La sentencia no modifica la investigación del caso Iguala, sólo deja claro que no se realizó una pesquisa exhaustiva contra los servidores públicos.
Por Redacción, 2019-01-13 16:16
México.- Un juez federal ordenó a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República emitir un nuevo pronunciamiento respecto si existe responsabilidad “penal” contra funcionarios que participaron en las diligencias que se realizaron en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 y 29 de octubre de 2014.
Martín Adolfo Santos Pérez, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, dejó sin efecto el acuerdo dictado por la visitaduría en diciembre de 2016, donde determinó que siete servidores públicos, entre ellos, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sólo incurrieron en faltas administrativas durante la investigación del Caso Iguala.
La sentencia no modifica la investigación del caso Iguala, sólo deja claro que la Visitaduría no realizó una pesquisa exhaustiva contra los servidores públicos.
Ante esta situación, la PGR interpuso un recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado, quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgador.
En el juicio de amparo 195/2017, el juez reconoció el interés jurídico de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
En el expediente se menciona que el director de área adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos en la Visitaduría General no realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de:
“La probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares por parte del director en jefe de la AIC por haber realizado actos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del Ministerio Público en virtud de legítimo mandamiento.
“El análisis de los dictámenes de integridad física de Agustín García Reyes, El Chereje, (presunto sicario de Guerreros Unidos, señalado como asesino de los normalistas y quien fue liberado en octubre pasado bajo reservas de ley) en relación con actos relacionados con tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El juez mencionó que también se cometieron irregularidades por la falta de integración al expediente de todo el acervo probatorio, específicamente el material fotográfico y de video; la falta de constancia legal de que se haya ordenado el resguardo de la zona del Río San Juan cuando terminaron los trabajos; la ausencia de informe sobre la intervención policial en el Río San Juan.
Asimismo, la inexistencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video dado a conocer por la AIC; videos editados por parte de la AIC.
De igual manera, sugerir que personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presenció las diligencias en el río San Juan. Así como la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas desarrolladas acorde a su gravedad y la consecuencia vista a la autoridad correspondiente.
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“(…) como se puntualizó, y tras el estudio de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable no realizó un estudio exhaustivo de la totalidad de las probables conductas irregulares atribuidas a diversos servidores públicos, lo que es de singular importancia, porque con ello viola el derecho a la tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 constitucional en perjuicio de los quejosos.
“Con lo anterior, se advierte la falta de exhaustividad y congruencia con que la responsable (Visitaduría) emitió la resolución combatida, en virtud que no realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de la totalidad de las conductas consideradas irregulares así como el otorgar las vistas en materia administrativa y penal correspondiente ante las autoridades competentes; circunstancia que violenta el derecho de los quejosos a una administración de justicia completa”, detalla la sentencia del juez.
El 5 de diciembre de 2016, la Visitaduría General de la PGR emitió su acuerdo. Posteriormente, el 9 de febrero de 2017, la Visitaduría dio a conocer que no encontró elementos que sustenten que Zerón u otros funcionarios sembrarán evidencia en el Río San Juan, donde fue localizada una bolsa de plástico con restos óseos calcinados, uno de los cuales corresponde al estudiante Alexander Mora Venancio.
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever, durante su segundo informe de labores, que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.
Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y a El Chereje, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el tiradero municipal de Cocula, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
El presidente sostuvo que “estamos vendiendo más combustible que antes, porque se está abasteciendo también lo que era el mercado negro”.
Por Redacción, 2019-01-16 12:44
México.- El combate al robo de combustibles permitió que Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementara la venta de gasolina a las estaciones de servicio, pues aquellas que se surtían del huachicol ahora sólo pueden comprar directamente a la paraestatal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue la Ciudad de México donde la venta de gasolina se triplicó, de acuerdo con datos de Pemex.
“Estamos vendiendo más combustible que antes, porque se está abasteciendo también lo que era el mercado negro. Como ya no pueden robarse lo que se estaban robando, ahora Pemex está facturando más, aunque parezca increíble esto que les estoy planteando”, afirmó López Obrador.
En rueda de prensa, el presidente advirtió que esto ha provocado un desajuste en el abasto, pues en los hechos se está vendiendo más gasolina que antes de que el gobierno decidiera entablar su lucha contra el robo de combustibles.
“Estamos enfrentando todo el mercado negro, y por eso este desajuste en el abasto”, dijo.
