Acapulco, Guerrero.- El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Max Lorenzo Sedano Romano, confirmó que se estuvo recluido en las instalaciones de la dependencia durante los últimos tres días por órdenes del fiscal estatal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

Después del medio día el encargado de la seguridad porteña salió de sus oficinas acompañado por su abogada, Cecilia Rodríguez.

El lunes Sedano Romano fue detenido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Guerrero, quienes se quedaron al mando de la seguridad en el puerto.

En conferencia de prensa la abogada de Lorenzo Sedano, Cecilia Rodríguez informó que, pese a la suspensión de plano, autoridades federales y estatales no respetan el acuerdo, porque lo mantienen detenido sin embargo la suspensión de plano menciona que tiene derecho a salir de las oficinas.

"Temo por mi vida, llevo tres días sin salir y desconozco la situación actual en la que me encuentro, porque el fiscal dio órdenes al personal de la Policía municipal que me mantuvieran recluido sin salir, porque según hoy vendrá la Auditoría Superior del estado para que yo deje el cargo", expresó Lorenzo Sedano.

Mencionó que ha sido amenazado por el Fiscal del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, en conjunto con el director de coordinación, Esteban Maldonado, quienes le exigieron que renunciará a su cargo.

Max Lorenzo explicó que el paso no es presentar una renuncia sino finalizar el proceso de entrega-recepción con el nuevo gobierno que encabezará Adela Román Ocampo.

Lorenzo Sedano señaló que el día de su aprensión le fue robada su arma, que fue comprada en la Armada de México, dos tarjetas bancarias, una de crédito y otra de débito.

Desmintió que tenga vínculos con el crimen organizado como lo han hecho saber las autoridades.

Mencionó que esta situación es algo personal que tienen las autoridades en contra de él, además de que, señaló, no fue la manera correcta de hacer una aprensión y apoderarse de la SSP municipal, porque se violentaron sus derechos humanos al no enseñar una orden de aprensión o cateo.

Supuso que el operativo se realizó para buscar armas ilegales y drogas, pero no encontraron nada en las oficinas.