Opinión.- Hay un nuevo furor nacional que atraviesa todas las capas sociales, todas las circunstancias, todos los rincones. En cualquier sobremesa, conversación o fila se discute la posibilidad real, incluso inédita, de ver caer a la clase política implicada en escándalos de corrupción, nepotismo y abusos de poder.

Como pocas veces, los mexicanos estamos conscientes que seremos testigos de primera mano del derrumbe de un régimen político que, durante los últimos 32 años, hizo pedazos nuestra economía y redujo significativamente las oportunidades de acceder a una vida digna y tranquila.

Debido a la posición ocupada por los personajes señalados, las exorbitantes cifras involucradas y la envergadura de las decisiones tomadas al amparo de los sobornos, estamos ante los casos de corrupción más grandes de la historia moderna de México.

Y lo digo en plural porque además de la información que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y otros detenidos aportarán a las investigaciones, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera previamente han dispuesto ciertas averiguaciones para que prospere el desmantelamiento de esta nociva red de corrupción en la que estuvo asentada la política mexicana desde 1988.

Por ejemplo, ha trascendido que, de acuerdo a información de la UIF, hay 16 denuncias que involucran empresas de papel, paraísos fiscales y casi 120 millones de dólares en sobornos, íntimamente relacionados con el caso Lozoya, es decir, el gobierno mexicano está cerrando las pinzas.

Paralelamente, en Nueva York se sigue engrosando el expediente contra Genaro Luna y, en Florida, a César Duarte le fue negado un amparo para evitar su extradición. Y no tarda en llegar desde España el empresario Alfonso Ancira, para enfrentar cargos por corrupción y varios delitos de índole fiscal. También Rosario Robles está estudiando la posibilidad de avenirse a la figura de testigo de oportunidad.

Están por demostrarse delitos que atentaron contra la estabilidad social y política de nuestro país. Es un asunto serio, importantísimo, pero aún no sabemos cuánto de eso dejará de ser un rumor de dominio popular para entrar al terreno de lo legal, y cuánto de lo legal logrará traducirse en condenas y extinción de dominio. Esto apenas comienza.

Sin duda, el reto para la Fiscalía es enorme y tendrá que enfrentar a los hombres más poderosos de México, quienes no dudarán en hacer uso de sus conexiones políticas y empresariales, además de todos los recursos que sus inmensas fortunas puedan comprar.

Se entiende que en México el escándalo de Lava Jato nunca tuvo consecuencias porque se encontró con un igual, topó con un régimen que hablaba el mismo idioma articulado por la tranza y el cochupo.

La 4T está desafiando esa estructura y se advierte que el camino estará lleno de retos y dificultades. Será necesario algo más que voluntad política; se requerirá de transparencia, legitimidad, apego a derecho, pertinencia, eficacia y eficiencia. Y todos estamos expectantes.

Casos como el de Odebrecht, OHL, Altos Hornos, las compras chatarras de Pemex y su desmantelamiento, el financiamiento ilegal de campañas políticas, los sobornos para conseguir la aprobación legislativa de diversos reformas, se estarán desgranando ante nosotros. La FGR y la UIF deberán trabajar en bloque, con la finalidad de recuperar los bienes malhabidos y castigar ejemplarmente a los responsables.

Tengo especial interés en saber qué sucederá con el INE en caso de demostrarse la profusión de dinero ilegal usado en las campañas, pues resulta cuestionable la calidad de un árbitro que no detecta al elefante blanco en la habitación, pero arruga la nariz por su olor. Por añadidura, resulta ser uno de los órganos electorales más caros del mundo.

Una cosa es segura: por asociación o como consecuencia, el estertor de la muerte del régimen, va a sacudirlo todo.