#Suave Patria

Mandaderos del corrupto Javier Duarte quedan libres

Esto vuelve a generar sospechas de que uno de los peores escándalos de corrupción de México se esté ocultando bajo la alfombra.

Por Redacción, 2019-04-13 11:33

México. InSight Crime- Funcionarios vinculados al gabinete de seguridad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, han sido absueltos de todos los cargos o han quedado libres antes de tiempo, lo que vuelve a generar sospechas de que uno de los peores escándalos de corrupción de México se esté ocultando bajo la alfombra.

El 15 de marzo, Flavino Ríos Alvarado fue absuelto de múltiples cargos de tráfico de influencias y abuso de autoridad durante la época en la que ejerció como secretario de Gobernación en la administración de Duarte. Dos días después de asumir el cargo como gobernador interino tras la precipitada renuncia de Duarte en 2016, Ríos Alvarado supuestamente consiguió un helicóptero para facilitar la huida de Duarte.

Javier Duarte ejerció como gobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2010 y 2016, y su administración llegó a ser conocida como una de las más corruptas de México. Su gobierno está acusado de malversar más de US$45 millones de fondos federales, así como de participar en el aumento de las desapariciones forzadas, que convirtió a Veracruz en uno de los estados más peligrosos del país. Duarte renunció a su cargo poco antes del final de su mandato, pero huyó del país en lugar de enfrentar los cargos, permaneció prófugo durante seis meses, y fue finalmente capturado en Guatemala.

Ríos Alvarado es el sexto funcionario de Duarte que ha sido liberado desde que la actual administración del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asumió el poder del Estado el 1 de diciembre.

Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de seguridad pública, Mauricio Audirac Murillo, extesorero de Duarte, y Francisco Valencia García, exsecretario de obras públicas, fueron liberados y quedaron bajo medida de aseguramiento pocos días después de la llegada del nuevo gobernador, aunque todavía hay cargos en contra de ellos. A María Georgina Domínguez Colio, quien ejerció como portavoz de Duarte, se le concedió arresto domiciliario en febrero, y su secretario privado, Juan Antonio Nemi Dib, fue exonerado el 12 de marzo.

Dado el peso de las acusaciones contra estos exfuncionarios, que incluyen una enorme malversación de fondos, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la cadena de precipitadas liberaciones ha causado revuelo en Veracruz. El caso más llamativo es el de Bermúdez Zurita, quien además está acusado de participar en la desaparición forzada de 15 personas que luego fueron halladas muertas.

Funcionarios de diferentes vertientes políticas de Veracruz han condenado públicamente las liberaciones, entre ellos el actual gobernador Cuitláhuac García, del partido Morena. Pero el momento en el que esto ocurre no deja de generar sospechas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una postura firme contra Duarte durante su campaña electoral, presentando su caso como la mayor muestra de corrupción e impunidad en México. Pero su retórica se ha suavizado notablemente desde que fue elegido, lo que hace pensar que su programa de lucha contra la corrupción es solo superficial.

Demonizar casos indignantes como el de Duarte es una táctica conveniente para ganar votos de todos los frentes políticos. Pero la erradicación de la corrupción sistémica es una tarea más difícil y compleja.

Arturo Ángel, periodista veracruzano consultado por InSight Crime, explicó que, a pesar de la supuesta autonomía de los fiscales mexicanos, el enorme retraso en los casos significa que algunos requieren de apoyo político para que avancen. López Obrador ha expresado repetidamente su renuencia a hacerlo, aduciendo la necesidad de mirar hacia el futuro en lugar de participar en “cacerías de brujas” políticas.

Los funcionarios de la administración Duarte han tenido por costumbre refugiarse bajo el manto de otros partidos políticos, tanto de la administración del PAN/PRD de Miguel Ángel Yunes, que ocupó la gobernación entre 2016 y 2018, como de la actual administración de Morena, a cargo de Cuitláhuac García, como lo registró Proceso en noviembre. En este contexto, la promesa de López Obrador de no llevar a cabo cacerías de brujas políticas parece una excusa velada para no invertir recursos en los heredados casos de corrupción que involucran a estados como Veracruz.

