#Suave Patria

Liberan a cuatro implicados en Caso Ayotzinapa

Se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula.

Por Redacción, 2018-11-19 11:25

México.- Desde hace poco más de tres semanas, personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona; Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke, fueron dejados en libertad el 26 de octubre “por falta de elementos”.

El juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó lo anterior.

Con esa decisión judicial, todo el caso Iguala y la llamada “verdad histórica” se tambalean, aunque la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la Procuraduría General de la República (PGR), sino que el Ministerio Público no pudo comprobar “lícitamente” que así fue.

Por ello, el viernes 26 de octubre pasado las puertas del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit, se abrieron para dejar en libertad a esos cuatro hombres imputados por delincuencia organizada y acusados del secuestro y asesinato de los normalistas.

Tres de los liberados, los conocidos por los alias de El Chereje, El Jona y El Pato, han sido el pilar en el que la PGR sustentó una parte fundamental de la llamada “verdad histórica”: la que asegura que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas y huesos esparcidos en el río San Juan de Guerrero.

En el oficio 23604 / 2018 de la Secretaría de Gobernación se autoriza el “egreso” por “libertad” de García Reyes, El Chereje; Osorio Cortés, El Jona; Reyes Landa, El Pato, y Reza Jacobo, alias El Wereke, respecto a la causa penal 66/2015-II, que los señalaba por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

En el documento se señala que el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, decretó el auto de libertad “por falta de elementos para procesar, con reservas de ley”.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, informó que tres personas involucradas en el caso habían sido detenidas. Según dijo, los tres declararon haber asesinado a los normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos calcinaron y tiraron en el río Cocula, de acuerdo con las declaraciones de los capturados citadas por el propio procurador, algunas de éstas exhibidas luego en videos.

Esos hombres eran precisamente El Jona, El Pato y El Chereje, a quienes señaló por ser parte del crimen organizado:

“Los tres capturados son miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, afirmó aquel día Murillo Karam.

Unas semanas después, el martes 27 de enero de 2015, el procurador daba a conocer una narrativa fuertemente sustentada en esas declaraciones, y concluía pronunciando aquella polémica frase de que esa era “la verdad histórica”.

Cuatro años más tarde, la juez primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos, ha sido muy severa con los investigadores del caso: resolvió que el Ministerio Público no pudo acreditar… ni la existencia del cártel imputado: Guerreros Unidos.

En la resolución de 462 páginas, de la cual Milenio tiene copia, determina que las pruebas “que pretende el órgano acusador, por sí solas, no acreditan la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”.

Tampoco halló la juez suficientes evidencias de que los imputados… fueran narcos. No encontró elementos que sustentaran que ese grupo de hombres “se organizaban para cometer ilícitos contra la salud pública”.

De acuerdo con la determinación de la juez, los detenidos se libraron del cargo de delincuencia organizada y secuestro por la mala investigación que realizaron las autoridades y porque hubo violaciones al debido proceso, conforme a indicios existentes de que las declaraciones que sostenían el caso fueron tomadas mediante tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además los detenidos no fueron puestos de manera inmediata a disposición de autoridad competente.

Adicionalmente, de acuerdo con la resolución, se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula y su presunta ejecución en ese lugar.

“Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso”.

La representante del Poder Judicial fue enfática al subrayar que “correspondía a la fiscalía investigar adecuadamente los hechos y aportar elementos de prueba suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ahora imputados”, cosa que, según ella, no sucedió.

Tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, han sido aprehendidas más de 125 personas a quienes las autoridades han señalado como integrantes de Guerreros Unidos.

La juez aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la PGR, ni que no exista el cártel imputado, sino que el Ministerio Público no lo comprobó en este caso: “La decisión aquí adoptada no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente y por ello debe decretarse la soltura de los inculpados”.

Y remata: “La autoridad judicial no puede enmendar los errores u omisiones del órgano acusador”.

A pesar de la liberación de los inculpados, el Ministerio Público podrá promover nuevas pruebas para acreditar la probable responsabilidad y solicitar nuevamente se dicte orden de aprehensión.

“La resolución no constituye una decisión de fondo definitiva sobre la participación de los indiciados, sino que el agente del Ministerio Público federal incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de pruebas suficientes y lícitamente obtenidos la participación de los inculpados”.

Esta resolución libró de los cargos de secuestro y delincuencia organizada a otros nueve imputados en el caso, respecto a la causa penal 66/2015-II. Pero estos no obtuvieron su libertad por tener abiertos otros expedientes por el delito de homicidio.

