México. Insight Crime.- Una investigación sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en México, especializado en saqueo de cajeros automáticos (skimming) y fraudes con tarjetas de crédito, ha revelado detalles sobre el modus operandi del grupo, lo que incluye una red de alianzas políticas.
A principios de febrero, una investigación conjunta del FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México permitió congelar cuentas sospechosas de pertenecer a rumanos. Según la UIF, las sustanciales ganancias de la organización en todo México incluyen operaciones por US$23 millones dentro del país, transferencias internacionales por valor de US$24 millones y cheques y transferencias interbancarias por el colosal valor de US$231 millones.
En total, la denominada “banda de la Riviera Maya” ha robado unos US$1.200 millones en los últimos cinco años. Milenio se refiere al esquema como “el mayor robo bancario en la historia de México”.
Pocos días después de retener las cuentas, las autoridades federales anunciaron presuntos vínculos entre Florian Tudor, alias “El Tiburón”, ciudadano rumano que lidera la banda, y una amplia red de protección formada por políticos mexicanos, entre los que se encuentran exgobernadores del estado de Quintana Roo, legisladores de la nación y alcaldes de ciudades cercanas a Cancún.
En tanto se continúan conociendo detalles de este esquema, InSight Crime echa un vistazo a los principales aspectos que se han conocido hasta el momento:
El único grupo criminal europeo oriundo de América Latina
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Varias organizaciones criminales europeas han tenido presencia durante mucho tiempo en América Latina, incluidos grupos de mafiosos italianos, albaneses y serbios, pero su presencia en la región ha consistido en intermediarios y operadores que establecen asociaciones criminales con organizaciones latinoamericanas para asegurar el suministro de cocaína hacia Europa.
El grupo de Tudor era diferente. Con base de operaciones en México, conformó alianzas con otros grupos criminales y con diversos políticos con el fin de operar sin obstáculos. La banda de la Riviera Maya ha sido vinculada con el tráfico sexual y la extorsión, y el hecho de haberse mantenido al margen del narcotráfico quizá le ha otorgado cierta independencia con respecto a otras estructuras criminales.
Su presunto líder, Tudor, se mudó de Rumania a Cancún antes de 2014, y a él le siguieron amigos y familiares que han establecido un círculo cerrado, conformado principalmente por ciudadanos rumanos, el cual ha sido difícil de infiltrar por las unidades de inteligencia y la fuerza pública.
Aunque el centro de operaciones del grupo ha estado en Cancún, ha tenido presencia en todo el país. Algunos de los miembros del grupo, conocidos como “pullers” eran desplegados para retirar dinero con tarjetas clonadas e instalar dispositivos en más de 100 cajeros automáticos en Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Cozumel y otros sitios turísticos. El esquema ha sido tan lucrativo que algunos de los edificios más nuevos de Cancún supuestamente tuvieron inversiones de Tudor.
Si bien el grupo tenía ciertas características comunes con otras organizaciones mexicanas, como comprar políticos para que les ofrecieran protección, es el único ejemplo de un grupo criminal liderado por europeos basado totalmente en América Latina.
Protección política
El éxito de la mafia rumana se ha debido en parte a la extensa red de contactos de Tudor, que incluye varios partidos políticos y funcionarios corruptos del nivel nacional y local que le han ofrecido protección durante años.
Milenio publicó información de inteligencia que señala que entre los vinculados al grupo se encuentran José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado del Partido Verde, así como dos exgobernadores de Quintana Roo, entre muchos otros.
También se han hecho denuncias contra René Bejarano, actual aspirante a diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). El 9 de febrero, Bejarano admitió públicamente que conocía a miembros vinculados al grupo de Tudor, pero aseguró que cortó todos los lazos con ellos cuando se dio cuenta de que estaban usando su nombre y el de su partido para participar en actividades criminales.
En mayo de 2020, surgieron informes de que varios funcionarios del Ministerio Público estaban involucrados en la protección del grupo.
En febrero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación completa sobre la banda de la Riviera Maya y sus operaciones.
Lavado de dinero
El gobierno mexicano se encuentra investigando pruebas de que la banda creó múltiples compañías fachada mediante las cuales invirtieron millones de dólares en bienes raíces, adquisición de tierras, casinos y artículos de lujo en México, incluida una propiedad de lujo de varios pisos que era utilizada como su sede principal en Cancún.
Una investigación sobre la banda, realizada en 2020 por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), señala que, en 2015, el hermanastro de Tudor, Adrian Enăchescu, también creó una empresa ubicada en Delaware, Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y San Francisco, que supuestamente era utilizada para enviar dinero de cuentas bancarias estadounidenses a miembros de la organización en México y Rumania.
Craiova, la ciudad natal de Tudor, es un centro de grupos del crimen organizado rumanos, que son ayudados por la rampante corrupción local, lo cual se puede evidenciar por sus lujosos apartamentos en el centro de la ciudad, que suelen ser adquiridos con dinero enviado desde México y Estados Unidos. La ciudad fue supuestamente el lugar de origen de las operaciones de desfalco de cajeros automáticos en países como Suiza, Italia, Francia y Estados Unidos.
Respuesta estatal
Desde que el modus operandi de la organización se dio a conocer en 2015, las autoridades estadounidenses, mexicanas y rumanas han llevado a cabo múltiples detenciones para intentar desmantelar el grupo, pero el estrecho círculo de El Tiburón y sus contactos políticos a menudo han hecho difícil esta tarea.
El 31 de marzo de 2019, Tudor fue detenido en Quintana Roo, pero fue liberado horas después debido a falta de pruebas. También ha habido allanamientos de varias propiedades, que según el presunto cabecilla han sido ilegales.
Sin embargo, los esfuerzos se han intensificado notablemente en las últimas semanas. El 31 de enero, al menos 85 rumanos fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún dado que no pudieron dar razón del motivo de su viaje, y cuatro de ellos fueron devueltos a Europa, pues tenían prohibiciones para viajar. El 4 de febrero, la UIF congeló las cuentas bancarias de al menos 79 presuntos miembros y cómplices de la banda de la Riviera Maya; sin embargo, esto ha resultado ser ineficaz en el pasado, ya que finalmente suelen ser desbloqueadas.
