Ya sea porque malversaron recursos públicos, o porque se vieron vinculados en actos de corrupción de manera indirecta. Ya sea porque fueron acusados de tener nexos con grupos de la delincuencia organizada o porque han sido implicados en homicidios. Ya sea porque están en la cárcel o porque se han librado de ella, pese a que todo lo señala, los políticos que forman parte de esta lista tienen un común denominador: su fama vinculada a actos de corrupción que sobrepasa las fronteras de México.

Elba Esther Gordillo Morales: Ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada en febrero pasado de malversar 200 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles, destaca una casa de 4.7 millones de dólares en Coronado Cays.

Manlio Fabio Beltrones: El ex senador, ex gobernador de Sonora, y ahora presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido señalado en una investigación periodística hecha por los reporteros del diario The New York Times, Sam Dillon y Craig Pyes, de proteger durante su mandato al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. La investigación fue hecha en 1997, pero en 2014 los reporteros ratificaron lo escrito.

Andrés Granier Melo: El ex gobernador de Tabasco del PRI, fue detenido en 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El ex gobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas.

César Duarte: Dos veces diputado federal, ahora gobernador de Chihuahua, ha sido acusado por el senador del PAN, Javier Corral Jurado, de incrementar “exponencialmente su fortuna a través de distintos negocios” y de enriquecimiento ilícito.

Carlos Romero Deschamps: El líder del sindicato petrolero y miembro del PRI, ha sido vinculado a tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito con los recursos de los agremiados de Pemex. Su hija Paulina Deschamps aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo.

Raúl Salinas de Gortari: El hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es, en parte, responsable de destruir el legado de éste como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y en julio de este año un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes.

Tomás Yarrington: El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado en Texas de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, además, es presuntamente responsable de recibir grandes sobornos de grupos del narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo.

Humberto Moreira: El ex gobernador de Coahuila sumió al estado en una profunda crisis financiera, la deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36 mil millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas.

Arturo Montiel: El ex gobernador del Estado de México por el PRI está acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. Actualmente, no está bajo ninguna investigación en su contra. Una investigación periodística hecha por el reportero Diego Enrique Osorno, lo señala de ser autor intelectual del homicidio del instructor de tenis de mesa, Mario Palacios Montarcé.

Jorge Emilio González Martínez: Ex presidente nacional del Partido Verde, dos veces senador, dos veces diputado federal y ex asambleísta del Distrito Federal. A los 32 años, el político también conocido como Niño Verde, fue exhibido en un video haciendo negocios con empresarios canadienses para la concesión de dos playas en Cancún y con lo cual, según se oyó en la grabación, él ganaría dos millones de dólares. En abril de 2011 estuvo involucrado en la muerte de una mujer búlgara, Galina Chankova Chaneva, que cayó del departamento 19B de la Torre Emerald, en Cancún, propiedad de González Martínez. El departamento está valuado en 1.5 millones de dólares.

Fidel Herrera: Ex gobernador de Veracruz. Durante su administración  las actividades del cártel de Los Zetas prosperaron. La versión sobre supuestos nexos entre Herrera y ese grupo delictivo surgieron cuando un agente del FBI afirmó que Francisco Colorado Cessa, un contratista de Pemex, actuó como intermediario entre Herrera y Los Zetas, a fin de que dejara actuar libremente a éstos.

Carlos Hank Rhon: Ex alcalde de Tijuana, ex candidato a gobernador de Baja California. Hank ha sido detenido en más de una ocasión por diferentes ilícitos, entre ellos en 2011, cuando el Ejército lo detuvo por acopio de armas en su casa de Tijuana. Fue vinculado al asesinato del periodista del Semanario Zeta, Héctor Félix Miranda.

Enrique Peña Nieto: El presidente de México hasta 2018 pasó a formar parte de la lista de políticos corruptos luego de la investigación periodística que lo señaló de haber adquirido una residencia, la Casa Blanca, a la empresa constructora Grupo Higa, en una transacción millonaria en el que hubo conflicto de intereses. Grupo Higa es beneficiaria por obras millonarias otorgadas por el gobierno federal. Por los hechos, su esposa Angelica Rivera, salió a aclarar que la casa fue adquirida con sus ahorros. La Secretaría de la Función Pública los exculpó del caso.

Luis Videgaray Caso: Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la República, fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública de haber incurrido en conflicto de intereses en la compra de una casa de descanso en Malinalco, Estado de México, a la empresa Grupo Higa, porque la habría adquirido cuando aún no era funcionario federal. No obstante, el sitio Bloomberg documentó que Videgaray sí pagó el inmueble cuando ya era secretario de Estado.

Manuel Añorve Baños: Ex diputado local, ex presidente municipal de Acapulco, ahora diputado federal, fue señalado por su correligionario Rubén Figueroa Smutny de haberse beneficiado de la amistad del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal (La Barby). Figueroa Smutny incluso calificó al también ex candidato a gobernador de Guerrero como “narcoalcalde”. Cuando salió de la alcaldía el presidente municipal entrante, Luis Walton Aburto, acusó a Añorve de haberle dejado un municipio con una deuda pública millonaria.

Ángel Aguirre Rivero: Ex diputado federal, ex senador, ex gobernador de Guerrero, salió por la puerta trasera del gobierno en 2014, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero en septiembre del mismo año. Meses después de su salida su hermano, Carlos Mateo Aguirre, fue arrestado acusado de malversar 287 millones de pesos de las finanzas públicas del estado. Aunque el ex gobernador no fue señalado como responsable director de estos hechos, sí lo fue por haber permitido el presunto peculado de su hermano.

Alejandra Sota: Ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además, es sospechosa de haber beneficiado a amigos con contratos de gobierno.

