Se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso. No se colmaron los extremos para pedir prisión preventiva, señala.
Por Redacción, 2019-08-13 21:49
México.– Julio Hernández Barros, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, afirmó que el Poder Judicial sepultó al nuevo sistema de justicia penal al dictar prisión preventiva a su clienta violentando las formalidades esenciales del procedimiento con base a razonamientos absurdos y viciados.
«El juez, haciendo unos razonamientos poco apegados a derecho, francamente viciados y sin ningún fundamento, determina prisión preventiva justificada atendiendo que no tiene arraigo en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México», indicó.
Afirmó que el Poder Judicial violentó la garantía de presunción de inocente, que es una garantía de derechos humanos que consagra la Constitución, dado que el debido proceso fue lastimado y los requisitos de prisión preventiva no fueron justificados al extremo.
Entrevistado al salir de la cárcel femenil, donde fue recluida la exfuncionaria federal, el abogado arremetió contra el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, al señalar que «mató a la justicia» al negarle a su cliente el derecho de llevar su proceso en libertad, con lo argumentos que expuso al dictarle la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no es grave.
Indicó que por la forma arbitraria, basada en razonamientos oficiosos es que los acusados “huyen, porque cómo van a enfrentar la justicia si no hay la seguridad de que van a enfrentar un juicio justo en dónde se cumplan las formalidades del procedimiento y en dónde se respeten sus derechos humanos”.
«Esto es la tumba del nuevo sistema de justicia penal», acusó.
Insistió en que la exfuncionaria federal es una «presa política de una parte del gobierno federal y del Poder Judicial qué es el que la mantiene aquí (en la cárcel)».
Manifestó que aún no determinan la estrategia legal para echar abajo la vinculación a proceso, pero dijo que el objetivo de la estrategia es que «antes de que se termine el plazo de dos meses para la investigación complementaria, podamos tenerla afuera».
La diputada federal Dulce María Sauri (PRI) dijo que se requiere de cambio de juzgado en el caso de Rosario Robles Berlanga, pues quien ordenó la prisión justificada, en los hechos, tomó partido en su contra.
La expresidenta del PRI, entrevistada en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Dulce María Sauri señaló que el juez se asumió como un colaborador del Ministerio Público. «Se ve que quiere quedar bien», dijo la diputada federal.
La prisión preventiva justificada fue dictada «con argumentos insostenibles», y además instruye a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar a otras personas».
Defendió al exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, por su rectitud y porque es un digno servidor público.
Con todo, es tortuoso el manejo de la entrega recepción, como se ha señalado en el caso de Robles y Meade.
La ex gobernadora de Yucatán dijo que Rosario Robles es una persona resiliente, que ha sabido salir de lo difícil y complicado, y va a defender que es inocente, con toda energía, remarcó.
Al pronunciarse por cambio de juzgado del caso, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal debe dirigirle un extrañamiento al juez.
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El último en caer en el alcoholímetro fue Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón.
Por Redacción, 2019-08-20 21:40
México.- La renuncia de Santiago Irusteta Gallego, sobrino del expresidente Felipe Calderón como analista en el Instituto de Investigación Legislativo, en el Congreso de Guanajuato, luego de presuntamente haber sido detenido la madrugada del pasado sábado en un operativo del alcoholímetro, por conducir un vehículo oficial en supuesto estado de ebriedad, revive el recuerdo de todos aquellos políticos que han caído en el “torito”. En la lista hay dirigentes, legisladores y excandidatos.
Jorge Emilio González, “el Niño Verde”, fue uno de los políticos que cayeron en el “torito”. La madrugada del 17 de febrero de 2013, fue detenido en un retén en el entonces Distrito Federal, por policías capitalinos; se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pese a que se le detectó aliento etílico, hecho por el que fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas.
Tras tramitar un amparo, el entonces senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quedó libre. Tiempo después propuso que el programa se extendiera en todo el país.
En el 2012, el dirigente PAN, Manuel Espino Barrientos, fue remitido debido a que registró 0.50 grados de alcohol en la sangre cuando conducía un automóvil, marca Nissan Maxima, modelo 2011, siendo que el máximo permitido es de 0.40 grados.
