Chilpancingo, Guerrero.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano (Sedatu), pagó 18 millones 302 mil 51.40 pesos a dos empresas adquirió diez terrenos de manera irregular en el estado.

Los terrenos fueron comprados a las inmobiliarias Bracsa S.A. de C.V. y Patrimonio de Guerrero S.A. de C.V., de acuerdo con una relación de contrataciones, como parte de la ampliación a una solicitud de información pública que se interpuso ante la Sedatu.

Dichos terrenos son parte de los 22 destinados a construir unidades habitaciones para los damnificados afectados por las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, y en los que la dependencia federal incurrió en irregularidades de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En febrero, la ASF informó que la Sedatu incurrió en irregularidades al comprar 22 terrenos con un posible daño a la hacienda pública por 23 millones 765 mil 228 pesos.

En la relación de contratos proporcionada por la directora de la Unidad de Enlace de la Sedatu, María San Luis Juan se indica que la Sedatu adjudicó las empresas 18 millones 302 mil 51.40 peso sin licitaciones de por medio.

A la desarrolladora Patrimonio de Guerrero S.A. de C.V. le fueron adjudicados cinco contratos por un monto total de siete millones 683 mil 711 pesos, refiere el anexo Compra de Terrenos.

Asimismo a la inmobiliaria Bracsa S.A. de C.V. la Sedatu firmó cinco contratos de compra y venta por 10 millones 618 mil 340.40 pesos.

La firma de los 10 contratos se celebró el 7 de mayo del año 2014.

Bracsa S.A. de C.V. es la desarrolladora que estuvo a cargo de la construcción de Casas Palenque, ubicada en la zona poniente del puerto de Acapulco.

En 2014, año en que el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados detectó las irregularidades, la Sedatu adjudicó un total de  92 millones 531 mil 403.83 para la adquirir predios en diferentes partes del estado.

El pasado 22 de febrero Bajo Palabra consignó que las empresas a las que la Delegación en Guerrero de la Sedatu - en ese entonces dirigida por el actual presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón - no comprobaron ser propietarias de los predios que vendieron al Gobierno Federal.

Así lo indica en su informe la ASF:

“Cabe señalar que no se proporcionaron las escrituras públicas de los terrenos adquiridos, ni tampoco las cesiones de dominio, los poderes notariales que acrediten a los representantes legales de las empresas vendedoras y a las personas a quienes se les realizó la transferencia bancaria; asimismo, no se demostró́ cómo se verificó la validez de las empresas vendedoras como propietarias de los terrenos en el Registro Público de la Propiedad”.