#Guerrero

Juez ordena al Cereso garantizar trato digno a presos del CECOP

Se quebrantaron sus derechos humanos consistentes en la restricción de la visita familiar, de sus abogados, y la falta de atención a la salud.

Por Redacción, 2018-04-08 18:05

Acapulco, Guerrero.- Tras cuatro días de desarrollo de audiencias de ejecución penal en las que se verificaron condiciones de internamiento de los 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) entre los que se encuentran sus dirigentes Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, una Juez de Ejecución resolvió respetar el derecho al trato digno, al agua y a condiciones adecuadas de internamiento de las personas privadas de la libertad desde el pasado mes de enero en el Centro Regional de Readaptación Social de Acapulco.

La primera audiencia se efectuó el 3 de abril con la presencia de 9 de las personas privados de la libertad, en la cual abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalaron ante la juez de ejecución Isis Peralta Salvador, violaciones a los derechos humanos consistentes en la restricción de la visita familiar y de sus abogados, la falta de atención a la salud, a la alimentación adecuada, la restricción a la comunicación con el mundo exterior y el aislamiento injustificado que sufren los hermanos Marco Antonio y Vicente.

Para el 4 de abril, segundo día de las audiencias, el Cerereso de Acapulco y las autoridades estatales interpusieron un recurso de nulidad argumentando que las alegaciones de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad no se habrían hecho conforme a la ley de la materia. Por su parte, la defensa manifestó que las violaciones denunciadas eran caso urgente pues muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida.

Por ejemplo, el caso de una persona adulta mayor con diabetes crónica, otros más que durante la detención fueron torturados y que por falta de tratamiento médico adecuado están perdiendo la vista como es la situación de los señores Asunción Santos Bailón y Juan Suástegui Valeriano de 70 y 85 años de edad respectivamente.

También el de los hermanos Vicente y Marco quienes desde el 10 de enero sin justificación alguna fueron sometidos a un aislamiento en una celda oscura de la que no les permiten salir a espacios abiertos al grado de que allí reciben sus alimentos y visitas. Por estas razones la defensa argumentó que era improcedente la nulidad y la juez estaba obligada a continuar las audiencias para verificar los casos urgentes que presentan los detenidos.

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Familiares de presos del CECOP

La juez Isis Peralta Salvador declaró improcedente la nulidad presentada por las autoridades y resolvió continuar con las audiencias para verificar los casos urgentes de afectaciones a la salud, la vida y la dignidad de los detenidos. Para la audiencia del 4, en consecuencia, resolvió que Marco Antonio Suástegui debe ser reubicado en una celda con condiciones dignas y tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad.

En la audiencia del día 5 el debate se centró en las condiciones de internamiento que viven 23 personas privadas de su libertad que se encuentran en otra área y que sufren hacinamiento, además de que no les proveen de agua para beber, a cuya audiencia acudieron ocho.

En ese sentido, la juez resolvió ordenar al Centro de Reinserción Social generar las condiciones de internamiento dignas para las personas privadas de su libertad, dotarles de suficiente agua para beber contando con un mecanismo de supervisión entre la defensa y el centro en relación al suministro de agua. Este viernes, último día de audiencias, con la presencia de otras ocho personas privadas de su libertad, la juez resolvió en el mismo sentido, una vez que escuchó participaciones de las personas privadas de su libertad que presentan los mismos problemas, cabe mencionar que esta última audiencia se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Cerereso y no en una sala de audiencias como ocurrió en las tres anteriores.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebra que en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal sea un juez de ejecución quien vigile y supervise los derechos de las personas privadas de su libertad así como las circunstancias de internamiento, infraestructura, salud y alimentación en los penales.

Los sistemas penitenciarios son una piedra angular en el Sistema de justicia, pero es el rubro donde se presentan graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La falta de respeto a los derechos y las leyes de parte de las autoridades, así como la concepción de un derecho penal de autor que ve en la persona privada de la libertad como enferma que requiere un tratamiento, tiene hoy en día en una situación de colapso a los penales.

