Diputados perredistas del Congreso local se negaron a comparecer ante la Comisión de Vigilancia y Ética del PRD luego de que ocho de ellos desacataron un resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dado a conocer en diciembre pasado en el que se les pedía no votar por Javier Olea Peláez para fiscal General del Estado.

El coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, Sebastián de la Rosa Peláez, informó que ayer acudió a la Ciudad de México al llamado a comparecer que hizo la Comisión de Vigilancia y Ética luego de que los legisladores locales desobedecieran los lineamientos del CEN, pero aclaró que no fue a comparecer, sino a informales el desacuerdo de la fracción parlamentaria sobre la medida dictada desde la cúpula del partido. “(La acción) del Comité Ejecutivo Nacional refleja falta de oficio político, falta de tacto, y no creo que eso sea lo prudente, por lo tanto mi asistencia a esa comisión fue para expresarles mi desacuerdo, e informales de que yo estaría insistiendo en la necesidad de una reunión política con el CEN, y a decirles que por respeto a su investidura como Comisión acudí al llamado para informales cuál era mi posición, no entregué ningún documento de los que me requirieron, porque además nunca me precisaron qué tipo de documentos, nada más me dijeron en el escrito que todos aquellos documentos que comprobaran el proceso de discusión y de la votación”, señaló.

Detalló que elaboró un expediente, pero no para entregarlos a la Comisión de Vigilancia y Ética, sino para el presidente del CEN del PRD, Agustín Basave Benítez, con dijo sostuvo una plática en la que le pidió suspender las comparecencias de los diputados que no acataron los lineamientos para no votar a favor de Javier Olea como Fiscal General.

De la Rosa Peláez calificó como una “imprudencia política” la determinación de citar a comparecer a los legisladores perredistas ante la Comisión de Vigilancia y Ética, y reveló que realmente nunca hubo atención mínima por parte del CEN respecto a la designación del Fiscal en Guerrero.

“Me parece una imprudencia política que se esté haciendo esto así, si hubiese  habido el interés realmente de procesar las cosas, yo informe al CEN que había iniciado el proceso de discusión del nombramiento del fiscal, porque entendía que era un asunto de interés nacional, y nunca, nunca tuvimos una atención mínima, todo lo que supimos lo supimos por medio de declaraciones de prensa de la secretaria General, pero nunca hubo una atención de manera directa”, aseguró.

Dijo que la decisión del CEN del PRD de dar lineamientos sobre las decisiones de los legisladores locales, y de citar a comparecer por no acatarlos, violenta la autonomía y la armonía de los diputados.

Comentó que los diputados de su fracción con los que ha mantenido comunicación expresaron que están en la postura de no acudir a comparecer ante la Comisión de Vigilancia y Ética del PRD “y que en todo caso, van a contestar por escrito”.

Calificó de “imprudente, intolerable y falta de oficio político” el hecho de que los diputados perredistas locales sean citados a comparecer, toda vez que existen “asuntos verdaderamente graves en la situación política del partido en los que no se ha procedido”.

Al cuestionarle si los diputados de su fracción parlamentaria no fueron omisos al desacatar el resolutivo del CEN, De la Rosa explicó que la decisión fue conocida un día antes de la votación en el Congreso local para elegir al Fiscal General del estado, defendiendo que “cuando hay interés de hacer las cosas, las cosas se deben atender su debido tiempo”.

El pasado 10 de diciembre, el CEN del PRD emitió un resolutivo en el que solicitaron a sus diputados que no votaran a favor de Javier Olea Peláez como Fiscal General de Guerrero, advirtiendo que quien no acatara la decisión, sería notificado a la Comisión de Vigilancia y Ética para “iniciar el procedimiento conducente por actuar en contra de las resoluciones de los órganos de dirección".

El lineamiento fue desobedecido por los diputados Raymundo García Gutiérrez, Erika Alcaraz Sosa, los hermanos Crescencio y Carlos Reyes Torres, Fidel González Pérez, Rosa Coral Mendoza Falcón, Silvia Romero Suárez, y Eloísa Hernández Valle.

En otro tema, el legislador local coincidió con el diputado Héctor Vicario Castrejón  en que la licencia que presentó ante el Congreso local Eric Ulises Ramírez Crespo para separarse del cargo como alcalde de Cocula, ya no es válida, luego que ayer el juez noveno de distrito con sede en Iguala le dictó formal prisión, y con ello, perdió sus derechos políticos. Indicó que sería una “pifia  jurídica” que el Congreso del estado otorgue una licencia indefinida a alguien que ya no cuenta con sus derechos políticos; dijo que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que es la encargada de dictaminar la licencia, la debe presentar como no viable.

A pregunta expresa sobre si la detención del alcalde de Cocula deja mal parado al PRD, teniendo en cuenta el antecedente del expresidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, respondió que los partidos no son responsables del actuar de los ciudadanos, aun cuando estos hayan sido sus candidatos, y consideró que un partido político únicamente sería responsable de un hecho ilícito cuando este haya mandado a uno de sus militantes a hacerlo.

Señaló que los partidos políticos no son agentes de investigación, y no tienen los elementos para determinar si un ciudadano cuenta, o no, con antecedentes delincuenciales, y se basan en la opinión de la gente sobre el actuar de un posible candidato. Defendió que en el pasado proceso electoral, todos los candidatos del PRD fueron puestos a investigación a la Procuraduría General de la República (PGR), pero esta dependencia no entregó ningún informe.

“Pareciera que la insistencia es que si no pudimos encontrar culpabilidad o responsabilidad. Eso no lo podemos hacer nosotros, lo que sí hicimos fue pedir a la PGR informes de nuestros candidatos y no tenemos informes de la PGR. No entregó ningún antecedente, y también otorgó constancias de antecedentes no penales, entonces, es una situación que ahí existe. Habría que esperar qué dice la sentencia y las resoluciones de los tribunales para ver si el delito del que se le acusa fue cometido después o antes, si es después, bueno, ni ellos ni nosotros, si es antes, por qué le otorgaron carta de antecedentes no penales”, dijo.