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Lozoya sigue escabulléndose de la ley; obtiene amparo contra INAI

El 2 de octubre, el INAI ordenó a la PGR hacer pública la indagatoria de Odebrecht, en la que se pretende involucrar a Lozoya en actos de corrupción.

Por Redacción, 2018-12-18 20:00

México.- Existe una suspensión definitiva que impide a la Procuraduría General de la República hacer públicas las indagatorias relacionadas al caso Odebrecht, por lo que es ilegal el ordenamiento del INAI, afirmó la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Mediante un comunicado, Javier Coello Trejo informó que un juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de Ciudad de México concedió la suspensión provisional a Lozoya Austin para que autoridades responsables se abstengan de dar a conocer información relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas.

El 2 de octubre, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la PGR hacer pública la indagatoria de Odebrecht, en la que se pretende involucrar al ex director de Pemex en supuestos actos de corrupción para favorecer contratos con esta empresa.

Sin embargo, el abogado advirtió que la solicitud resulta contraria a derecho y por ende ilegal debido a que:

Trasgrede lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política Federal.

Transgrede lo previsto en el artículo 20, inciso A, Fracción I, debido a que al hacer pública la indagatoria en cuestión no cumple con el objeto de toda investigación, que es proteger al inocente.

Transgrede lo previsto en el artículo 20, inciso B, Fracción I, puesto que al hacer pública la indagatoria en cuestión, violenta el principio de presunción de inocencia de todo imputado, al exhibirlo ante el escrutinio público.

Es inconstitucional el artículo 112 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cuál utiliza el INAI, para fundamentar la resolución INAI/274/18.

Existe impedimento legal por parte de la Procuraduría General de la Republica de hacer dicha indagatoria publica, de conformidad a la obligación que tiene de mantener la misma en sigilo y secrecía de los asuntos que investiga y que por ley debe de salvaguardar.

La Procuraduría General de la Republica debe de respetar los principios de reserva y protección de datos personales que rigen en la etapa de investigación, con la finalidad de no poner en riesgo la misma, y tampoco la integridad del imputado, víctimas y testigos.

Por ende, aseguró que de hacer públicas las actuaciones de dichas carpetas de investigación, se estaría violando una suspensión definitiva y en consecuencia incurriendo en responsabilidad penal; además, expuso que la suspensión definitiva subsistirá hasta en tanto quede firme la resolución de amparo.

“De hacer públicas las actuaciones de dichas carpetas de investigación, estaría violando una suspensión definitiva y en consecuencia incurriendo en responsabilidad penal. La suspensión definitiva subsistirá hasta en tanto quede firme la resolución de amparo”, acotó.

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AMLO asegura que se rectificará error en presupuesto a universidades

Por Redacción, 2018-12-18 19:05

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hubo un error en la presentación del Presupuesto 2019 en cuanto a los fondos destinados a las universidades, dijo que rectificará y a estas instituciones educativas se les entregará lo que les corresponde.

“Se cometió un error en la presentación del presupuesto, yo hice un compromiso de no reducir el presupuesto a las universidades. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde.

“Lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la ANUIES dije que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo del 2018 más inflación, ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir, lo dije y no se registró en el presupuesto, y en mi gobierno cuando se cometa un error vamos a rectificar”.

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Esposa de gobernador de Tabasco lleva 4 horas retenida en hospital

Personal médico y familiares de pacientes impiden la salida hasta que se resuelva el pago de la quincena y el aguinaldo a trabajadores.

Por Redacción, 2018-12-18 18:08

México.- Martha Lilia López Aguilera, esposa del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, está retenida por habitantes en el estacionamiento del Hospital de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, a donde fue a visitar a uno de sus nietos que está internado en la unidad de cuidados intensivos.

Personal médico y familiares de pacientes impiden que salga la camioneta que abordó hasta que se resuelva el pago de la quincena y el aguinaldo a trabajadores, mientras que los pacientes exigen que el hospital sea abastecido con suficiente equipo, medicamentos e insumos.

La retención de la esposa del gobernador ocurre en el marco de una severa crisis en el sector salud al cierre de la administración de Arturo Núñez Jiménez, y que tiene en un paro de labores al personal de contrato federal agremiado a la sección 48 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA).

Los médicos de los hospitales Dr. Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez sostienen que no se realizan más cirugías que aquellas de las que los propios pacientes pueden costear.

En el Hospital de Alta Especialidad del Niño las donaciones de la población no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los pacientes y en el hospital de Salud Mental carecen hasta de insumos de limpieza y ropa para los internos crónicos.

Sin embargo, el secretario de Salud, Rommel Franz Cerna Leeder, afirmó que la carencia de insumos médicos es un problema nacional.