Guerrero.- El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado propuso adicionar el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado para que, en el caso del personal de instituciones policiales, no proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación.
Al presentar la iniciativa, el coordinador del Grupo Parlamentario, diputado Raymundo García Gutiérrez, destacó que actualmente la federación, estados y municipios se han enfrascado en un cúmulo de demandas por parte de elementos policiacos que han sido dados de baja, alegando que estos procedimientos son insuficientes y ausentes de las garantías de audiencia y legalidad.
Indicó que esto origina que los tribunales del ámbito administrativo condenen a las entidades policiales a pagar prestaciones laborales que terminan siendo una merma a los recursos públicos, propiamente de los destinados a la seguridad pública.
Explicó que a los miembros de las corporaciones de seguridad pública se les considera como una relación administrativa y no como laboral, por lo que los tribunales a los que les corresponde resolver son diversos, ya que en la mayoría de las legislaciones se establecen deberes y organización de su personal, pero es escasa la normatividad relacionada a los derechos en los casos de terminación de la relación laboral administrativa.
Resaltó que la Constitución Política limita o prohíbe al personal que hubiera sido separado de su cargo, justificado o no, que pueda regresar o ser reinstalado, ni por mandato de los tribunales administrativos que determinaran que fue ilegal o sin justificación dicha terminación de servicio; sin embargo, al reclamar éstos sus derechos o la reparación del daño, es un problema determinar qué conceptos entraban y cuáles no para su cuantificación y pago, al no existir suplencia de ninguna legislación.
Por lo anterior, García Gutiérrez considera que es necesario legislar para la debida regulación de estos procesos de separación, baja y cese de los elementos policiales, y a partir de ello mejorarlos, creando un marco jurídico que ayude tanto a las entidades encargadas de la seguridad pública como a los derechos de los elementos policiacos.
El legislador propone, además, especificar que el estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización correspondiente, que constará de tres meses de salario, 20 días por año laborado, y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso para su correspondiente análisis y dictaminación.
