México.- En 1996, Andrés Manuel López Obrador orquestó manifestaciones, protestas características de la resistencia civil contra el sistema, mismas que hoy, su partido en el estado, busca reprimir con la aprobación de la llamada "Ley Garrote".

Era 7 de febrero de 1996 cuando el ahora Presidente, junto con un grupo de seguidores, bloqueó carreteras que conducían al campo petrolero Zen, en la comunidad indígena de Huatalca, en Nacajuca, Tabasco, uno de los más productivos de la región.

En aquella ocasión, López Obrador sintió la represión de las autoridades: policías armados con escudos y toletes se dejaron ir contra los manifestantes y comenzaron a golpearlos.

Andrés Manuel recibió un golpe que le dejó una herida en la cabeza y la camisa ensangrentada. Esa imagen fue símbolo de la represión en aquel Tabasco por parte de las autoridades.

"¿No hubo algún intento de diálogo con usted por parte de los encargados del operativo?", preguntó un reportero que cubría la manifestación. "Sí, pero no entendieron", dijo Andrés Manuel.

AMLO protestas 2

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Fue una de cientos de protestas que encabezó el líder social tabasqueño, muchas de ellas reprimidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad. Hoy, casi 20 años después, la represión contra la manifestación se hace legal.

La "Ley Garrote", presentada por el gobernador morenista Adán Augusto Lara y aprobada por el Congreso local –que tiene mayoría de Morena-, fue interpretada como un instrumento que coarta la libertad de manifestación en el estado.

La reforma dice que la pena será hasta con 20 años de cárcel "al que impida total o parcialmente el libre tránsito" en vías de comunicación estatal.

Desde que inició la administración del gobernador Adán Augusto López, el 1 de enero de 2019, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco documentó y acompañó al menos siete casos de represión en manifestaciones.

La primera represión documentada fue en enero, cuando un grupo de burócratas bloqueó una avenida en Villahermosa en protesta por cambios impuestos a sus tarjetas de despensa y 200 policías desalojaron a los manifestantes.

La última, fue apenas el pasado 8 de julio, cuando padres de familia se inconformaron porque sus hijos no quedaron en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Las autoridades mandaron 300 antimotines.

"No había ni 100 manifestantes" cuenta Leonor Ramírez, directora del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).

La reforma aprobada en el Congreso de Tabasco no sólo abre la puerta a las represiones a las manifestaciones, sino que también es violatorio a la Constitución Mexicana.

Francisco López Méndez, Doctor en Derecho y profesor de la materia Derecho Penal parte general en la UJAT sostiene que esa reforma aprobada por el Congreso local es violatoria de los Artículos 13 y 19 constitucionales.

También afirma que el polémico Artículo 308 Bis es una "amalgama" de conductas que ya se encuentran tipificadas en otros artículos del Código Penal, desde el 5 de febrero de 1997, cuando fue publicado por el entonces gobernador Roberto Madrazo Pintado.

A pesar de que modificaron totalmente la propuesta original, lo aprobado quedó en peores términos de redacción y en su concepción jurídica, afirma el catedrático universitario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tabasco afirmaron que esa ley es para aplicarla a pseudo dirigentes sindicales que bloquean obras para chantajear.

El gobernador del estado afirmó que para nadie es un secreto cuáles son los grupos, "pseudosindicatos o pseudolíderes dedicados a este ilícito", ninguna de las administraciones anteriores se atrevió "a tocarlos ni con el pétalo de una rosa". Y que ahora con el nuevo artículo del Código Penal

Se trata de terminar con la impunidad que se prodigó desde el poder público e inclusive, desde intereses económicos que "ya están perfectamente identificados, en beneficio de una delincuencia perfectamente bien organizada, que obtenía millonarios ingresos diarios, semanales, quincenales y mensuales".

Este martes, el Codehutab condenó el nuevo artículo del Código Penal, en contra del cual promoverá una Acción de Inconstitucionalidad. La acción jurídica será promovida en conjunto con otras organizaciones civiles promotoras y defensoras de derechos humanos.

Efraín Rodríguez León, director jurídico del Comité, dijo que le exigirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que también haga lo propio, como órgano facultado para ello.

Existe un plazo de 20 días para presentar las inconformidades contra la legislación propuesta por el ejecutivo y aprobada por el Congreso Local.