#Suave Patria

Indígenas, principales defensores de la biodiversidad mundial

Los indígenas se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales.

Por Redacción, 2019-08-13 20:05

México.- Tras el dictamen del tribunal de Ecuador, la lucha del pueblo indígena Waorani tuvo sus repercusiones en la prensa internacional. Desde ahora las compañías petroleras tienen prohibido desarrollar sus actividades en territorios amazónicos por los impactos negativos que esta industria ha producido en la región.

Además de este caso que ha llegado a la justicia, en América Latina existen 56 demandas interpuestas por Estados y empresas contra pueblos indígenas según datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).

Éstas se producen “en el contexto de la creciente criminalización de la resistencia indígena y las narrativas negativas de los más altos niveles de gobierno en varios países latinoamericanos, actualmente más notablemente en el caso de Brasil”, comenta Ana Zbona, gerente del proyecto de Libertades Cívicas y Defensores de Derechos Humanos del CIEDH.

Solo una pequeña parte de los conflictos existentes llegan a los tribunales. “En Sudamérica hay participación indígena en 345 conflictos de los 626 registrados y en 125 de los 200 de México y América Central”, detalló Joan Martínez Alier, del Atlas de Justicia Ambiental. Esta plataforma registra 2.850 conflictos ambientales en todo el mundo en los que el componente indígena está presente en el 40% de los casos.

“Los indígenas se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales”, argumentó Martínez. “Esta resistencia se debe a la ausencia de consultas significativas a las comunidades, la falta de respeto y comprensión de la cosmovisión de las comunidades y la falta de respeto por sus derechos al consentimiento previo, libre e informado”, agregó Zbona.

La región es la que tiene más países que han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, en el que se incluye este principio de consulta previa. “Lamentablemente, América Latina tuvo esta tradición de la hiperlegalización que después se queda en el papel”, dijo Georg Dufner, Director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Sin embargo, reconoció que “Perú, Chile, Colombia y Costa Rica se han esforzado por tener procedimientos más claros y han tenido algunos avances en la implementación del Convenio”.

Territorios ricos crean conflictos

Otra razón de la alta participación de las comunidades indígenas en los conflictos ambientales es la riqueza que se encuentra en sus territorios. “Los principales conflictos ambientales que resultan en litigios tienen que ver con el uso del suelo y del subsuelo: minería, petróleo, represas y agroindustrias. Los Estados tienen obligaciones internacionales relacionadas con proteger el ambiente que no están cumpliendo; el litigio es una forma de rendición de cuentas en la que los jueces les obligan a cumplir“, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Por este motivo, Dufner se mostró satisfecho del resultado del caso Waorani. “Evidencia que es posible obtener sentencias favorables a comunidades indígenas vía constitucional y que es necesaria una voluntad política para que los Estados sean verdaderos garantes de los procesos de consulta previa en la región”, apuntó el responsable de la fundación alemana, que desde 2006 trabaja para que se respeten los mecanismos legales.

A la expectativa de nuevos éxitos

Además de la de los Waorani, Amanda Romero Medina, representante del CIEDH para América Latina destacó otras recientes victorias judiciales que los pueblos indígenas han logrado en la región, entre las que se encuentra el fallo de un tribunal canadiense contra Pan American Silvercompany. La compañía fue encontrada responsable de un tiroteo contra comunidades indígenas locales que protestaban por las operaciones de un proyecto minero de Escobal en 2012. Igualmente, tribunales en Colombia sentenciaron que los pueblos indígenas que fueron desposeídos de sus tierras por los terratenientes, entre ellos el grupo indígena Kanalitojo en Vichada, tienen derecho a recibirlas de vuelta. Finalmente, un tribunal chileno dictaminó que los criaderos industriales de salmón deberían detener sus operaciones en la parte sur del país porque están perjudicando los medios de vida de los mapuche.

Si la justicia a nivel nacional no funciona, los pueblos indígenas pueden acudir a los tribunales internacionales superiores. En 2011, AIDA, junto a otras organizaciones de Brasil, presentó una denuncia formal contra este país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la represa Belo Monte. Por otro lado, la asociación de defensa ambiental también solicitó medidas cautelares para que la Comisión pida a México adoptar acciones para proteger la vida en los territorios indígenas de Campeche y Yucatán, donde agricultores y empresas como Monsanto están cultivando soya genéticamente modificada. Ambos casos están pendientes de resolución. ¿Serán los próximos en poner en los titulares a la región?.

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Alcoholímetro ha sorprendido a varios políticos ebrios; aquí la lista

El último en caer en el alcoholímetro fue Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón.

