La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una iniciativa de ley que quita recursos a las llamadas ciudades santuario, en las que las autoridades policiacas no están facultadas para actuar como agentes de inmgración.

Con 241 votos a favor y 179 en contra, el proyecto fue aprobado por la mayoría republicana en la cámara baja.

La propuesta legislativa retiraría fondos federales a las jurisdicciones que prohíban a sus oficiales de policía recabar información de los inmigrantes, una función desempeñada por agentes federales de inmigración.

La iniciativa fue presentada luego que la joven Kathryn Steinle fue asesinada en San Francisco -considerada una ciudad santuario- por el indocumentado mexicano Juan López Sánchez, quien tenía antecedentes penales y había sido deportado al menos cinco veces.

El caso alcanzó notoriedad luego que el aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, presentó el caso como una justificación para su mensaje en contra de los inmigrantes mexicanos.

Los demócratas acusaron a los republicanos de “alinearse” con los puntos de vista antiinmigrantes de Trump, que mediante declaraciones controversiales se ha colocado en las encuestas a la cabeza de los 16 precandidatos presidenciales republicanos.

“Hay criminales motivados por la malicia y con una falta de respeto por la vida de otros y hay ciudades más interesadas en ofrecer un santuario a esos criminales”, señaló ante el pleno el legislador Trey Gowdy, presidente del subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la cámara baja.

El presidente Barack Obama advirtió este jueves que bloqueará la ley en caso de ser aprobada en el Senado, porque amenaza los derechos civiles de los estadunidenses al permitir a oficiales de seguridad obtener información sobre el estatus migratorio de cualquier persona.

La Casa Blanca apuntó que tal medida provocaría desconfianza entre los miembros de las comunidades y los departamentos de policía.

Jim Steinle, padre de la joven asesinada, señaló esta semana en una comparecencia legislativa que si la ley “quita de las calles a los inmigrantes criminales”, la muerte de su hija no habrá sido en vano.

La víspera, 24 jefes de departamentos de policía y alguaciles de igual número de ciudades enviaron una carta a Gowdy apuntando que esa y otras iniciativas no sólo buscan quitar fondos a las agencias de seguridad en las ciudades santuario, sino convertir a los oficiales en agentes de inmigración.

Apuntaron que la aplicación de la ley migratoria es una responsabilidad federal, por lo que si se busca que sea aplicada por autoridades estatales y municipales, desviaría los recursos limitados que tienen estas entidades para la seguridad pública.

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