México, Cimac Noticias.-Teodora Vásquez, mujer salvadoreña que cumplió más de diez años en prisión, condenada por homicidio agravado por la muerte de su hija recién nacida, hoy empezó su primer día en libertad.
Fue liberada ayer por las autoridades salvadoreñas de un reclusorio de mujeres en Ilopango, municipio ubicado en el departamento de San Salvador. Fue sentenciada en 2007 a 30 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de una recién nacida. En enero de este año, su pena fue conmutada a 10 años 7 meses, que cumplió ayer.
Al salir de la prisión, fue recibida por su familia, entre ella sus papás y su hijo de 14 años, defensoras de Derechos Humanos, y docenas de periodistas. “Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”, dijo Teodora al salir de las puertas del reclusorio.
Sin embargo, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, que acompaña a Teodora desde el 2014, consideró la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insuficiente, “porque no reconoce su inocencia”.
Las organizaciones sociales que apoyan a Teodora sustentan que la mujer que se desempeñaba como cocinera en una cafetería de una escuela y que en 2007 cuando tenía 24 años de edad, tuvo una emergencia obstétrica en el lugar de su trabajo, habría llamado al 911 de la Policía Nacional Civil en busca de auxilio pero éste nunca llegó. Fue así que tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la instalación. El producto nació muerto.
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La Agrupación Ciudadana argumentó que aún conociendo esta información, el Juzgado Segundo de Sentencia nunca presumió su inocencia, y que en el juicio “no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito.”
El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto. En una treintena de casos, según las organizaciones, las Cortes han emitido condenas entre 30 y 40 años de prisión a las mujeres acusadas.
Las mujeres que han sido sentenciadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia, manifestó Amnistía Internacional. Es por eso que deben seguirse los casos de al menos 27 mujeres en la misma situación que continúan encarceladas.
“El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional quien pidió a las autoridades salvadoreñas derogar urgentemente “esta indignante prohibición del aborto”.
De hecho, desde finales del 2016, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una propuesta para despenalizar el aborto terapéutico: cuando corra peligro la vida de la madre, no exista posibilidad de la vida extrauterina, y cuando el embarazo sea producto de la violación de menores de edad.
Hasta ahora no se han encontrado mayorías para esta propuesta, ni entre las filas del partido de izquierda, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Representantes de organizaciones sociales pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar la medida antes de que concluya la actual legislatura el 30 de abril próximo.
Diversas personas funcionarias de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por esta legislación salvadoreña. La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, al final de su visita el pasado 5 de febrero a este país centroamericano, pidió al Estado declarar una “moratoria”, es decir, aplazar la aplicación de la prohibición del aborto.
En México, existen casos similares. El más reciente, el de Dafne McPherson Veloz, quien permanece desde 2015 en situación de reclusión en un penal de Querétaro, acusada de homicidio agravado, luego de haber sufrido un parto fortuito en los baños de la tienda departamental donde trabajaba. En noviembre del 2017, el Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo Penal de este estado, rechazó reprogramar un juicio que la daría libertad.
