México, Opinión.- Tal vez sólo después del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y de la senadora Lilly Téllez, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdoba, aparece en el radar social como uno de los personajes más impopulares de México.

Y sí, digo radar social porque si en algo hemos puesto nuestra atención últimamente es en el comportamiento del órgano autónomo percibido como el más caro, más ineficiente y menos confiable de México: el Instituto Nacional Electoral.

En cualquier momento nos enteraremos de los partidos políticos de nueva creación, entre ellos, posiblemente está el de Calderón, México Libre. Lo que le daría un presupuesto nada despreciable y el tan ansiado fuero, para quedar al margen de todas las imputaciones que lo acechan.

Tras la revelación de las cifras y las estructuras de corrupción que corrían transversalmente todos los niveles de gobierno, con énfasis en los acuerdos cupulares, revelados por el caso Lozoya, las reacciones son variopintas.

Van desde los que se instalan en una apatía fundamental, que piensa que no va a pasar nada serio, hasta quienes están dispuestos a manifestarse en las calles reclamando cabezas, pero difícilmente alguien queda indiferente ante el papel desempeñado por el INE.

Como consecuencia, de manera paralela a las investigaciones de la fiscalía, los mexicanos nos preguntamos, con justificada razón, cómo es posible que el INE no viera los millones de dólares ilegales que invadieron las campañas del 2006 y 2012.

A la par de la ceguera parcial o la omisión flagrante, se suman varios errores, por ejemplo, el caso de Monex, que no sancionó; las tarjetas Soriana, cuya investigación luce amañada y fraudulenta; los registros a partidos políticos que no fueron retirados; el aval de firmas fraudulentas de Margarita Zavala; las multas impuestas de manera discrecional y un largo etcétera.

La desconfianza hacia la imparcialidad y eficiencia del Instituto y sus funcionario es grande y previa a las revelaciones de los casos Lozoya y Chihuahua. Lejos quedó la autoridad moral de su fundación.

Por añadidura, el ruido que provocó John Ackerman, miembro del Comité Técnico de Evaluación, al denunciar la imparcialidad y falta de transparencia para elegir a los candidatos a Consejeros, al margen de la injerencia de los partidos políticos, dejó claro que la cultura de la simulación también trabaja en el INE.

Las cantidades exorbitantes que fueron desviadas hacia las campañas políticas en México no se pueden ocultar y en ello radica el encono social. Nadie, ni el corrupto más rapaz, es capaz de ocultar gastos por millones de dólares en campañas políticas. No aplica el “no lo sabíamos”.

El caso Lozoya sólo ha venido a agravar la postura de Lorenzo Córdoba, quién tras su triunfo legal para evitar que se le redujera el sueldo, en virtud de la Austeridad Republicana, adicional a un audio filtrado donde hacía críticas clasi-racistas y su actitud arrogante, abonó detractores y críticas a su ya abollada imagen de funcionario despótico y soberbio.

En vísperas de una elección intermedia de la magnitud de las del 2021, resulta preocupante que la máxima autoridad electoral goce de tanta desconfianza y su presidente de tan poco apoyo.

Tal vez los tiempos no den para tanto, pero los consejeros que han incurrido en tantos “errores” y han justificado y avalado con su silencio las elecciones más sucias del siglo, deberían ser llamados a juicio político y de comprobárseles delitos graves como corrupción y fraude, deberán ser removidos de sus cargos, ser inhabilitados para volver a trabajar en el gobierno y el temas electorales, además de cumplir con las penas que marque la ley.

Construir un verdadero Estado de derecho conlleva riesgos y decisiones difíciles, pero si no se corta de raíz, las malas prácticas prevalecerán en el INE y cualquier otra institución.