#Suave Patria

IMSS para trabajadoras domésticas recae en buena voluntad de patrones

El Inegi calcula un universo estimado de 2.4 millones de trabajadores domésticos, de los cuales sólo unos 62 mil 400 (2.6%) cuentan con Seguro Social.

Por Redacción, 2019-04-08 12:14

México.- Luego del anuncio sobre la cancelación del Seguro Popular, al menos unas 720 mil trabajadoras domésticas (30% del universo de trabajadores domésticos) se quedarían sin servicios de salud, por lo que el número de empleados del hogar en esta situación ascendería a 2.33 millones.

Así lo reveló Diego García, abogado del despacho García Velázquez Abogados, quien agregó que el Inegi calcula un universo estimado de 2.4 millones de trabajadores domésticos, de los cuales sólo unos 62 mil 400 (2.6%) cuentan con Seguro Social.

Sin la posibilidad de mantenerse en el seguro popular o un programa parecido, estas trabajadoras dependerán de la voluntad de sus patrones para ser afiliadas al IMSS, ya que ellos, sus empleadores, tendrán que pagar 100% de la cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ellas puedan recibir servicios médicos y hospitalarios, medicamentos, ahorro para el retiro, pensiones y jubilaciones, guardería y servicios funerarios.

“El primer esbozo que hubo para afiliar a las trabajadoras domésticas fue en 2012, con el Seguro Popular, obviamente ahora que obedece su eliminación, pues estas personas se quedan sin este acceso a la salud, entonces se crea este programa piloto que guarda ciertas peculiaridades, porque no están contempladas en un esquema tradicional”, explicó el también integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo.

Según el nuevo programa, el trabajo doméstico no sólo incluye a las personas que asean una casa, sino también, cuidadoras de enfermos, personas de la tercera edad o niños, mozos, jardineros y choferes.

Si una trabajadora gana un salario mínimo mensual (tres mil 123 pesos por 31 días de trabajo) laborando para cuatro patrones distintos (esquema de trabajo doméstico de entrada por salida), entre los cuatro empleadores tendrían que pagar los 900 pesos de cuota mensual que significaría asegurar a la trabajadora.

Es decir, sin importar cuánto le pague cada patrón a la empleada, tendrían que aportar 225 pesos cada uno.

Diego García consideró que “esto traerá algunos bemoles, porque la clase media es la que contrata estos servicios y nunca han sido patrones, no conocen las características y no van a generar un registro patronal y simplemente van a pagar.”

Agregó que no está claro qué pasará cuando ellos no paguen un mes, o no paguen a tiempo.

Por el momento el programa es voluntario, sin embargo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo el pasado 31 de marzo, que “en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el gobierno de México asume compromisos concretos”, es por ello que “con el lanzamiento del programa piloto y de la campaña mediática ‘El trabajo digno comienza en el hogar’ se inicia una transición progresiva sostenible del régimen de afiliación voluntaria, al régimen de afiliación obligatoria”.

“Es para aplaudir que se les quiera dotar de seguridad social a las trabajadoras del hogar, pero hay que prever que nos vamos a enfrentar a discrepancias, a todos estos ‘peros’”, dijo Diego García, quien comentó que si bien puede haber patrones abusivos que quieran registrarlas con un salario mínimo cuando les pagan más, también puede dar pie a abusos por parte de las trabajadoras cuando no hay manera de que se comprueben sus ingresos.

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Alcoholímetro ha sorprendido a varios políticos ebrios; aquí la lista

El último en caer en el alcoholímetro fue Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón.

Por Redacción, 2019-08-20 21:40

México.- La renuncia de Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón como analista en el Instituto de Investigación Legislativo, en el Congreso de Guanajuato, luego de presuntamente haber sido detenido la madrugada del pasado sábado en un operativo del alcoholímetro, por conducir un vehículo oficial en supuesto estado de ebriedad, revive el recuerdo de todos aquellos políticos que han caído en el “torito”.  En la lista hay dirigentes, legisladores y excandidatos.

Niño Verde propone extender el alcoholímetro por todo el país

Jorge Emilio González, “el Niño Verde”, fue uno de los políticos que cayeron en el “torito”. La madrugada del 17 de febrero de 2013, fue detenido en un retén en el entonces Distrito Federal, por policías capitalinos; se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pese a que se le detectó aliento etílico, hecho por el que fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas.

Tras tramitar un amparo, el entonces senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quedó libre. Tiempo después propuso que el programa se extendiera en todo el país.

En el 2012, el dirigente PAN, Manuel Espino Barrientos, fue remitido debido a que registró 0.50 grados de alcohol en la sangre cuando conducía un automóvil, marca Nissan Maxima, modelo 2011, siendo que el máximo permitido es de 0.40 grados.

PRI no se salvó de ser remitido

El secretario de Hacienda de los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, además de competir con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la Jefatura de Gobierno, Jesús Silva-Herzog Flores, fue otro de los que no se salvaron del torito, al ser remitido tras alcanzar 0.44 grados de alcohol.

Quien fuera diputado del PRI en el 2011, Andrés Aguirre Romero, fue detenido al conducir su BMW en las calles de Polanco registrando 0.43 grados de alcohol en la sangre.

Desde el 2003 se puso en marcha el programa “Conduce sin alcohol”, conocido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el objetivo prevenir que los automovilistas conduzcan en estado de ebriedad, y provoquen accidentes viales. En el se aplica la prueba de alcoholemia en retenes. La prueba consiste en soplar por algunos segundos las boquillas desechables que miden el nivel de alcohol en la sangre del conductor. De superar el límite establecido, la sanción es cumplir entre 20 y 36 horas en una celda del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como el Torito.

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Vandalizan el Ángel de la Independencia y su seguro, vencido

El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso.

Por Redacción, 2019-08-20 21:18

México.- El seguro del Ángel de la Independencia todavía no se había renovado, por lo que los daños derivados de la protesta contra la violencia de las mujeres de la semana pasada no estarían cubiertos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso, dijo el director general de la Asociación, Recaredo Arias Jiménez, quien añadió que todavía es muy pronto para conocer los daños asegurados que derivaron de la manifestación registrada el viernes pasado.

Luego de ser dañado durante los actos vandálicos que se registraron en la marcha de mujeres, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México colocaron tablas alrededor de la columna del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Los empleados del gobierno capitalino instalaron hojas de madera en las escalinatas del monumento, el cual presenta pintas en sus pisos y columnas, además de daños a la zona de jardineras.

Durante la marcha que inició en la Glorieta de Insurgentes y avanzó por Paseo de la Reforma, los grupos de manifestantes bloquearon vialidades, dañaron la estación de policía ubicada en la calle de Florencia, las instalaciones de la estación Insurgentes del Metrobús y pintaron el Ángel de la Independencia.

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Indígenas marchan contra Tren Maya y megaproyectos de AMLO en Chiapas

Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez.

Por Redacción, 2019-08-20 21:03

México.- Indígenas del estado mexicano de Chiapas marcharon este martes en protesta por losgrandes proyectos de infraestructura que el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa en la región como el Tren Maya, al considerar que amenazan su medioambiente y tradiciones.

Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en una marcha encabezada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) a la que se sumaron diferentes organizaciones civiles y observadores de derechos humanos internacionales.

Los manifestantes provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.

Desde hace siete años, este movimiento se ha alzado en defensa de su territorio y, entre otros puntos, han logrado detener la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que tenía que atravesar su territorio.

Su objetivo ahora es detener sobre todo la minería y megaproyectos impulsados por López Obrador como el Tren Maya, una obra faraónica de unos mil 500 kilómetros y 7 mil 600 millones de dólares que ha de conectar cinco estados del sur y sureste, la zona más rezagada del país.

“Hay una tremenda deforestación que hoy está afectando el cambio climático, y esa misma situación está afectando a las comunidades y la selva”, dijo a Efe Nicolás Gómez, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra Del Valle de Jovel.

En cuanto al proyecto del Tren Maya dijo que las comunidades han manifestado ya su temor por el impacto ambiental del proyecto y sus afectaciones en la selva, que esta temporada ya ha registrado fuertes sequías en algunas zonas que las autoridades atribuyen en buena medida a la crisis climática.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.