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Los claroscuros de la nueva administración | Opinión

El nuevo gobierno ha emprendido una nueva ruta de apoyo para la población mayoritariamente pobre.

Por Redacción, 2019-07-03 16:54

Guerrero. Tlachinollan.- El histórico triunfo alcanzado por Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos, el primero de julio del 2018, representó un golpe de timón en la aplicación de las reformas estructurales impuestas desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. El Pacto por México, firmado el 2 de diciembre del 2012 en el Castillo de Chapultepec, por los principales partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista (PVE), fue la culminación de un proceso construido por las élites políticas y económicas para incorporar de lleno a nuestro país en la economía de mercado. Todo fue urdido a espaldas del pueblo, acelerando la privatización de los recursos estratégicos y ensanchando al mismo tiempo, la brecha de la desigualdad. La clase política, no solo se engolosinó con los negocios, sino que también se coludió con el crimen organizado. No es casual que 8 gobernadores hayan sido detenidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto por varios delitos, como delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción y peculado, entre otros.

Por otra parte, el modelo de seguridad implantado por Felipe Calderón, quien envío al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, incrementó la violencia y nos colocó en una situación muy crítica, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares y la marina, principalmente. Los asesinatos fueron a la alza y los casos de personas desaparecidas se generalizaron en el país. El punto de quiebre fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. El gobierno federal nunca dimensionó las implicaciones políticas y sociales que desencadenaría esta acción atroz perpetrada por agentes del Estado, coludidos con el crimen organizado. La indolencia gubernamental y su misma arrogancia cavaron su propia tumba. Crearon su narrativa centrada en el basurero de Cocula, que el ex procurador general de justicia José Murillo Karam, la bautizó como la verdad histórica.

La indignación ciudadana tomó las calles y exigió en un primer momento la renuncia de Enrique Peña Nieto. Fue un movimiento que cimbró el sistema presidencialista y agrieto su estructura de un poder anclado en la corrupción y la impunidad. Su cerrazón para atender los reclamos legítimos de una población agraviada fue la debacle de una clase política acostumbrada a menospreciar al ciudadano.  El movimiento disruptivo de los colectivos de personas desaparecidas marco un hito en la historia reciente de nuestro país, por el significado profundo que tienen, de ser un movimiento ético, basado en la increpación directa a las autoridades por incumplir con sus responsabilidades constitucionales de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Su autoridad moral es el motor que no solo les da fuerza, sino visibilidad política y legitimidad ante la comunidad internacional. Su palabra alcanza un mayor impacto y credibilidad que los discursos de los funcionarios federales y hasta del mismo presidente de la república.

Este movimiento desenmascaró al poder obtuso ejercido por el Ejecutivo Federal. Desnudó a la clase política y los mostró como parte del entramado delincuencial, que soporta este modelo depredador. Los puso contra la pared, sobre todo, cuando se fue desmoronando su versión de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Toparon con una población ávida de verdad y de justicia. No quisieron entender el mensaje, se mantuvieron montados en su estrategia simuladora, alimentada de un discurso hueco y con una figura presidencial desgastada y disminuida.

AMLOfest aniversario

Las expectativas de un cambio se volcaron el primero de julio. Fue un referéndum contra la administración peñanietista. Un sufragio que reprobó sus actos y, sobre todo, tachó el mal comportamiento de los partidos políticos que se subieron al pedestal del Ejecutivo, para compartir las prebendas alcanzadas con la aplicación de las reformas neoliberales.  Fue un mandato ciudadano por el cambio, una decisión libre y contundente para procesar otra forma de gobierno; que atienda el clamor popular, que respete a las víctimas, que proteja los derechos humanos, que combata la corrupción y que destierre los cotos de poder y la impunidad. La población se desbordó para exigir un trato digno y, sobre todo, para recuperar nuestra soberanía y nuestra capacidad para forjar el futuro que requiere nuestro país, con la participación de la clase trabajadora.

Las acciones del nuevo gobierno han mostrado ciertos cambios en la forma de procesar las demandas ciudadanas. La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco avalada por una consulta, fue la primera prueba de fuego que confrontó al presidente con los grandes consorcios económicos. La estrategia implementada para combatir el robo de combustible, conocida popularmente como el huachicoleo, puso al descubierto el gran negocio de muchos políticos que ordeñaron los ductos de Pemex a manos llenas. La política de austeridad basada en la reducción salarial para los altos puestos burocráticos y el adelgazamiento del aparato público ha sido el sello de identidad que quiere imprimir a su administración Andrés Manuel López Obrador.  Su anuncio de ya no vivir en los Pinos, por ser un signo de ostentación y ofensa para el pueblo, ha sido un recurso efectivo para mostrar su distancia de la figura presidencial imperial. La venta del avión presidencial y de toda la flotilla de aviones que utilizaban los grandes funcionarios, forma parte de esa muestra de desapego de los bienes suntuosos que representan un alto costo para el erario público.

El nuevo gobierno ha emprendido una nueva ruta de apoyo para la población mayoritariamente pobre. El 11 de enero, en la ciudad de Tlapa, AMLO puso en marcha el Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. También en la ciudad de Iguala, el 7 de febrero, dio inicio el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Un día después dio el banderazo para el inicio Programa Nacional de Fertilizante en Ciudad Altamirano. También se esta implementado en varios estados el Programa de Atención a Comunidades Afectadas por los Sismos de 2017 y el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Lamentablemente, estos nuevos apoyos que buscan beneficiar directamente a las personas, no están logrando los objetivos programados. Existe un gran vacío informativo sobre el nuevo esquema de funcionamiento. Además, los servidores de la nación son insuficientes, no tienen la capacitación adecuada y desconocen el contexto cultural. La movilidad humana es un factor que no ha sido dimensionado y que es determinante para ubicar a la población objetivo, que se encuentra fuera de su comunidad y de su estado. La población beneficiaria ha gastado dinero infructuosamente, para acudir a las cabeceras municipales donde supuestamente recibirán los apoyos. A muchos no les ha llegado ningún apoyo y, otros más, son presas de la desesperación porque existe solamente un cajero automático, que se encuentra a varias horas de su comunidad. La mayoría tienen problema para el cobro por la saturación de las personas.

El desencanto de este triunfo electoral se ha centrado en los megaproyectos anunciados desde el primer día de gobierno del nuevo presidente de la república. El anunció del tren maya, del corredor transístmico y la termoeléctrica de Huexca, que ha costado la vida de Samir Flores Soberanes líder opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), han dejado entrever que persisten intereses macroeconómicos dentro de la nueva administración federal, que se están imponiendo por encima de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es un gran desafío atender los reclamos legítimos de las comunidades que serán afectadas y que se oponen a estos planes de desarrollo capitalista.

Esta fecha tiene varios significados: por un lado, hoy se cumplen 5 años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron asesinadas por elementos del ejército mexicano. Es un caso donde prevalece el encubrimiento de los responsables y el patrón de impunidad que persiste entre los miembros castrenses. Por otro lado, este domingo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador puso en operación la guardia nacional, con una aparatosa demostración de fuerza, con los 70 mil elementos que se desplegarán en 150 regiones del país. Es una gran preocupación que siga apostándose a la intervención militar para realizar tareas de seguridad pública, que ha implicado violaciones graves a los derechos humanos, como varios organismos civiles lo hemos documentado. El caso del joven indígena Bonfilio Rubio Villegas, que fue asesinado en un retén militar cuando viajaba en un autobús a la Ciudad de México, permanece también en la impunidad. El pasado 20 de junio se cumplieron diez años en que la familia Rubio Villegas sigue demandando justicia. Actualmente su caso esta en proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en nuestro país se mantiene aún intacto el pacto de impunidad con los perpetradores castrenses.

El mensaje del secretario de seguridad pública Alfonso Durazo resaltó que con el despliegue de la guardia nacional “inicia el fin de la violencia”. Reitera que contribuirán al orden público y la paz social. Es un mensaje tomando con reservas, a pesar de la recomendación que dio el presidente de la república de que actúen con honradez, honestidad, dedicación y compromiso. De aplicarse de manera profesional, sin simulaciones. La población sigue sin encontrar una respuesta efectiva al problema de la violencia y la inseguridad. Muchos colectivos de familiares asesinados y desaparecidos han emplazado a las autoridades para que investiguen y castiguen a los responsables. Que llamen a cuentas a militares y marinos que han sido parte de este entramado delincuencial. La llegada de la guardia nacional a Guerrero, no parte de cero, porque la presencia militar realizando funciones de seguridad pública ha generado terror y ha escrito una historia de dolor, cuya herida sigue abierta. Por eso, nuestro optimismo en esta transición democrática se ensombrece ante los claroscuros de esta nueva administración.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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Robledo externa su apoyo al funcionario del IMSS baleado en Acapulco

El director de la dependencia afirmó que el IMSS está en contacto permanente con los familiares de Ruiz Brito

Por Redacción, 2019-07-18 19:55

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, lamentó el atentado sufrido por el jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza, de la delegación estatal del IMSS en Guerrero, Martín Fernando Ruiz Brito.

En un escueto comunicado, el IMSS señaló que Robledo condenó el ataque con arma de fuego contra el funcionario estatal. Afirmó que mantuvo permanente comunicación con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, “para dar seguimiento a las investigaciones que se realicen sobre este hecho”.

Afirmó que el IMSS está en contacto permanente con los familiares de Ruiz Brito. “Se les brindará todo el apoyo necesario y la atención médica necesaria”.

Este jueves, Ruiz Brito fue atacado a balazos por un presunto solitario que le disparó en la cabeza cuando salió de una camioneta particular, en el estacionamiento de la delegación del IMSS en la que labora; se desconoce su estado de salud.

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Astudillo ofrece una seguridad basada en lamentos por asesinatos

La retórica del gobernador de Guerrero refleja la ruina de su estrategia para darle al estado el orden y paz que son la bandera de su gobierno.

Por Elibeth D Nicolas, 2019-07-18 16:55

Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lamentó los hechos ocurridos en la comunidad de El Ocotito y aseguró existen avances en las investigaciones.

«Estas personas perdieron la vida de manera cobarde, porque hay menores de edad y el fiscal del estado tiene una actividad intensa y es una situación de su prioridad que tiene en este momento, hay avances», expresó el gobernador.

Cuestionado sobre la situación de violencia qué se vive en Petatlán, señaló que es un tema que se viene moviendo como una de las prioridades desde hace semanas, pues «Petatlán es también tema de prioridad para el estado y donde estará permaneciendo la policía», señaló.

Sobre la Guardia Nacional mencionó que esta nueva corporación se encuentra integrándose poco a poco y seguirán llegando apoyos materiales y logísticos.

Respecto al tema de la entrega de fertilizante indicó que el insumo se entregará hasta el 6 de agosto.

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«Morena usa fertilizante para ganar elecciones en Guerrero»: PAN

Eloy Salmerón fustigó a los Servidores de la Nación, porque buscarán algún puesto de elección popular.

Por Juan Manuel Molina, 2019-07-18 16:41

Guerrero.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eloy Salmerón Díaz, se lanzó contra los Servidores de la Nación y los acuso de trabajar con fines electoreros.

En conferencia de prensa, el líder panista señaló que el Programa de Fertilizante Gratuito, es utilizado por Morena y el gobierno federal con miras a las elecciones del 2021.

Refirió que entre el ejército de Servidores de la Nación, se encuentran figuras morenistas que en el pasado inmediato buscaron un cargo de elección popular y volverán a repetir en las elecciones próximas.

Expresó que el propio programa de fertilizante ha sido un fracaso, dado que se prometió que a más tardar el 15 de julio, todos los productores ya tendrían sus respectivos insumos, lo que finalmente no se cumplió y aún se está en proceso de entrega.

Propuso que el gobierno federal implemente un nuevo programa para abastecer de granos básicos a los poblaciones más pobres de Guerrero, que se vieron marginadas por la aplicación a destiempo de los apoyos agrícolas.