Por: Sandra de los Santos


Llegó al Hospital General Regional “Rafael Pascasio Gamboa”, en esta capital del estado de Chiapas, para recibir atención médica por un aborto espontáneo, pero el personal sanitario en lugar de atenderla, la denunció por el delito de aborto.

Antes de ingresar al quirófano, 30 horas después de haber llegado al hospital, la paciente tuvo que soportar la intimidación de parte de un agente del Ministerio Público y del propio personal de salud, quienes le recriminaban que ella había provocado el aborto.

María tiene 21 años de edad, es originaria de Tuxtla y es madre de una niña de cuatro años y un niño de dos. Truncó la secundaria debido a su primer embarazo. Profesa la religión católica y no tiene empleo.

El 29 de septiembre de 2015 tuvo un aborto espontáneo, ella desconocía estar embarazada pues utilizaba el dispositivo intrauterino (DIU), que le fue colocado en su último parto por personal de salud del propio Hospital General Regional en mayo de 2014.

Cuando llegó al nosocomio a pedir atención médica, lo que hizo el personal sanitario fue levantar una denuncia por aborto contra María. Fue hasta 30 horas después que recibió la atención que requería.

Según su relato, en el quirófano la obligaron a optar por un método anticonceptivo y firmar un documento en el que ella “voluntariamente” solicitaba el DIU como requisito para ser atendida y poder salir del hospital.

Al pasar el efecto de la anestesia, María fue llevada a un cuarto “oscuro y frío” en el que había tres frascos iluminados con luz roja y que contenían embriones de diferentes etapas de gestación.

Ahí, una enfermera la presionó cerca de una hora para que “confesara” que se había provocado el aborto.

Por la violación a sus derechos por parte del personal sanitario del estado y la Procuraduría de Justicia local (PGJE), la agraviada interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que hasta ahora sigue sin resolución.

Ante la omisión de la CEDH, activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) exigieron a la Comisión emitir las recomendaciones pertinentes, para garantizar que no se sigan violentando los derechos de las mujeres que presentan abortos espontáneos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aborto espontáneo como “la pérdida prematura de un feto de hasta 23 semanas de embarazo”.

En general, entre 12 y 15 por ciento de los embarazos clínicamente reconocidos culminan en un aborto espontáneo, y la frecuencia aumenta con el incremento de la edad materna, de manera que, según los datos, 15 de cada 100 mujeres gestantes afrontarán esta situación.

Las activistas condenaron la criminalización hacia las mujeres, muestra de ello es que la PGJE expone en su sitio web que de enero de 2010 a marzo de 2016 se registraron 87 delitos por aborto, sin que se sepa la condición jurídica actual de estas mujeres y si estos casos no responden a situaciones como la de María.

La reacción del Estado de criminalizar el aborto inhibe que las mujeres con pérdidas prematuras acudan a los servicios de salud por temor a ser acusadas de un delito, y con ello se pone en riesgo su vida. Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muerte materna.

Ddeser consideró que es urgente que en la entidad se legalicen las diferentes causales de aborto, ya que el tema está relacionado con la igualdad social y las condiciones de género de las mujeres.