Genaro García Luna: Ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el exceso en el gasto público, en su gestión la dependencia registró el mayor presupuesto que se le ha asignado a esa dependencia y que usó para la autopromoción y el abuso de poder.

Javier Duarte Ochoa: Gobernador de Veracruz desde 2010 y hasta 2016, ha sido acusado por diversas organizaciones de periodistas de, al menos, propiciar las condiciones para el asesinato de una docena de periodistas en esta entidad. El caso más reciente es el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres más, entre ellas la activista Nadia Vera, en un departamento en la colonia Narvarte del Distrito Federal.

Rosario Robles Berlanga: Ex diputada federal, ex jefa Gobierno del Distrito Federal interina, ex secretaria de Desarrollo Social con el presidente Enrique Peña Nieto; ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue señalada de propiciar actos de corrupción donde el perredista y ex asambleísta del Distrito Federal, René Bejarano, recibió 45 mil dólares del empresario argentino Carlos Ahumada para financiar diversas campañas del PRD. Luego, Robles fue vinculada sentimentalmente con Ahumada y se vio obligada a salir del partido que ayudó a fundar en 1989.

México.- El diputado Armando Contreras Castillo (Morena) señaló que existen ocho mil indígenas en prisión con muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso “y la más importante y marcada en cada caso es la falta de un intérprete”.

Planteó exhortar al fiscal general de la República a emprender acciones para garantizar el debido proceso desde su detención, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su contexto sociocultural.

Con ello, dijo, el sistema judicial tendría menos procesos, y si desde su detención se les explican sus derechos, entre ellos contar con un intérprete.

El punto de acuerdo, remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas, también propone solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implantar medidas reales y eficientes, a fin de que se realice un programa de difusión en televisión y radio, así como prensa escrita, con la finalidad de orientar e informar a la comunidad indígena sobre sus derechos en caso de detención.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia, indicó que México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 6.5 por ciento de la población de 3 años y más habla alguna de esas lenguas; es decir, 7 millones 382 mil 785 personas. De ellos, cerca de 1 millón hablan una lengua indígena y no se expresan en español, son monolingües.

Estimó que el derecho de las personas indígenas a contar con traductor o intérprete no debe condicionarse al nivel de castellanización. Cuando una persona se reconoce como indígena y solicita ejercer sus derechos debe ser atendida de inmediato por la autoridad jurisdiccional, a menos de que existan pruebas en contrario que resulten concluyentes respecto de su condición de no indígena.

Chilpancingo, Guerrero.- El Programa de Fertilizante atenderá en Guerrero 400 mil hectáreas cultivables “que cumplen con las características de pequeños productores” y por cada una de las hectáreas se entregarán seis bultos de abono, informó el delegado de los Programas Integrales de Desarrollo en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Sandoval Ballesteros se reunió esta tarde con el gobernador Héctor Astudillo Flores en el puerto de Acapulco donde se comprometió a que “desde el gobierno de México se solucionará cualquier inconveniente para garantizar el acceso al programa de fertilizantes del gobierno federal”.

En un comunicado se explica que en la reunión participaron representantes del Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria, además del coordinador del Programa de Fertilizante, Jorge Gage Francois, “quien puntualizó el funcionamiento del programa enfocado a las 400 mil hectáreas cultivables que cumplen (en Guerrero) con las características de pequeños productores”.

Sandoval Ballesteros garantizó la entrega de seis bultos por hectárea y la meta es que todos los productores tengan el insumo necesario, como se comprometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“La dotación que se tiene contemplada es de dos bultos de fosfato diamónico (DAP) y cuatro bultos de sulfato de amonio para totalizar seis bultos por hectárea, la dotación de producto de buena calidad, sin rebajar y en la combinación adecuada garantizará el aumento en la productividad del campo de Guerrero”, dijo.

“Lo que buscamos en Guerrero es construir un programa que sea efectivo, con la identificación del tipo de fertilizante necesario a partir de las características del suelo y el uso integral de tecnologías de innovación, con productos de buena calidad, sin rebajar, y con la mezcla adecuada se garantizará el aumento en la productividad del campo”.

Sandoval Ballesteros urgió completar la conformación de los padrones para que el fertilizante llegue a los auténticos productores a quienes pidió registrarse a quienes no lo han hecho a través de la ventanilla virtual para acceder al programa en la página https://www.suri.sader.gob.mx:8003/tramite-linea/solicitud/captura.

Acordaron llevar a cabo reuniones con el gobierno del estado en todas las regiones para informar y sumar esfuerzos con los gobiernos municipales, con el fin de atender a todos los productores y garantizar la atención en los casos especiales que así lo requieran para la entrega de fertilizante.

México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que la Cofece agilice las indagaciones para que las empresas farmacéuticas que incurran en corrupción, no sean consideradas en futuras compras.

Indicó que algunas empresas farmacéuticas, como comercializadoras y distribuidoras de medicamentos, se han visto envueltas en delitos de soborno, omisión de datos, sobreprecios y prácticas monopólicas, entre otras, lo que afecta al consumidor final , sobre todo a los de escasos recursos.

Señaló que a principios de 2018, la Cofece declaró que tenían indicios de concentraciones ilícitas en el mercado de la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, higiene y belleza personal.

Por otra parte, solicitó a la Función Pública se finquen responsabilidades contra quienes incurrieron en corrupción en la compra de medicamentos, y aseguró que se tomarán en cuenta las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, reducir la opacidad. Comentó que casos así se repiten y no pueden consentirse, por lo que es bueno que Hacienda “denuncie a 10 empresas distribuidoras de medicamentos que concentraron el 79.6 por ciento de la participación en las compras para el sector salud”.