OPINIÓN


En el marco de la conmemoración de la promulgación de la Carta Magna por sus 102 años de existencia, resulta propicia una reflexión sobre los múltiples pendientes en la vida constitucional mexicana y guerrerense. La Constitución no puede seguir siendo solo una hoja de papel o factores reales de poder sin límites, tal como lo planteara Ferdinand Lasalle hace más de un siglo. El texto constitucional tiene que ser vivido en la práctica para que el orden social pueda proliferar.

Dejar que determinados derechos y procedimientos constitucionales sigan durmiendo el sueño de los justos no abona para la vigencia real de un Estado de Derecho consolidado en nuestro país. La idea misma de la Constitución como una prenda diseñada que aparece holgada al cuerpo social mexicano, dificulta la idea de concreción, de vigencia de los derechos tutelados, de armonía en el propio marco normativo supremo.

Desgraciadamente, las y los mexicanos, las y los guerrerenses carecen de una cultura de respeto a las normas constitucionales. Es más, en determinadas regiones del país, se desconocen los cada vez más abultados derechos y garantías que se apilan en los artículos constitucionales.

Según algunas encuestas sobre cultura constitucional, en México cerca del ochenta por ciento de la población conoce apenas entre uno o dos derechos, de la enorme lista de derechos humanos vigentes. Sin conciencia de ellos y sin deseos de entenderlos, comprenderlos y asimilarlos al ritmo de la vida social, resulta casi imposible vertebrar una sociedad con un mínimo de práctica cívica que sirva para mejorar nuestras acciones públicas.

Concentración de derechos en el texto constitucional no es igual a respecto real en el mundo fáctico. ¿Para qué ha servido entonces la labor legislativa si en el México cotidiano se violan los derechos humanos en masa? ¿Para qué destinar ingentes recursos a la seguridad pública si la crisis humanitaria es más que evidente en este sufrido país y en esta entidad federativa?

[caption id="attachment_311122" align="aligncenter" width="1055"]Constitución de 1824 Constitución de 1824[/caption]

De acuerdo con la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero ¿qué pasa en México más allá de este formalismo? Perdura una sociedad machista, excluyente, desigual, patriarcal y enemiga de la solidaridad.

Como ejemplos, en la vida pública, están los casos de la composición, por género, de las administraciones públicas federales, estatales y municipales, en las que históricamente el sector femenino ha sido relegado de las tomas de decisiones relevantes. En algunos estados solamente hay una mujer en Secretarías de despacho. Aún hoy, son muy escasas las instituciones públicas en las que prevalece una auténtica igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional y personal.

Esta misma situación discriminatoria, la vemos en el trato cosificado hacia las mujeres; en la forma de expresarnos para denostar al género opuesto; en la violencia física que llega incluso al feminicidio y a denigrar la integridad corporal y psicológica de más de la mitad de la población mexicana. Lo palpamos a diario en el contacto visual, en la mirada, en el inconsciente, en el lenguaje corporal, en el albur popular, y hasta en las groserías diarias.

Se percibe en la desigualdad de ingresos, en la desigualdad de cargas en la vida doméstica; en la desigualdad de oportunidades en la función pública y en la vida política; en la desigualdad de roles sociales y en el acoso sexual y laboral imperante. En todos esos aspectos hay un registro permanente de vulneración, violación, lesión y animadversión hacia los derechos humanos de las mujeres.

De ahí la importancia de fomentar el respeto de los derechos de todas y todos. En ese marco, ha sido benéfica la visita a Guerrero de la Consejera del Consejo General del INE, Dania Paola Ravel Cuevas.

Su presencia impulsa el movimiento a favor de un piso parejo en la vida entre los géneros y privilegia el diálogo a favor de las nuevas masculinidades. Los datos aportados en su conferencia relevan los múltiples pendientes existentes para que en la arena política-electoral avance la igualdad sustantiva.

Otro asunto complicado lo representa la normativa en materia de participación ciudadana. Y para muestra, un botón. En Guerrero, desde 2008, -ya han pasado más de diez años- se aprobó una ley de participación que carece de consecuencias jurídicas ante la inoperancia de las figuras ahí reguladas.

[caption id="attachment_311123" align="aligncenter" width="1054"]Dagoberto Sánchez Trigo Vocal del INE Dagoberto Sánchez Trigo Vocal del INE[/caption]

Más allá de la hora de ir a votar por nuestros representantes populares, la ausencia de apropiación del escenario público es tan evidente que solo este ejemplo resulta muy claro para cualquiera. ¿Para qué incorporar el referéndum, plebiscito, iniciativa legislativa, revocación de mandato y demás mecanismos de participación vecinal y ciudadana si solo sirve la ley para decorar los estantes de algunos miembros de la clase política? Aquí se comprueba, una vez más, que el cambio de mentalidades es relativamente lento; que las prácticas de la democracia no se pueden dictar por decreto.

Si bien, ha sido una excepción el asunto de la elección por usos y costumbres de Ayutla, gracias a las determinaciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; lo cierto es que el espacio público se encuentra privatizado, los grupos sociales están ausentes, y solo existen para presionar de manera ilegal, con líderes que se apropian de la representación –en algunos casos- para beneficio personal.

Hace falta, por lo tanto, profundizar en la regulación de los mecanismos de participación en el ámbito indígena; en garantizar todos sus derechos –no solamente los de carácter político-electoral- y redimir sus pesadas y ancestrales cargas de abandono y olvido.

México y Guerrero necesitan que los principios constitucionales sean cumplidos. No basta la expresión de la división de poderes, no basta la existencia de órganos constitucionales autónomos, no basta la poliarquía dibujada solo en el mapa.

Hace falta una cultura de la legalidad y de la vigencia de la Constitución que permita respetar los diversos ámbitos de acción de las instituciones públicas. Si no, ¿qué caso tiene comulgar con la idea de la separación de los poderes, cuando hay pulsiones de poder que pretenden hacerla nugatoria?

Si la democracia se construye con la participación del mayor número de personas, no abona a su afianzamiento la voluntad individual, por más poder que ostente la persona. Para que la democracia funcione, como régimen político, se requiere de la participación constante, decidida e informada de diversos grupos sociales, pero bajo un escenario de respeto hacia las instituciones y en las que éstas cumplan con sus deberes y responsabilidades.

Sin eso, resulta muy difícil que la democracia liberal pueda prosperar. Si somos enanos o súbditos, si nos auto infligimos una capitis deminutio permanente en nuestros derechos civiles, políticos y sociales, la democracia será un régimen carente de contenido, vacío en lo que importa, más allá de las formas consagradas de participación.


*El autor es Vocal Ejecutivo del INE en Guerrero.