Por: Gema Villela Valenzuela
Ciudad de México (Cimacnoticias).- La economía verde vulnera los derechos indígenas y humanos de las mujeres, al comercializar recursos naturales sin garantizar un beneficio financiero y social para las comunidades, con megaproyectos que en algunos casos responden a este modelo económico al generar violencia contra defensoras de estos derechos fundamentales.
Durante la presentación del libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, presentado la tarde de ayer en el Museo de las Culturas Populares, la politóloga y autora Barbara UnmüBig, cuestiona el modelo de “Economía Verde”, basado en la comercialización de los recursos naturales con la promesa de cuidar el medio ambiente, reducir la pobreza y dejar de utilizar recursos fósiles como el petróleo, porque en la práctica no contempla los verdaderos Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La crítica que hace la politóloga Barbara UnmüBig al modelo de “Economía Verde”, es que las empresas sólo negocian con los recursos naturales, pero no atienden realmente la preservación de la biodiversidad, al realizar monocultivos que devastan la flora endémica y no incluye una perspectiva de Derechos Humanos o de género.
Este modelo económico también se planteará en la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13), que se realizará en Cancún Quintana Roo desde el 4 al 17 de diciembre. Ahí se reunirán los gobiernos o “partes” que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), un instrumento internacional que entró en vigor en 1993.
El CDB promueve “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.
Por ello, las organizaciones civiles defensoras de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas asistirán a la conferencia en Cancún, para denunciar que las comunidades étnicas son las que se ven afectadas por el modelo de Economía Verde neoliberal.
En entrevista con Cimacnoticias, la también copresidenta de la Fundación Heinrich Böll Stiftung explicó que este modelo es “ciego” a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, porque responde solamente a los intereses de las trasnacionales.
Ellas buscan comercializar los recursos naturales, dijo, pero realmente no se preocupan por la situación socioeconómica de las poblaciones y ecosistemas en donde operan sus megaproyectos, lo que en inglés se denomina “greenwashing” por la falsa promesa de la protección al medio ambiente.
La politóloga indicó que el avance de los megaproyectos que mercantilizan los recursos naturales, ha privatizado áreas y tierras que antes le pertenecían a las comunidades indígenas o la población en general, que terminan por quitar a la ciudadanía acceso a zonas naturales, que también afecta al ecosistema.
Al preguntarle sobre el panorama de megaproyectos que operan en México bajo este modelo, la coordinadora de Programas de Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, Dolores Rojas Rubio, citó como ejemplo la construcción de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Yucatán, en donde los campesinos y comunidades indígenas no tienen beneficio ni de la electricidad generada, ni en generación de empleos.
En el libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, Barbara UnmüBig ofrece más información sobre los parques eólicos y cita que existen 15 de una proyección de 27. Ahí explica que este megaproyecto es operado por empresas europeas como “Acciona, Iberdrola, ENEL y Siemens o EDF”, quienes producen electricidad en territorios indígenas “para compradores finales establecidos por contrato, como Walmart o la empresa minera Peñoles”.
Barbara UnmüBig señala que la política pública de la Economía Verde carece de un enfoque feminista, al no contemplar ni atender las necesidades económicas de las mujeres y las desigualdades generadas en las crisis ambientales.
Algunos ejemplos son la construcción del gasoducto en Sonora, en donde se criminaliza a las mujeres indígenas de la etnia Yaqui por defender el derecho de la tierra, usos y costumbres, así como su seguridad; o el caso de la construcción del fraccionamiento que está devastando el bosque donde se ubica la etnia indígena de San Francisco Magú, en el Estado de México.
Como parte de la estrategia de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas ante la comercialización de los recursos naturales, conformaron la Caravana de la Diversidad Biocultural, quienes firmaron un pronunciamiento de “oposición a la tendencia global de mercantilización y privatización de los recursos biológicos, que son bienes comunes de la humanidad”, mismo que será presentado en la Conferencia de las Partes (COP 13).
La Caravana de la Diversidad Biocultural está conformada por comunidades indígenas, académicos y organizaciones civiles procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de países como Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos.
