

Se prevé que los montos requeridos sean menores, debido a que no se tiene registro de que algún empleado del PJF haya perdido por completo su casa o que las afectaciones a su salud sean mayores.

A diferencia del CJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreció en octubre pasado un apoyo económico de 44 mil 500 pesos a sus trabajadores con viviendas afectadas.

El apoyo deberá ser tramitado ante la Dirección de Programas Sociales, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa.

Según un oficio interno enviado por el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, en principio se prevé destinar la ayuda a los funcionarios de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero Morelos, Oaxaca y Puebla.

Para realizar el trámite, la Corte distribuyó un formato en todas sus sedes y la convocatoria terminó el 31 de octubre.