México.- Los 51 juicios en contra de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) fueron provocados por el proceso “absolutamente desaseado” que otorgó la administración pasada en la CDMX, es decir, la que era comandada por Miguel Ángel Mancera, así lo dio a conocer la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
“El proceso con el que la administración anterior otorgó nuevos permisos o negó su revalidación para operar verificentros en la capital, provocó la existencia de 51 juicios contra la Secretaría”, denunció la jefa capitalina.
Mediante conferencia de prensa, Sheinbaum anunció todas las irregularidades que encontró en relación a la administración anterior, en las que destacó la autorización de que 20 empresas sin experiencia operaran como verificentros, es decir hubo presuntos conflictos de interés y corrupción.
“No sabemos por qué le dieron a 20 nuevos verificentros una autorización, (son) empresas que no tenían ninguna experiencia en verificación vehicular, mientras que 50 que venían operando desde antes, bien o mal, no se les tomó en cuenta. ¿Qué hay detrás? Cuando decimos que no hay transparencia, probablemente hay corrupción”, comunicó Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, dijo que “hay una cantidad de juicios enormes en donde (no hay claridad de) cuántos verificentros van a estar operando hacia o en los próximos meses, y a cuántos el juez les va a pedir autorización”.
En este mismo sentido, argumentó que ya ha tomado la decisión de indagar más a profundidad, sin que sean juez y parte, “sino buscar a terceros que nos ayuden en la revisión de este proceso que viene desde 2015”, agregó.
Estos señalamientos que repercuten en la administración pasada, dirigida por Mancera, también atañen a quien dirigió la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la cual estaba a cargo de Tanya Müller.
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Mientras tanto, los juicios se encuentran en Juzgados de Distrito y en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Finalmente, es importante aclarar que se abrirá una convocatoria para que hayan más verificentros regulados y aprobados por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General, con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
