Chilpancingo, Guerrero.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán cerró toda posibilidad de que los partidos políticos puedan hacer actividades proselitistas en los campus universitarios como venía siendo costumbre.

Durante la firma de un convenio entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y la UAG, Saldaña Almazán abrió la puerta a los órganos electorales para utilizar la infraestructura de la máxima casa de estudios para la capacitación a futuros funcionarios de casillas o para la instalación de casillas dentro de sus instalaciones, durante la jornada electoral.

Sin embargo, el mensaje a los partidos políticos fue que no se permitirá la realización de mitines dentro de las unidades académicas de la UAG, para no violar la neutralidad de la máxima casa de estudios del estado.

“No queremos que se hagan ahí los mitines o la campaña, porque no haríamos un ejercicio institucional neutral, y lo que queremos es que ustedes tengan la certeza, compañeros que, el acuerdo que ha tomado el consejo universitario es que nos mantengamos al margen”, expresó.

Expresó que la UAG, podría participar únicamente con foros de análisis sobre las plataformas electorales de los partidos políticos y las coaliciones que participarán en los comicios del próximo julio.

Sobre la firma del convenio, el consejero presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, señaló que la colaboración de la UAG servirá para blindar el sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El equipo técnico de la máxima casa de estudios de Guerrero, se sumará de apoyo al Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el blindaje del sistema informático de conteo rápido.

El evento fue presidido por la consejera presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al PREP y conteos rápidos del IEPC, Rosio Calleja Niño.

Chilpancingo, Guerrero.- Comisarios y pobladores de varias localidades de Guerrero denunciaron el retraso de obras desde hace cuatro años y cerraron las oficinas de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), en Chilpancingo.

Minutos antes de las 12 del mediodía, un grupo de pobladores de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Acatepec, Eduardo Neri y Huitzuco tomaron la SAICA y pidieron la destitución de subtitular, Javier Rojas Benito.

Los manifestantes denunciaron que desde el 2014 se han gestionado obras en comunidades indígenas, entre las principales demandas se encuentran la construcción de carreteras, la recarpetación de caminos y edificación de escuelas y centros de salud.

“Queremos una audiencia directamente con el gobernador, queremos que se atiendan nuestras demandas y que a las comunidades se les den médicos y escuelas porque no tenemos”, pidió Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena Popular de Guerrero.

Al lugar de la protesta llegaron agentes de gobernación y ofrecieron acercamiento con autoridades estatales, sin embargo al no garantizar un encuentro con el titular del Ejecutivo estatal decidieron continuar sus acciones de protesta.

En varios automóviles, los manifestantes se trasladaron a la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo y dieron paso libre a los automovilistas.

Finalmente anunciaron que de no haber atención pronta, cientos de campesinos de Guerrero bloquearán la Autopista del Sol en Chilpancingo para ejercer presión.

Chilpancingo, Guerrero.- El diputado del distrito 06 de Acapulco, Marco Antonio Cabada Arias, afirmó que la desaparición de personas por presuntos policías “es muy usual en Acapulco, este a lo mejor es el más sonado porque son tres”.

Aunque la alcaldesa está atendiendo el tema, agregó, hace falta una investigación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se adecuen los estándares que debe de cumplir la Policía Preventiva del puerto a través de la evaluación y acreditación, para tener la certeza que la Policía cuenta con las condiciones de estar en las calles, algo que no ha pasado desde hace muchas administraciones.

“Es muy lamentable y nosotros debemos de ponernos de lado de la sociedad. Es un asunto que es muy usual en Acapulco (la desaparición de personas por supuestos policías) no es el primer caso, a lo mejor el más sonado porque son tres, es un asunto que se tiene que revisar”, dijo.

El diputado solicitó a la alcaldesa actuar lo más pronto posible y remitir al Congreso junto con su secretario de Seguridad Pública la información sobre el tema.

“No es posible que siga actuando de la misma forma y sigamos teniendo los mismos problemas. La policía de Acapulco debe actuar como una policía certifica al 100 por ciento y ese sentido no tendríamos ningún problema”.

Cabada Arias pidió a la alcaldesa ponerse a trabajar de manera inmediata en la evaluación y certificación de los policías, solicitó también agilizar las investigaciones en el caso de los jóvenes desaparecidos.

El primer paso en el caso es la declaración ante la Agencia del Ministerio Público, lo cual hicieron ayer, y será el Consejo de Honor y Justicia quienes determinarán si los separan del cargo, dijo el diputado.

El diputado del distrito 07, también del puerto, Moisés Reyes Sandoval se solidarizó con la familia de los jóvenes desaparecidos y pidió esperar a las investigaciones.

Recordó que en el Sistema Penal Acusatorio existe la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, y los policías tienen derecho a defenderse, las víctimas y la agencia del Ministerio Público presentarán sus argumentos, y adelantó que será un proceso largo.

Se pronunció a favor de la depuración de los policías, pero con apego a los derechos humanos y laborales, porque en algunas ocasiones agentes honorables con premios internacionales han reprobado los exámenes de control y confianza, y policías que tienen incluso carpetas de investigación han pasado los exámenes.

“Hay que mejorar nuestros métodos de control y confianza, una vez que estos métodos de control y confianza sean garantes que se respeten los derechos humanos fortalecer estos procesos”, dijo.

Chilpancingo, Guerrero.- La diputada local de Morena, Mariana García Guillén, exigió a las autoridades agilizar las investigaciones en la desaparición de tres jóvenes por supuestos policías preventivos de Acapulco y solicitó a la alcaldesa, Adela Román Ocampo, “mano dura” para realizar la certificación de los policías y asumir su responsabilidad en materia de seguridad.

Ayer, cinco policías municipales acudieron a declarar a la Agencia del Ministerio Público por el caso de los tres jóvenes que fueron presuntamente levantados en la cancha de la CROM el pasado 5 de diciembre, y uno de ellos fue hallado muerto al día siguiente y dos siguen desaparecidos.

En entrevista en el Congreso local previo a la sesión de este martes, la diputada Mariana García Guillén dijo que hay una “presunción de culpabilidad” de los policías y hasta que no se concluyan las investigaciones del caso los policías deben separarse del cargo, y la alcaldesa Adela Román Ocampo debe tener mano dura y acreditar a la corporación antes de sacarlos a la calle.

“Pareciera que cada vez nos sorprende menos este tipo de situaciones, se habla de que los cuerpos policiales están coludidos con el crimen organizado, es algo que públicamente se ha denunciado, que organizaciones sociales y activistas están luchando a favor de erradicar esta situación que se ha generado en los cuerpos policíacos”, afirmó.

García Guillén aseveró que no hay confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policíacas y “el gran problema” es que todo se le asigna a la Fiscalía General del Estado para que los resuelva “y la fiscalía nos sale con los mismos postulados: que forman parte del crimen organizado, que estaban coludidos, que estaban dentro de un grupo criminal”.

La morenista reconoció que existe una crisis de seguridad y de derechos humanos en la entidad y si la violencia continúa en el puerto de Acapulco “el bono democrático con el que llagó Morena (a la alcaldía) se irá desdibujando”.

Pidió a las autoridades asumir su responsabilidad, “gobiernos pasan, gobiernos llegan y son las respuestas de siempre: que no les corresponde (la violencia), que no es su esfera de competencia y que le corresponde solo a la federación y nos lavamos las manos desde lo municipal y desde lo estatal”.