Luego de que concluyeron los cómputos en los 300 distritos electorales del país, el INE debe llevar a cabo la revisión de los ingresos y gastos de casi 13 mil campañas, incluidas las de 77 candidatos a gobernador, informó el consejero Benito Nacif.
Explicó que se tiene de plazo el 13 de julio próximo para que el Consejo General se pronuncie sobre la fiscalización de 12 mil 879 informes de gastos de campaña, seis mil 488 de elecciones para alcaldes, seis mil 189 para diputados y 77 para gobernador.
En entrevista, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá resolver los recursos de inconformidad en contra de los cómputos distritales, para que así se conozcan las cifras definitivas de las elecciones celebradas el pasado domingo 7 de junio.
A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que pronunciarse sobre la licitud de los ingresos y gastos de campaña, y tomar las medidas preventivas para que, en caso que el TEPJF confirme que los partidos Humanista y del Trabajo no alcancen la votación mínima requerida, proceda su liquidación.
El INE se encuentra en la última etapa de fiscalización, dijo, ya que han revisado las operaciones registradas en línea por los partidos y candidatos independientes, así como sus informes, y esta semana terminará de entregarles las observaciones resultantes de la revisión.
Indicó que ya con las respuestas de los partidos políticos y candidatos independientes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE elaborará el dictamen consolidado y las resoluciones, documento que entregará para su revisión a la Comisión de Fiscalización.
Más adelante, reiteró que ahora se tienen plazos más cortos, toda vez que el próximo 13 de julio es fecha límite para llevar al Consejo General los proyectos de dictamen y fiscalización.
Señaló que con el nuevo modelo de fiscalización vigente prevé sanciones más fuertes, en particular la anulación de una elección cuando se excede el tope de gastos de campaña por un porcentaje mayor a cinco por ciento.
Asimismo, agregó, cuando se compra o se adquieren tiempos en radio y televisión o cuando se reciben recursos de procedencia ilícita.
Puntualizó que los objetivos de la fiscalización son preservar el principio de igualdad política, salvaguardar la equidad de la contienda, garantizar que haya rendición de cuentas por parte de los partidos, y que estos, a través del financiamiento público gasten en ciertas actividades.
