México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que varios de los líderes visibles en las protestas de policías federales están vinculados a grupos de interés y que incluso uno de ellos estuvo preso por el delito de secuestro.

Indicó que varios de los dirigentes no son miembros de la Policía Federal y sí están ligados a actos de corrupción en la corporación y a intereses ajenos, e incluso vinculó a algunos de ellos con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical”, además de la cobertura mediática que se ha dado al tema, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa.

En este marco, refirió que uno de los líderes estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los activistas del movimiento, y refirió que se trata de Ignacio Benavides Torres, quien tiene antecedentes penales.

De acuerdo con la ficha difundida, Benavides Torres fue sentenciado por el delito de secuestro y cumplió la pena impuesta en el Cefereso Número 3, además de que tiene siete investigaciones abiertas en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas.

Además, se identifica a esta persona como activista de derechos humanos, presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América A.C., ubicada en Tijuana Baja California.

Tras señalar que las protestas de elementos se entienden como su derecho, pero es un movimiento que no tiene razón de ser, refrendó: “que quede claro no hay ningún despido de los elementos de la Policía Federal, todos los buenos elementos tendrán su oportunidad laboral si es de su interés”.

Indicó que aun cuando cuenta con valiosos elementos, la Policía Federal, al igual que las policías municipales, fue abandonada por los gobiernos federales anteriores al actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido mencionó, sin dar nombres, que un expresidente mexicano ahora se “rasga las vestiduras defendiendo a la Policía Federal», cuando en su momento, como jefe del Ejecutivo federal, pudo mejorar a la corporación.

“Fue abandonada (la Policía Federal) históricamente por los distintos gobiernos que nos precedieron, no en vano el gobierno de la República tomó la decisión de llevar el Ejercito a la calle para enfrentar el crimen organizado ante la insuficiencia y debilidad de la Policía federal en ese entonces la justificación fue precisamente esa”, la incapacidad de esa corporación.

Durazo Montaño reiteró que detrás de toda la movilización de policías federales hay intereses, pero dejó en claro que hay capacidad y disposición de para resolver el tema a satisfacción de los legítimos interesados.

Además, el secretario de Seguridad Pública dio a conocer que existe una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las anomalías en la adquisición de un sistema de inteligencia denominado “Rafael”, en el año 2015.

Detalló que la contratación se hizo el 23 de diciembre por más dos mil 400 millones de pesos y se detectaron violaciones en el proceso de adquisición, además de que actualmente hay un adeudo de mil 300 millones.

Refirió que se habla de un sobreprecio de cuatro veces el valor real y que en breve se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable.

Luego de las agresiones a la coordinadora de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, ocurridas la víspera durante la protesta en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, por su incorporación a la nueva corporación, Durazo rechazó las acciones violentas y dejó en claro que no se admite ese trato a nadie.

“Así como nosotros no vamos a reprimir el movimiento, tampoco aceptamos que los inconformes tengan expresiones violentas con ninguno de sus compañeros, mucho menos con una mujer, compañera tan destacada y digan de méritos”, expresó.

Esa actitud, dijo Durazo, “deslegitima a la institución que dicen defender; lastiman la imagen de la Policía Federal; no nos sorprendemos ni rechazamos su inconformidad ni sus manifestaciones, pero los llamamos, dada la disposición y apertura del gobierno, a que utilicen las vías instituciones para plantear sus demandas”.

Por otra parte, el funcionario federal pidió a los elementos de la Policía Federal que han abandonado sus puestos de trabajo a devolver las armas y vehículos oficiales.

“El llamado es que regresen los vehículos que corresponden y entreguen su arma de cargo, como debe ser cuando alguien está fuera de servicio”, expresó en la conferencia de prensa donde dio a conocer datos de los líderes que encabezan las protestas de policías federales.|

México.- Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirmó que el derrame de ácido sulfúrico de Grupo México en el Mar de Cortés en Sonora, “aparentemente no tendrá mayor efecto”.

En conferencia de prensa, el titular de Medio Ambiente aseguró que el Gobierno de México revisará el historial de afectaciones al medio ambiente de la minera, pues en 2015, fue multado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado.

“El accidente en Guaymas nos lleva a hacer la revisión y, por lo tanto nos obliga a examinar el historial de esta empresa”, expresó Toledo Manzur.

El titular de Semarnat apuntó que la dependencia tiene facultades para suspender las actividades a Grupo México, pero agregó que “en su momento tomaremos una decisión”.

Ello se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Semarnat para que atendiera y evaluará los daños ocasionados por el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará una gira por México, Argentina, Ecuador y El Salvador entre el 19 y el 21 de julio próximos con el fin de «fortalecer aún más nuestras alianzas dentro del Hemisferio Occidental sobre los desafíos regionales y globales».