Por ello, las resoluciones que los jueces de ejecución emitan a partir de casos concretos obligando a las autoridades a mejorar la infraestructura y respetar los derechos humanos, serán trascendentales para ir gestando cambios en esta asignatura.

Pero para este fin será menester que los jueces de ejecución mantengan su imparcialidad e independencia y no se arredren ante un ejecutivo y sistema penitenciario fortalecido y asociado con poderes fácticos.

Este tipo de audiencias cobran relevancia en la aplicación de la nueva ley de Ejecución Penal que enmarca el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, no interfiriendo ni teniendo valor alguno dentro del proceso que se les ha imputado a los 25 del CECOP, detenidos arbitrariamente el 7 de enero luego de un lamentable enfrentamiento ocurrido en la madrugada en el cual ocho personas perdieron la vida. Ese día, al iniciar la tarde, durante un operativo conjunto de policías estatales, ministeriales, federales y efectivos del Ejército habrían sido ejecutados extrajudicialmente por policías estatales tres integrantes del CECOP y policías comunitarios.

#Guerrero

Comisarios de Guerrero denuncian retraso de obras; toman la SAICA

Entre las principales demandas se encuentran la construcción de carreteras, la recarpetación de caminos y edificación de escuelas y centros de salud.

Por Alejandro Ortiz, 2018-12-18 17:24

Chilpancingo, Guerrero.- Comisarios y pobladores de varias localidades de Guerrero denunciaron el retraso de obras desde hace cuatro años y cerraron las oficinas de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), en Chilpancingo.

Minutos antes de las 12 del mediodía, un grupo de pobladores de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Acatepec, Eduardo Neri y Huitzuco tomaron la SAICA y pidieron la destitución de subtitular, Javier Rojas Benito.

 Comisarios de Guerrero denuncian retraso de obras; toman la SAICA

Los manifestantes denunciaron que desde el 2014 se han gestionado obras en comunidades indígenas, entre las principales demandas se encuentran la construcción de carreteras, la recarpetación de caminos y edificación de escuelas y centros de salud.

“Queremos una audiencia directamente con el gobernador, queremos que se atiendan nuestras demandas y que a las comunidades se les den médicos y escuelas porque no tenemos”, pidió Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena Popular de Guerrero.

Al lugar de la protesta llegaron agentes de gobernación y ofrecieron acercamiento con autoridades estatales, sin embargo al no garantizar un encuentro con el titular del Ejecutivo estatal decidieron continuar sus acciones de protesta.

 Comisarios de Guerrero denuncian retraso de obras; toman la SAICA

En varios automóviles, los manifestantes se trasladaron a la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo y dieron paso libre a los automovilistas.

Finalmente anunciaron que de no haber atención pronta, cientos de campesinos de Guerrero bloquearán la Autopista del Sol en Chilpancingo para ejercer presión.

#Acapulco

“Que policías desaparezcan personas es rutina en Acapulco”: diputados

Marco Antonio Caba y Moisés Reyes exigieron a Adela Román que certifique con eficiencia a sus policías para que respeten los derechos humanos.

Por Luis Jijón León, 2018-12-18 16:59

Chilpancingo, Guerrero.- El diputado del distrito 06 de Acapulco, Marco Antonio Cabada Arias, afirmó que la desaparición de personas por presuntos policías “es muy usual en Acapulco, este a lo mejor es el más sonado porque son tres”.

Aunque la alcaldesa está atendiendo el tema, agregó, hace falta una investigación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se adecuen los estándares que debe de cumplir la Policía Preventiva del puerto a través de la evaluación y acreditación, para tener la certeza que la Policía cuenta con las condiciones de estar en las calles, algo que no ha pasado desde hace muchas administraciones.

“Es muy lamentable y nosotros debemos de ponernos de lado de la sociedad. Es un asunto que es muy usual en Acapulco (la desaparición de personas por supuestos policías) no es el primer caso, a lo mejor el más sonado porque son tres, es un asunto que se tiene que revisar”, dijo.

El diputado solicitó a la alcaldesa actuar lo más pronto posible y remitir al Congreso junto con su secretario de Seguridad Pública la información sobre el tema.

