Hijo del ex gobernador Javier Olea Múñoz, Olea Peláez defendió lo mismo a Raúl Salinas de Gortari cuando fue acusado de mandar matar a José Francisco Ruiz Massieu, que a Willy Reyes, ex alcalde prófugo de Tlapa señalado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva en 2011
Javier Olea Peláez llegó como un hombre de hierro a la administración priista de Héctor Astudillo Flores: fue nombrado, a pesar de sus señalamientos, fiscal General del Estado por un Congreso que en su mayoría honró su trayectoria apegada al PRI, de corrupción, conflicto de intereses y litigios mediáticos.
El martes 8 de diciembre la suerte estaba echada. La corriente parecía remar en su contra por su polémica trayectoria, pero en la terna que envió el gobernador Astudillo al Congreso, su nombre estaba en la lista. El hombre de 63 años, hijo del efímero recién fallecido ex gobernador del estado, Javier Olea Muñoz y quien ha vivido sus últimos 40 años fuera de estado quedó palomeado.
Acompañado de unas seis personas Olea llegó a la sala José Francisco Ruiz Massieu, el malogrado ex gobernador priista de Guerrero al que también sirvió como subprocurador general de justicia para asuntos especiales de la entonces Procuraduría General del Estado. Allí envalentonado mencionó que tiene “huevos” para estar al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto fue ya el 10 de diciembre cuando comparecieron los tres aspirantes, él, después Rogelio Parra Silva y Héctor Salvador Calleja Paniagua. Los integrantes de la Comisión de Gobierno entraron al recinto tarde, después de las 10:00 de la mañana, y quedaron colocados en L. Olea en la fila más larga de esa letra.
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La únicas voces críticas de esa sala eran la del diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, secundado por María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena. Olea comenzó con su exposición que en más de seis ocasiones hizo referencia a regresar el orden y la paz para Guerrero, lema de campaña de Astudillo.
“Orden, paz y seguridad jurídica… No hay presupuesto propio… Orden, trabajo eficiente… orden y paz para el estado, abolir de tajo las lamentables violaciones a derechos humanos… Orden y paz para Guerrero”, eran de las líneas que se unían en referencia a la paz de Guerrero, en el plan de trabajo del abogado penalista.
“Si esta Cámara en Pleno me designa como fiscal General del Estado, no tendrá cabida la impunidad, ni la consigna y mucho menos los amiguismos y los compadrazgos”, dijo acaso fingiendo que su futuro nombramiento saldría de estas rémoras. Reiteró “no tengo compromisos con nadie, mi compromiso es poner orden y alcanzar la paz que tanto necesita Guerrero”, mencionó con su guayabera blanca impecable y el ceño fruncido.
La misma Cámara que el viernes 11 de diciembre lo designó, con 36 votos de diputados del PRI, PRD, PVEM y PAN, por seis años improrrogables en la titularidad de la Fiscalía General del Estado. No quedó duda del respaldó del PRI cuando la comisión que lo llevó ante el pleno para que tomara protesta estaba integrado por priistas afines, entre ellos un sonriente Héctor Vicario Castrejón, representante del priismo más rancio en el estado.
Mientras que Mejía Berdeja y su compañero de bancada, Silvano Blanco Deaquino, que también eran parte de la comisión prefirieron marcharse.
—¡Me voy, no quiero que me roben la cartera! —dijo Mejía.
—¡Ahí se quedan con su fiesta! —completó Blanco.
La decisión pasó encima de cualquier señalamiento. Los 20 diputados del PRI, ocho del PRD, los cinco del PVEM, dos del PT y el único del PAN, votaron a favor de Xavier Olea, quien sumó los 36 votos. La votación fue por cédula secreta contraviniendo la ley orgánica del Congreso que sólo permite esa ruta cuando se elige a magistrados.
Así, el defensor de Raúl Salinas de Gortari y el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno, de Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini, ex funcionarios panistas presos en Brasil por manosear a una mujer y golpear a su acompañante; del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes, acusado de asesinar al diputado federal Moisés Villanueva, llegó con fuerza.