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que el próximo jueves Pompeo visitará Argentina en donde tiene previsto reunirse con el presidente Mauricio Macri con quien analizará temas de interés bilateral.

Tiene previsto además un encuentro con representantes de la Segunda Conferencia Ministerial contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental para profundizar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional.

El encuentro se dará en el marco del 25 aniversario del atentado presuntamente respaldado por Irán contra el centro comunitario de la Sociedad de Ayuda Mutua Judía Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas e hirió a más de 300.

Pompeo viajará de Argentina a Ecuador a donde llegará el próximo sábado para reunirse con el presidente Lenín Moreno con quien buscará revitalizar la cooperación bilateral en áreas de interés mutuo, incluida la democracia, la prosperidad económica y la seguridad.

El domingo 21 de julio llegará a la Ciudad de México en donde tiene previsto reunirse con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien abordará la situación actual de la inmigración ilegal y el Acuerdo entre México y Estados Unidos.

También tiene previsto analizar con el canciller mexicano «el compromiso conjunto para promover las oportunidades y la prosperidad económica en el sur de México».

En El Salvador el secretario de Estado será recibido el próximo sábado por el presidente Nayib Bukele, con quien discutirá la manera de «reducir la migración ilegal y apoyar los esfuerzos del gobierno para crear oportunidades económicas, combatir la corrupción y construir un El Salvador fuerte y autosuficiente».

Pompeo firmará con el gobierno salvadoreño una extensión de arrendamiento para un centro aéreo antidrogas con el fin de reforzar la cooperación de seguridad bilateral.

A unos días de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a El Salvador, el presidente salvadoreño declaró la víspera que su país está trabajando para reducir la migración irregular y combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Consideró que El Salvador amerita un trato distinto al resto de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Nosotros hemos hecho el llamado varias veces al gobierno de Estados Unidos y lo hacemos aquí de nuevo, de que no se nos meta en la buchaca (bolsa de mesa de billar) del Triángulo Norte”, consideró Bukele, en declaraciones que citó el diario La Prensa Gráfica.

Precisó que Centroamérica debería ser un solo país, pero los gobiernos de Honduras y Guatemala “no han sido ejemplo, por decirlo así, y a veces se castiga a una región por actuaciones de gobiernos en los cuales no tenemos ninguna incidencia”, añadió al mencionar como ejemplo la lucha contra la droga.

México. Notimex.– La polarización social y la descalificación hacia algunos periodistas alentadas desde sectores del gobierno fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa en México, estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo defensor planteó que si bien la deliberación y la discusión públicas son parte importante de la vida democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios.

Sobre todo, agregó, en circunstancias como las que se viven desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.

En un comunicado, mencionó que recientes insultos y descalificaciones de servidores públicos contra comunicadores en redes sociales antecedieron a diversos ataques en esas plataformas digitales contra periodistas.

“Incluso uno de ellos recibió una amenaza anónima en su domicilio, por lo cual no debe pasar inadvertido que tales agresiones se dan en el contexto del discurso amenazante de funcionarios que fomenta ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo e incrementa el riesgo de quienes lo ejercen”, dijo.

La CNDH estimó que hoy más que nunca debe impulsarse el respeto absoluto a la crítica y a las opiniones diversas, así como evitar, disuadir y rechazar cualquier tipo de discurso amenazante contra comunicadores y medios.

“La consolidación democrática que requiere nuestro país depende, en buena medida, de alcanzar ese objetivo”, aseveró.

Externó que incurrir en esas conductas durante actos o ámbitos que son documentados y difundidos mediante plataformas digitales, así como por televisión y radio, implica que gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa.

Igual ocurre con los nuevos medios alternativos, como las redes sociales, respecto de las cuales, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló recientemente que los servidores públicos no dejan de serlo al usar cuentas o perfiles personales y mucho menos cuando mediante ellos dan a conocer información sobre las actividades propias de su encargo.

Hizo énfasis en que “el servicio público debe verse como vocación y nunca como plataforma u oportunidad para denostar o descalificar a la prensa que no coincide con una postura, ideología o decisión de gobierno”.

El órgano autónomo advirtió que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en América y que los 149 homicidios cometidos contra comunicadores desde 2000 y los 21 periodistas desaparecidos desde 2005 son la evidencia más terrible de ello.

Acusó que en los últimos meses se han incrementado las descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, provenientes en muchos casos de funcionarios del Estado.

Por ello si bien quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, la misma adquiere ciertas connotaciones y características distintas que cuando es ejercida por particulares.

Consideró que por ello en los servidores públicos debe imperar la autocontención, la tolerancia a la crítica y la responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo.