México.- La detención de Emilio Lozoya Austin en la Costa del Sol española, conocida en el Viejo Continente como una zona turística exclusiva, no solo para magnates, sino también para integrantes de la mafia europea, abrirá la caja de pandora sobre la corrupción en México si el exdirector de Pemex decide cumplir su intención, o amenaza, de señalar a los verdaderos culpables de los cargos que se le imputan

En reiteradas ocasiones el ex funcionario, quien en mayo de 2019 fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos públicos, sanción que fue avalada a principios de este mes por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, envió una amenaza velada al expresidente Enrique Peña Nieto y a varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Luis Videgaray, mediante su abogado Javier Coello Trejo, quien recordó que su defendido no se mandaba solo, por lo que se debería citar a declarar ante un juzgado al exmandatario.

Cabe precisar que esta sanción fue resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas en las cuales se comprobó que el entonces titular de Petróleos Mexicanos dio información falsa en su declaración patrimonial, al omitir en más de una ocasión una cuenta bancaria con cientos de miles de pesos.

Prófugo de la justicia mexicana desde el 8 de septiembre de 2019, Emilio Lozoya, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto, tiene varias ordenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es decir, se le acusa de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht, lo que le costó el rechazo del Reino Unido, ya que su gobierno adelantó a las autoridades mexicanas que no otorgaría el plácet por haber sido nombrado embajador de nuestro país en aquella nación europea, debido a que fue mencionado en el escándalo de la corrupción que involucró a esa compañía sudamericana.

Declaraciones juramentadas, de tres ejecutivos de Odebrecht, señalan que Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares a fin de asignarles contratos a esa firma entre 2012 y 201; además presuntamente participó en actos de corrupción en la empresa OHL y en la compra irregular de una planta de fertilizantes.

Lo interesante de todo esto no es si las autoridades nacionales pueden o no comprobar estas y otras acusaciones que saldrán en contra del exdirector de Pemex, sino ver hasta donde quiere involucrar Emilio Loya a Peña Nieto y a otros funcionarios del sexenio pasado, quienes, según el ahora detenido, lo dejaron solo en una bronca donde hay varios peleadores de peso completo de la administración peñista.

Y aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere subirse a ese ring, la detención de Emilio Lozoya brindará la oportunidad a muchos funcionarios del actual gobierno y sobre todo al pueblo sabio de insistir en la necesidad de enjuiciar a Enrique Peña Nieto y a su camarilla, debido a la excesiva corrupción que caracterizó su mandato.

Mientras eso pasa, tendrán que seguir refrescando la leña verde con la que piensan quemarlos en la hoguera, pues la extradición del exdirector de Pemex va para largo, de acuerdo a los pronósticos judiciales, tanto de allá como de acá.

Lozoya y la caja de pandora de la podredumbre peñista

¿Quién no quisiera ver involucrados a un proceso penal a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, Gerardo Ruíz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía, Luis Miranda Nava, exsecretario de Sedesol, Enrique Ochoa Reza, exdirector de la CFE y a Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia, entre otros?

¿Será que algún día verenos esto o nos conformaremos con uno que otro enjuiciado de medio pelo? Hagan sus apuestas.