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Xavier Olea es un personaje poco conocido en Guerrero. Aunque nació en este estado, su posición económica familiar desde niño le permitió tener oportunidades fuera. Desde la primaria hasta la preparatoria asistió a colegios privados, estudió Derecho en la UNAM y una maestría en Cambridge, Inglaterra.
Su preparación no es lo que más llama la atención. ¿Es verdad que Olea se regirá por amiguismos y compadrazgos aunque diga que no?, ¿Qué tiene de conflicto de intereses su firma de abogados Olea y Olea y estar al mismo tiempo al frente de una Fiscalía?, ¿Qué tiene que sea amigo de Manuel Añorve, del equipo político de Manlio Fabio Beltrones?, ¿Será una cuota política de las tribus del PRI?
Esos señalamientos además de que hacerlos MC, los pregonó de alguna forma el mismo Sebastián de la Rosa Peláez, de la bancada del PRD, que al final no votó por Olea, y que el penalista esquivó con astucia y respondió los que quizo ante reporteros y a los propios diputados.
Su currículum puede corroborar casi todas las observaciones: el recién nombrado fiscal admitió ser secretario de Asuntos Internacionales del Movimiento Juvenil Revolucionario del PRI, secretario auxiliar del secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, secretario particular del subsecretario de cultura en el PRI, asesor jurídico externo del presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve, asesor externo para asuntos especiales del procurador general de justicia del Distrito Federal, Diego Valadez, también priista.
Otros aspectos destacados de su currículum son: que defendió a Juan Rafael Moro Ávila Camacho, asesino del periodista Manuel Buendía, o del dueño del crematorio del Pacífico de Acapulco, Guillermo Estúa Zardain, donde se encontraron 60 cadáveres abandonados; y sobre todo una averiguación previa: la DGI-204/2013, que lo involucra en el caso de José Manuel Saiz, tesorero de Tabasco que cometió un multimillonario desfalco al erario.
En esa averiguación se involucra también a sus hijos Javier Olea Trueheart y Alejandro Olea Trueheart , luego de que asumieran la defensa del ex tesorero del ex gobernador Andrés Granier de Tabasco. “Han llevado conductas posiblemente constitutivas de delitos en relación a la alteración a actas protocolizadas (por notarios públicos)”, se menciona en la averiguación.
Olea siguió sin problemas su carrera y su despacho. El día de su comparecencia fue señalado por Mejía Berdeja, quien le cambió el humor porque cuando proponía reformar los “ministerios públicos, porque los que hay son unos haraganes” el tono del jurista era desafiante. No obstante, Mejía tampoco bajó el tono de sus cuestionamientos acerca de su pasado allegado al PRI y sus litigios en favor de priistas encumbrados en contra del Estado.
En su currículum se lee claro y confirma que ha tenido una trayectoria en defensa de priistas y sus experiencias como funcionario han sido dentro de este partido: “Miembro de la defensa del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, defensor de la señora Hilda Denneken (pareja del fallecido hermano del ex presidente Salinas, Enrique Salinas de Gortari)”.
Durante el proceso de comparecencias Olea negó en todo momento ser una cuota del también ex diputado federal, Manuel Añorve Baños, mucho menos tener el aval del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pero no negó “que con Manuel tenemos una amistad desde niños”, aunque aseguró que su cargo estaría desapegado a ese tipo de condiciones.
El día de su comparecencia, a pesar de estar en negritas en su currículum, Olea negó formar parte de la defensa de Raúl Salinas de Gortari, que en marzo de 1995 fue encarcelado por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito, y liberado en 2013, una vez en la Presidencia Enrique Peña Nieto.
En su descargo, Olea dijo en la sala que lleva el nombre del ex gobernador asesinado, que eran amigos y que se negó a asumir la defensa de Raúl Salinas. Que sólo defendió a su esposa, Paulina Castañón.
De los cargos por los que el gobierno de Tabasco investigaba a Olea y a sus hijos se cayeron cuando Sainz fue absuelto. De Willy Reyes dijo que desde hace dos años no lo defiende, pero que sí hay un auto de formal prisión en su contra él lo ejecutará. De ser parte, pasará a ser juez.