Por Redacción, 2019-08-20 21:40

México.- La renuncia de Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón como analista en el Instituto de Investigación Legislativo, en el Congreso de Guanajuato, luego de presuntamente haber sido detenido la madrugada del pasado sábado en un operativo del alcoholímetro, por conducir un vehículo oficial en supuesto estado de ebriedad, revive el recuerdo de todos aquellos políticos que han caído en el “torito”.  En la lista hay dirigentes, legisladores y excandidatos.

Niño Verde propone extender el alcoholímetro por todo el país

Jorge Emilio González, “el Niño Verde”, fue uno de los políticos que cayeron en el “torito”. La madrugada del 17 de febrero de 2013, fue detenido en un retén en el entonces Distrito Federal, por policías capitalinos; se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pese a que se le detectó aliento etílico, hecho por el que fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas.

Tras tramitar un amparo, el entonces senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quedó libre. Tiempo después propuso que el programa se extendiera en todo el país.

En el 2012, el dirigente PAN, Manuel Espino Barrientos, fue remitido debido a que registró 0.50 grados de alcohol en la sangre cuando conducía un automóvil, marca Nissan Maxima, modelo 2011, siendo que el máximo permitido es de 0.40 grados.

PRI no se salvó de ser remitido

El secretario de Hacienda de los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, además de competir con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la Jefatura de Gobierno, Jesús Silva-Herzog Flores, fue otro de los que no se salvaron del torito, al ser remitido tras alcanzar 0.44 grados de alcohol.

Quien fuera diputado del PRI en el 2011, Andrés Aguirre Romero, fue detenido al conducir su BMW en las calles de Polanco registrando 0.43 grados de alcohol en la sangre.

Desde el 2003 se puso en marcha el programa “Conduce sin alcohol”, conocido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el objetivo prevenir que los automovilistas conduzcan en estado de ebriedad, y provoquen accidentes viales. En el se aplica la prueba de alcoholemia en retenes. La prueba consiste en soplar por algunos segundos las boquillas desechables que miden el nivel de alcohol en la sangre del conductor. De superar el límite establecido, la sanción es cumplir entre 20 y 36 horas en una celda del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como el Torito.

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Vandalizan el Ángel de la Independencia y su seguro, vencido

El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso.

Por Redacción, 2019-08-20 21:18

México.- El seguro del Ángel de la Independencia todavía no se había renovado, por lo que los daños derivados de la protesta contra la violencia de las mujeres de la semana pasada no estarían cubiertos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso, dijo el director general de la Asociación, Recaredo Arias Jiménez, quien añadió que todavía es muy pronto para conocer los daños asegurados que derivaron de la manifestación registrada el viernes pasado.

Luego de ser dañado durante los actos vandálicos que se registraron en la marcha de mujeres, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México colocaron tablas alrededor de la columna del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Los empleados del gobierno capitalino instalaron hojas de madera en las escalinatas del monumento, el cual presenta pintas en sus pisos y columnas, además de daños a la zona de jardineras.

Durante la marcha que inició en la Glorieta de Insurgentes y avanzó por Paseo de la Reforma, los grupos de manifestantes bloquearon vialidades, dañaron la estación de policía ubicada en la calle de Florencia, las instalaciones de la estación Insurgentes del Metrobús y pintaron el Ángel de la Independencia.

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Indígenas marchan contra Tren Maya y megaproyectos de AMLO en Chiapas

Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez.

Por Redacción, 2019-08-20 21:03

México.- Indígenas del estado mexicano de Chiapas marcharon este martes en protesta por losgrandes proyectos de infraestructura que el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa en la región como el Tren Maya, al considerar que amenazan su medioambiente y tradiciones.

Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en una marcha encabezada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) a la que se sumaron diferentes organizaciones civiles y observadores de derechos humanos internacionales.

Los manifestantes provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.

Desde hace siete años, este movimiento se ha alzado en defensa de su territorio y, entre otros puntos, han logrado detener la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que tenía que atravesar su territorio.

Su objetivo ahora es detener sobre todo la minería y megaproyectos impulsados por López Obrador como el Tren Maya, una obra faraónica de unos mil 500 kilómetros y 7 mil 600 millones de dólares que ha de conectar cinco estados del sur y sureste, la zona más rezagada del país.

“Hay una tremenda deforestación que hoy está afectando el cambio climático, y esa misma situación está afectando a las comunidades y la selva”, dijo a Efe Nicolás Gómez, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra Del Valle de Jovel.

En cuanto al proyecto del Tren Maya dijo que las comunidades han manifestado ya su temor por el impacto ambiental del proyecto y sus afectaciones en la selva, que esta temporada ya ha registrado fuertes sequías en algunas zonas que las autoridades atribuyen en buena medida a la crisis climática.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.

Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.

En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.

A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.