México.- El repunte de México de casi 40 unidades en el Barómetro Global de la Corrupción 2019 para América Latina debe leerse como una muestra de confianza de la gente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero para mantener dicho aval ciudadano, es necesario que la Secretaría de la Función Pública (SFP) haga un buen trabajo en la lucha contra los actos deshonestos y "vaya por más" de lo que ha logrado hasta ahora.

Así lo afirmó la titular de dicha dependencia, Irma Eréndira Sandoval, quien destacó que la mejoría del país en la percepción ciudadana sobre el combate contra la corrupción es un "salto histórico" basado en datos objetivos, que no fueron recabados por una organización que tenga afinidad ideológica con el gobierno de la llamada cuarta transformación.

Sandoval analizó cuáles son los elementos que incidieron en el alza de México en la mencionada lista –elaborada por Transparencia Internacional (TI)–, pero también se refirió a temas como la investigación de la SFP en los casos de Manuel Bartlett y Rosario Robles y las declaraciones de inexistencia de información en el actual gobierno.

“Me parece excepcional el salto olímpico de México al subir casi 40 puntos, de 24 por ciento (de los ciudadanos que aprobaban la lucha anticorrupción en el gobierno pasado) a 61 por ciento (en el actual), pero es más pronunciado si lo comparamos con 2006, que estaba en 9 por ciento. Ningún país antes había experimentado una subida histórica tan impactante y esos no son cifras de la "4T", de la Función Pública o de aliados ideológicos, y eso es muy importante. Son datos objetivos y tengo fuentes que me confirman que las personas de TI no daban crédito porque no veían a México como un análisis importante, pero ahora es el epítome de que en verdad se puede hacer un cambio así”, afirmó la funcionaria.

Agregó que “lo que tenemos que hacer es ir por más y eso lo vamos a lograr retribuyendo esa confianza ciudadana con mejores auditorías. Vamos a concluir con mucha fuerza en diciembre en términos de vigilancia, auditoría y asignación de responsabilidades. Tenemos todos los procesos de inhabilitaciones, destituciones, sanciones económicas, suspensiones del ejercicio público de funcionarios que delinquieron o actuaron mal. Por nosotros no va a quedar en términos de fiscalizar y combatir la impunidad”.