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Para diputados como Ricardo Mejía —quien le dedicó el 8 de diciembre un artículo periodístico a Xavier Olea: “Olea de fiscal: la iglesia en manos de Lutero”— su designación representa el primer gran pasivo para el gobierno de Astudillo Flores. Representa la sumisión descarada del poder Legislativo a los deseos del Ejecutivo y un monstruo que manejará la FGE como un ente que abarca más Secretarías, como la de Seguridad Pública, por ejemplo. Y sin duda el tema que más ha polarizado a esta legislatura.
“Es un personaje que lejos de encarnar el perfil de un fiscal comprometido con el interés público y la representación social representa conflicto de intereses, tráfico de influencias, ejercicio inescrupuloso de la abogacía, sobornos, mala fama pública y falta de ética”, escribió Mejía Berdeja.
Y describe algunos rasgos de la personalidad de Olea: “cínico, una persona que muestra en su currículum una cara que defiende con otros argumentos, con una visión de ‘regular (la escuela normal de) Ayotzinapa’, cuando el ámbito de funciones de la FGE no abarca modificar el esquema de ese internado de donde son los 43 desaparecidos”.
“Soberbio, autoritario e intolerante”, acotó Mejía, características que también le pondría María de Jesús Cisneros, la diputada de Morena. Un hombre del sistema, con un corazón priista completamente definido y que mostró en su exposición un total desconocimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entrará en vigor el año próximo, son otras de las características que le señalan.
Aunque Javier Olea no necesita que lo señalen, porque solo sustenta esas características: cuando defendía a Willy Reyes vino en varias ocasiones al estado, en una de esas en octubre de 2013, cuando estaba aún al frente de la FGE Alberto López Rosas, lo llamó “ignorante del derecho constitucional”.
La mañana que Olea acompañó a Reyes Ramos a comparecer ante la entonces Procuraduría informó que López no accedió a reunirse con la firma de abogados que encabeza, porque éste sabe que no cuenta con la “dialéctica y conocimientos jurídicos que nosotros manejamos”.
Enojado, declaró a los reporteros que López Rosas era un fiscal poco preparado que “en su vida ha resuelto casos de esa índole (casos de homicidio) por su supina ignorancia”, a lo que días después el procurador contestó: “a ese señor le gusta el show en medios, pero no tenía porqué reunirme personalmente con él, el de Willy es un caso de importancia como todos los que hay en esta Procuraduría”.
Olea está acostumbrado a descalificar, enfatiza Mejía; incluso a amenazar porque según destacó el día en el que fue nombrado fiscal general del estado, le dijeron que se anduviera con cuidado con él.
Tanto a Mejía como a María de Jesús les preocupa que haya tocado en su plan de trabajo otras áreas, y que tenga una consigna de no tolerar las protestas de la sociedad. Ese nulo acercamiento que tiene el penalista con las organizaciones y su cercanía, ser ex colaborador de ex gobernadores como René Juárez Cisneros, y estar tan apegado a los priistas, no ayudará en nada.
“Javier Olea, representa un grave peligro para la gobernabilidad del estado”, opinó Mejía. Opinión que contrasta con la de Flor Añorve, Héctor Vicario, Carlos Reyes Torres, Iván Pachuca, estos últimos del PRD y PAN quienes opinaron que sería una buena oportunidad para la procuración de justicia en el estado.
En su primer día Olea, como para hacer muestra de su humildad, recorrió las instalaciones de la FGE, pero no le generó ninguna sorpresa lo que encontró, porque fue tal cual se lo imaginó, según declaró: “las oficinas y la institución las encontré como sabía que las iba a encontrar: dramáticas, destruidas, no existe la institución”, la que dijo reconstruirá con el apoyo de los funcionarios de la Fiscalía, a la que le sigue llamando Procuraduría.
A ver si es cierto. Tendrá seis años para revertir los indicadores: según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el Centro Nacional de Gobierno y Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, desde 2013 en Guerrero están cuatro de los 10 municipios con más incidencia de homicidios en el país, empezando por Acapulco, le siguen Iguala, Ciudad Altamirano y Chilpancingo; tendrá que ordenar rezagos como el déficit de empleados, o depurar por completo la Policía Ministerial, una corporación señalada por sus vínculos con la delincuencia organizada.
