Tlapa.- Aunque La Montaña es una de las regiones del estado donde ha denunciado un incremento de feminicidios y violencia familiar, existe falta de voluntad de funcionarios para acatar estándares nacionales e internacionales que protegan a las mujeres.
Asimismo, existen vacíos, deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia contra las mujeres, permeados por actuaciones prejuiciosas de funcionarios que impiden una efectiva protección cautelar del Estado ante actos de violencia.
Sumado a ello, especialistas han advertido que el Nuevo Sistema de Justicia Penal pone en mayor desventaja a las mujeres que sufren de estos crímenes y muchos de sus casos terminan archivados.
“Si no veo moretones, no hay violencia”
La semana pasada, una usuaria del Centro Ciudad de las Mujeres (CCM) de Tlapa, que después de recibir atención acudió ante la Agencia del Ministerio Público para denunciar un caso de violencia familiar, fue recibida por la agente, quien le dijo:
“No se puede hacer nada, el nuevo sistema (de justicia) cambió y tiene más derechos él; no lo mandaremos traer con orden, como antes, primero se investiga, no lo vas a mandar a la cárcel, si quieres lo citamos y que no se acerque, y si lo hace ya iniciamos la denuncia”.
Para la coordinadora del Módulo Vida Libre De Violencia del CCM, Blanca Dimas Catalán existe una desventaja en la defensa de la mujer en casos de violencia familiar frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Explica que la mediación tiende a originar que el juez no proporcione medidas de protección para la víctima, no sea considerado como delito grave y las carpetas de investigación – al no estar bien sustentadas – terminen archivadas y no pasen con el juez de control para generar una vinculación al proceso.
“Las evidencias de delito con las que podemos contar son la valoración sicológica de la perito forense, el certificado médico y las entrevistas que policías ministeriales hagan a personas que tengan conocimiento de los hechos, algo que difícilmente contestarán las personas al no querer verse inmiscuidos en el asunto”, dijo Dimas Catalán.
Existe una persistencia por parte del MP de buscar conciliar, de que no pase mas allá, no se quieren iniciar carpetas de investigación, les dicen a las víctimas que si denuncian es porque están molestas que tienen impulsos que después pasarán.
“Que si no le ve moretones es porque no hay violencia”, según relató la semana pasada una mujer víctima de violencia.
“Quieren conciliar, citar a la víctima y el victimario aunque la violencia contra la mujer no tiene carácter conciliatorio lo que contrapone la obligación del Estado ante diversas leyes, tratados y convenciones firmadas o promovidas desde el ámbito local hasta nivel internacional”, detalló Dimas Catalán.
Así, mientras las mujeres deben luchar contra las deficiencias de un sistema que entra en una nueva etapa sin que muchos de los funcionarios estén realmente preparados o blindados de prejuicios e irregularidades, se debe trabajar con una cultura de la denuncia que proteja integralmente a las mujeres que deciden denunciar e incluso que prevenga hechos de violencia cuyo extremo es el feminicidio.
En Copanatoyac, una mujer fue asesinada a pesar de que tuvo acompañamiento y asesoría, pero decidió no comunicar a sus familiares su situación de violencia familiar.
Tampoco continuó una denuncia penal contra el presunto agresor, que su actual pareja, quien terminaría acabando con su vida.
A esto se suma la situación de marginación, naturalización de la violencia y represión en las que viven cientos de mujeres en comunidades indígenas en la Montaña.
Ciudad de las Mujeres; entre retos y logros
El Centro Ciudad de las Mujeres (CCM) de Tlapa de Comonfort, cumplió este día un año de estar en funciones.
Según datos solicitados por el reportero, el CCM ha efectuado cerca de 100 mil atenciones a mujeres, niñas, niños, así como a hombres y mujeres adolescentes.
Son alrededor de 130 personas las que ingresan cada día para recibir atención en los diferentes módulos abarcando temas de salud, autonomía económica, niñez, entre otros, que contemplan la perspectiva de género, derechos humanos y respeto a la interculturalidad.
El aspecto modular ha contribuido al desarrollo y atención integral para mujeres de la región, sin embargo existen diversos retos, un ejemplo es el acceso pleno a la justicia en temas como, la violencia familiar.
Las agresiones contra las mujeres, niños y niñas en la Montaña es alarmante, pero son pocos los casos que se hablan y aún menos los que son denunciados penalmente.
Aunado a esto, se prevén mayores dificultades con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio al tener éste un carácter conciliatorio, combinado con la falta de perspectiva de género por parte de funcionarios públicos, casos de corrupción o ineficacia en la investigación.
La impunidad perpetúa la violencia
De esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en su relatoría sobre los derechos de la Mujer, respecto al acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas que, si bien la CIDH reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres que incluye una gama de recursos e instancias judiciales de protección, existe una dicotomía entre su disponibilidad formal y su idoneidad para remediar dichos actos de violencia.
La CIDH ha podido constatar que la respuesta judicial ante casos de violencia contra las mujeres es notablemente deficiente y no corresponde a la gravedad e incidencia del problema. En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva.
La impunidad de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia. Estas deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden a la prevalencia del problema.
EL CCM es una estrategia derivada de compromisos internacionales del Gobierno de la República através de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo objetivo es implementar un modelo de empoderamiento para las mujeres que facilite la apropiación de sus derechos y mejore sus condiciones de vida, mediante la prestación de servicios de calidad que satisfagan sus necesidades básicas e intereses estratégicos, por medio de acciones basadas en 3 ejes fundamentales:
Algunas cifras del CCM enlistan que han entregado 10 mil 600 carnets para que las mujeres reciban atención integral. Han sido atendidas hasta junio 30 de este año 2 mil 35 mujeres en situación de violencia de género por medio de atención en las áreas de trabajo social, sicológico y jurídico. De éstas 45 fueron visitas domiciliarias.
Las mujeres también han recibido apoyo con la traducción en nahua, mixteco y tlapaneco. Se han generado 849 procesos legales de los cuales 260 son juicios activos, algunos de los rubros son especial de alimentos, guardia y custodia, reconocimiento de paternidad.
Existen cinco denuncias por violencia familiar ante la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar.
Además de las atenciones médicas a las mujeres también existen talleres de autonomía económica.
El CCM trabaja con la fortaleza de mujeres trabajando para mujeres, aunque en lo local han recibido ataques cibernéticos que buscan descalificar su trabajo, las cifras y los casos, dan cuenta del trabajo interminable que existe en la región y la necesidad de respetar y valorar el trabajo diario de quienes allí laboran.
Una característica del CCM es cierto blindaje que ha prevalecido en cuanto a evitar ser flujo de intereses políticos o botín de poder que cortaría de tajo la capacidad ejecutiva del CCM, al cual, también le hacen falta algunos apoyos de diversas dependencias para que pueda trabajar con mayor precisión, asimismo la capacitación e involucramiento útil de instancias gubernamentales, organizaciones y, sociedad civil.
