Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y Municipal del PRD calificaron como irresponsables las declaraciones del Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, quien dijo que la comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, es culpable de los delitos que se le imputan, pero que podría salir libre por cuestiones políticas.

En conferencia de prensa esta mañana en Chilpancingo, la secretaria de Derechos Humanos del CEE del PRD, Yenedit Barrientos Santiago, consideró que las declaraciones emitidas por el Fiscal del Estado se pueden interpretar como una amenaza hacia Nestora Salgado, en el sentido de que una vez que sea puesta en libertad, podrá ser detenida nuevamente.

“El fiscal dice muy puntual que la salida de ella será por cuestiones políticas, y no que por realmente sea inocente, y queremos comentar que muchos de los cargos que tiene Nestora, incluso de la Fiscalía, tienen a ese proceso de elección, sin abundar más en el tema”, dijo.

Recordó que quienes deberán emitir un juicio sobre la situación jurídica de Nestora Salgado serán los tribunales en la fecha establecida, que será el próximo lunes, y el Fiscal “no puede anticipar, decir: ‘efectivamente sí va a salir, y después, creo que siempre no, y si a mí me preguntaran yo diría que no tiene por qué tiene que salir libre’, pero no es una cuestión de persona, se lo debemos dejar a las autoridades, y que él se abstenga de hacer ese tipo de comentarios”

En ese sentido llamó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, para que esté pendiente del proceso jurídico que enfrenta Salgado, a fin de que no se vuelvan a violentar sus derechos.

Mientras tanto, el secretario de Organización, Pánfilo Sánchez Almazán, añadió que el Estado mexicano se ha enfocado en criminalizar los movimientos sociales, y ejemplificó los casos de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, y nueve integrantes de la policía comunitaria de la localidad de El Rincón de Chautla, que fueron detenidos antier, y trasladados a la cárcel de Chilapa. Recordó que la Ley 701 permite la organización de pueblos originarios en el estado, y bajo es Ley está permitido el actuar de las policías comunitarias.

En otro tema, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Chilpancingo, Asunción Martínez Ortiz, insistió en el tema del agua entubada en la capital, cuyo servicio dijo, tiene que ser regularizado para garantizar el suministro. Acusó que con cada administración priista que llega al ayuntamiento se promete la resolución del problema del agua, pero a la fecha no se ha cumplido.

De acuerdo con estimaciones que presentó para la temporada de estiaje, 45 por ciento de la población en Chilpancingo no tendrá servicio de agua en sus casas, y tendrá que abastecerse comprándola a las compañías que explotan pozos de agua y la reparten a través de pipas; sin embargo, afirmó que su calidad para consumo humano es dudosa, lo que representan un “problema fuerte”.