El director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que el incremento de venta de gasolina es de 7.9 millones de litros registrada entre el 7 y el 14 de enero.
“Ha habido incremento en la venta en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México. En el resto del país más o menos hemos llevado el promedio de ventas anterior y a nivel nacional se observa un repunte en las ventas”, dijo Romero en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
En la Ciudad de México, explicó, se pasó de vender 4.3 millones de litros a 13.4 millones en ese periodo, es decir, se triplicó. En Jalisco se pasó de 8.2 millones a 9.2; y en Estado de México de 8.9 a 9.2, puntualizó el titular de Pemex.
En las restantes 29 entidades del país, el consumo tuvo un decremento de 2.4 millones de litros de gasolina vendida.
De acuerdo con los datos presentados por Oropeza, a nivel nacional, se pasó de vender 119.1 millones de litros vendidos a 127 millones de litros.
En septiembre de 2018, la percepción de inseguridad fue de 74.9 por ciento, es decir, disminuyó 1.2 puntos porcentuales.
Por Redacción, 2019-01-16 12:22
México.- En el primer mes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la percepción de inseguridad bajó con respecto a septiembre de 2018 y a diciembre de 2017, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.
De acuerdo con los resultados de esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para diciembre de 2018, 73.7 por ciento de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que en el mismo mes pero de 2017, esa percepción fue de 75.9 por ciento, lo que representa una baja de 2.2 puntos porcentuales.
En septiembre de 2018, la percepción de inseguridad fue de 74.9 por ciento, es decir, disminuyó 1.2 puntos porcentuales.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Reynosa, Tamaulipas con 96 por ciento; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero con 93.8; Puebla de Zaragoza y Coatzacoalcos, Veracruz; y Ecatepec de Morelos, Estado de México con 93.4
En contraste, se encuentran San Pedro Garza García, Nuevo León con 23.1 por ciento; Mérida, Yucatán con 28.8; Saltillo, Coahuila con 30.5; Puerto Vallarta, Jalisco con 38.7; Durango con 39.5; y Los Cabos, Baja California Sur con 42.3.
La población calificó como “muy o algo efectivo” el desempeño de las corporaciones encargadas de prevenir y combatir la delincuencia como la Secretaría de Marina con el 85.1 por ciento; la Secretaría de la Defensa Nacional con 82.6; la Gendarmería Nacional con 68.9; la Policía Federal con 63.3; la Policía Estatal con 47.9; y a la Policía Preventiva Municipal con 39.4 por ciento.
De acuerdo con la encuesta, el 83.4 por ciento de la población se dijo inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 75.3 en el transporte público, el 70.7 en el banco y el 67.8 en las calles que habitualmente usa.
Además, el 83.8 por ciento de la población de 18 años o más manifestó como uno de los problemas más importantes en su ciudad la existencia de baches en calles y avenidas; el 67.8 la delincuencia como robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros; y el 67.2 consideró el insuficiente el alumbrado público.
El presidente afirmó que la nueva caravana migrante que cruzará el país rumbo a Estados Unidos será recibida con respeto y acompañamiento.
Por Redacción, 2019-01-16 12:15
México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la nueva caravana migrante que cruzará el país rumbo a Estados Unidos será recibida con respeto y acompañamiento para garantizar que no haya violaciones a sus derechos humanos.
En su mensaje a medios matutino reiteró que este seguimiento está a cargo de la Secretaría de Gobernación y que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, es el responsable de que no se repitan hechos violentos como sucedió en las caravanas del año pasado.
“Estamos dándole seguimiento, se está trabajando desde antes que se constituyera esta caravana para que hay un seguimiento por parte de la dirección de Migración y la Secretaría de Gobernación; y hacer lo que corresponde, buscar la manera de darles opciones en su lugar de origen”, comentó.
El mandatario dijo que el plan de este gobierno es que “una vez que introducen a nuestro territorio garantizarles seguridad” y agregó que se trabaja para que el ingreso de los centroamericanos a México sea ordenado “en el caso en que los gobiernos de Centroamérica no hagan la labor de convencerlos y de ofrecerles oportunidades”.
Reiteró que su propuesta es que Estados Unidos y Canadá inviertan en programas productivos para México y los países centroamericanos, a fin de que las personas tengan oportunidades y una buena calidad de vida en sus lugares de origen.
