México.- En 194 países las autoridades policiales buscan a 63 mexicanos reclamados por cinco naciones para juzgarlos por su probable responsabilidad en lavado de dinero, narcotráfico, fraude, secuestro, peculado, tortura, tráfico de personas, robo de niños, asesinato y violación de menores, entre otros delitos.

México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Guatemala demandaron la intervención de la Organización Internacional de Policía Criminal, por lo que Interpol (por sus siglas en inglés) emitió fichas rojas que ordenan su captura provisional con fines de extradición.

Entre los mexicanos prófugos destacan el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violar a menores de edad en San Luis Potosí.

De los 63 casos, solo en 56 Interpol ofrece detalles de los países que solicitaron el auxilio de los 194 que integran la organización, así como de los delitos que imputan a cada uno.

En los siete casos restantes no hizo pública la información ni exhibió su fotografía, pero de acuerdo con funcionarios del gobierno federal esos mexicanos son el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, involucrados en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

Lo mismo ocurre con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario José Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, y el ex jefe de la Policía Judicial de la citada entidad Adolfo Karam Beltrán, contra quienes hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, delito que es grave y no prescribe, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acusaciones

En el caso de César Duarte, de quien se cree está en Estados Unidos, México lo busca por peculado agravado y peculado, delito previsto y sancionado en el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la hipótesis relativa al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político; y fracción V, del mismo ordenamiento legal, en la hipótesis relativa al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero para apoyar a un partido político.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien desde 1985 ha logrado evadir su entrega a EU por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, es requerido parar se juzgado por crímenes violentos en ayuda del crimen organizado (cuatro cargos), conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado y para secuestrar a un agente federal, plagio de un agente federal y asesinato grave de un agente federal.

Mientras que el sacerdote Eduardo Córdova es buscado por privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo, y violación equiparada.