El secretario de Hacienda de los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, además de competir con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la Jefatura de Gobierno, Jesús Silva-Herzog Flores, fue otro de los que no se salvaron del torito, al ser remitido tras alcanzar 0.44 grados de alcohol.
Quien fuera diputado del PRI en el 2011, Andrés Aguirre Romero, fue detenido al conducir su BMW en las calles de Polanco registrando 0.43 grados de alcohol en la sangre.
Desde el 2003 se puso en marcha el programa “Conduce sin alcohol”, conocido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el objetivo prevenir que los automovilistas conduzcan en estado de ebriedad, y provoquen accidentes viales. En el se aplica la prueba de alcoholemia en retenes. La prueba consiste en soplar por algunos segundos las boquillas desechables que miden el nivel de alcohol en la sangre del conductor. De superar el límite establecido, la sanción es cumplir entre 20 y 36 horas en una celda del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como el Torito.
El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso.
Por Redacción, 2019-08-20 21:18
México.- El seguro del Ángel de la Independencia todavía no se había renovado, por lo que los daños derivados de la protesta contra la violencia de las mujeres de la semana pasada no estarían cubiertos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El Ángel de la Independencia, en este momento, no se ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso, dijo el director general de la Asociación, Recaredo Arias Jiménez, quien añadió que todavía es muy pronto para conocer los daños asegurados que derivaron de la manifestación registrada el viernes pasado.
Luego de ser dañado durante los actos vandálicos que se registraron en la marcha de mujeres, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México colocaron tablas alrededor de la columna del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.
Los empleados del gobierno capitalino instalaron hojas de madera en las escalinatas del monumento, el cual presenta pintas en sus pisos y columnas, además de daños a la zona de jardineras.
Durante la marcha que inició en la Glorieta de Insurgentes y avanzó por Paseo de la Reforma, los grupos de manifestantes bloquearon vialidades, dañaron la estación de policía ubicada en la calle de Florencia, las instalaciones de la estación Insurgentes del Metrobús y pintaron el Ángel de la Independencia.
Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez.
Por Redacción, 2019-08-20 21:03
México.- Indígenas del estado mexicano de Chiapas marcharon este martes en protesta por losgrandes proyectos de infraestructura que el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa en la región como el Tren Maya, al considerar que amenazan su medioambiente y tradiciones.
Unos mil indígenas choles, tzeltales y tzotziles participaron en una protesta en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en una marcha encabezada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) a la que se sumaron diferentes organizaciones civiles y observadores de derechos humanos internacionales.
Los manifestantes provinieron en su mayoría de 14 municipios indígenas: Simojovel, Tila, Chilón, San Juan Chamula, Chicomuselo, Sitalá, San Juan Cancuc, Altamirano, Ocosingo, Chalchihuitán, Yajalón, Palenque, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas.
Desde hace siete años, este movimiento se ha alzado en defensa de su territorio y, entre otros puntos, han logrado detener la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, que tenía que atravesar su territorio.
Su objetivo ahora es detener sobre todo la minería y megaproyectos impulsados por López Obrador como el Tren Maya, una obra faraónica de unos mil 500 kilómetros y 7 mil 600 millones de dólares que ha de conectar cinco estados del sur y sureste, la zona más rezagada del país.
“Hay una tremenda deforestación que hoy está afectando el cambio climático, y esa misma situación está afectando a las comunidades y la selva”, dijo a Efe Nicolás Gómez, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y de la Madre Tierra Del Valle de Jovel.
En cuanto al proyecto del Tren Maya dijo que las comunidades han manifestado ya su temor por el impacto ambiental del proyecto y sus afectaciones en la selva, que esta temporada ya ha registrado fuertes sequías en algunas zonas que las autoridades atribuyen en buena medida a la crisis climática.
Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.
En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.
A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.
Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.
En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.
A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.
Pero para los participantes de la marcha, el Gobierno mexicano no actúa correctamente.
En el movimiento de López Obrador “no vemos respuestas, vemos represión”, dijo Gómez.
A su vez, Francisca González, activista del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, señaló a Efe que exigen, sobre todo, una “vida libre de violencia y el derecho a un medioambiente sano”.