“No es posible que siga actuando de la misma forma y sigamos teniendo los mismos problemas. La policía de Acapulco debe actuar como una policía certifica al 100 por ciento y ese sentido no tendríamos ningún problema”.

Cabada Arias pidió a la alcaldesa ponerse a trabajar de manera inmediata en la evaluación y certificación de los policías, solicitó también agilizar las investigaciones en el caso de los jóvenes desaparecidos.

El primer paso en el caso es la declaración ante la Agencia del Ministerio Público, lo cual hicieron ayer, y será el Consejo de Honor y Justicia quienes determinarán si los separan del cargo, dijo el diputado.

El diputado del distrito 07, también del puerto, Moisés Reyes Sandoval se solidarizó con la familia de los jóvenes desaparecidos y pidió esperar a las investigaciones.

Recordó que en el Sistema Penal Acusatorio existe la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, y los policías tienen derecho a defenderse, las víctimas y la agencia del Ministerio Público presentarán sus argumentos, y adelantó que será un proceso largo.

Se pronunció a favor de la depuración de los policías, pero con apego a los derechos humanos y laborales, porque en algunas ocasiones agentes honorables con premios internacionales han reprobado los exámenes de control y confianza, y policías que tienen incluso carpetas de investigación han pasado los exámenes.

“Hay que mejorar nuestros métodos de control y confianza, una vez que estos métodos de control y confianza sean garantes que se respeten los derechos humanos fortalecer estos procesos”, dijo.

#Acapulco

“Adela debe responsabilizarse de la seguridad en Acapulco”: Mariana García

La diputada señaló, ante la desaparición de jóvenes a manos de policías, que “gobiernos pasan, gobiernos llegan y son las respuestas de siempre, que no les corresponde, que no es su esfera de competencia”.

Por Luis Jijón León, 2018-12-18 16:39

Chilpancingo, Guerrero.- La diputada local de Morena, Mariana García Guillén, exigió a las autoridades agilizar las investigaciones en la desaparición de tres jóvenes por supuestos policías preventivos de Acapulco y solicitó a la alcaldesa, Adela Román Ocampo, “mano dura” para realizar la certificación de los policías y asumir su responsabilidad en materia de seguridad.

Ayer, cinco policías municipales acudieron a declarar a la Agencia del Ministerio Público por el caso de los tres jóvenes que fueron presuntamente levantados en la cancha de la CROM el pasado 5 de diciembre, y uno de ellos fue hallado muerto al día siguiente y dos siguen desaparecidos.

En entrevista en el Congreso local previo a la sesión de este martes, la diputada Mariana García Guillén dijo que hay una “presunción de culpabilidad” de los policías y hasta que no se concluyan las investigaciones del caso los policías deben separarse del cargo, y la alcaldesa Adela Román Ocampo debe tener mano dura y acreditar a la corporación antes de sacarlos a la calle.

“Pareciera que cada vez nos sorprende menos este tipo de situaciones, se habla de que los cuerpos policiales están coludidos con el crimen organizado, es algo que públicamente se ha denunciado, que organizaciones sociales y activistas están luchando a favor de erradicar esta situación que se ha generado en los cuerpos policíacos”, afirmó.

García Guillén aseveró que no hay confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policíacas y “el gran problema” es que todo se le asigna a la Fiscalía General del Estado para que los resuelva “y la fiscalía nos sale con los mismos postulados: que forman parte del crimen organizado, que estaban coludidos, que estaban dentro de un grupo criminal”.

La morenista reconoció que existe una crisis de seguridad y de derechos humanos en la entidad y si la violencia continúa en el puerto de Acapulco “el bono democrático con el que llagó Morena (a la alcaldía) se irá desdibujando”.

Pidió a las autoridades asumir su responsabilidad, “gobiernos pasan, gobiernos llegan y son las respuestas de siempre: que no les corresponde (la violencia), que no es su esfera de competencia y que le corresponde solo a la federación y nos lavamos las manos desde lo municipal y desde lo estatal”.