Sin embargo, el partido Morena ha sido acusado de mayores niveles de complicidad con la administración Duarte en Veracruz. Desde 2016 han abundado los rumores de un “pacto electoral” entre Morena y el PRI, según los cuales Morena presuntamente recibió dineros de Duarte para que se hiciera el de la vista gorda frente a sus malas conductas, con el objetivo de marginar electoralmente la coalición de PAN/PRD, rival de Yunes.

Si bien no se ha presentado ninguna prueba que sustente estos alegatos, la pronta liberación de los funcionarios de Duarte ha aumentado inevitablemente esas sospechas.

Arturo Ángel, sin embargo, advierte que no se deben hacer extrapolaciones apresuradas. Las acusaciones de asociaciones con Duarte se han convertido en un balón político en Veracruz, y todas las partes lo están usando para anotar goles contra sus rivales. Por su parte, la administración de Morena ha acusado al actual fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, cercano aliado de Yunes, de sabotear los cargos contra los exfuncionarios y de llegar a acuerdos para que se les permita intercambiar propiedades por impunidad.

Si bien tales denuncias parecen exageradas, especialmente dada la abierta animosidad que los funcionarios de Duarte han expresado hacia Winckler, Arturo Ángel propone una interpretación más plausible.

“El nuevo gobernador que llegó, rival de Duarte, presionó a la Fiscalía General para obtener resultados rápidos, pero se cometieron errores en la compilación de estas investigaciones […] Esto causó que algunos de estos casos efectivamente fracasaran, mientras que otros han sido bastante cuestionados”, explica Ángel.

Se espera que el próximo mes se abran cuatro nuevos casos contra exfuncionarios suyos, a la vez que otros 26 están pendientes en la Procuraduría General de la República. El avance de estos casos, o su retraso, será un barómetro importante de la voluntad política para avanzar en la agenda anticorrupción en México, y ofrecerá pistas sobre la verdadera alineación de intereses en Veracruz.


Este texto fue tomado de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/compinches-de-exgobernador-de-veracruz-quedan-libres-en-mexico/

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Director del ISSSTE espera que Mireles se porte bien; cierra el caso

«Yo lo doy por cerrado completamente, yo espero que el doctor Mireles haya aprendido la lección», declaró Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por Redacción, 2019-09-17 21:05

México.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que está cerrado completamente el caso del subdelegado de la dependencia en Michoacán, José Manuel Mireles, quien expresó comentarios misóginos.

«Yo lo doy por cerrado completamente, yo espero que el doctor Mireles haya aprendido la lección y que se dedique mejor a trabajar y atender a la gente», comentó el director del ISSSTE.

De acuerdo con Reforma, el funcionario indicó que ya se acudió a la Secretaría de la Función Pública, particularmente al Órgano Interno de Control, para que se revise si hay algún tipo de acciones contra Mireles.

Sin embargo, destacó que el subdelegado ya se encuentra en algunos cursos de capacitación y orientación, para que sus dichos ya no se vuelvan a repetir porque refirió que no se puede “nada más declarar así con puras ocurrencias».

Ramírez puntualizó con que la Dirección Médica del ISSSTE debe estar vigilante de la conducta de los funcionarios dedicados a atender a los derechohabientes.

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Frena Senado propuesta para convertir CNDH en la Defensoría del Pueblo

La medida se debe a que ha iniciado el proceso de del nuevo ombudsman, y se busca evita afectaciones al proceso de decisión.

Por Redacción, 2019-09-17 20:55

México.- El Senado de la República frenó la iniciativa para convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una Defensoría del Pueblo, y dejó las iniciativa sobre el tema para después de la elección del ombudsman.

“Se ha iniciado ya la activación formal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la comisión de Justicia, para iniciar todo un proceso de elección del ombudsman. Eso quiere decir que toda iniciativa en este momento se frena, por razones formales y metodológicas, para que no afecte todo el proceso de decisión”, indicó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Monreal Ávila dijo que el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez le manifestó esta mañana su preocupación por el retroceso en el caso Ayotzinapa; el caso de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya; así como las recomendaciones que el Gobierno Federal ha ignorado en torno a la cancelación del programa de estancias infantiles.

En tanto, la senadora de oposición Kenia López se pronunció porque el Senado garantice la independencia del próximo titular de la CNDH, a través de un ejercicio de en el que se escuchen las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“Estamos hablando de un organismo constitucional autónomo de trascendencia y envergadura por lo que desde el Parlamento Abierto debemos proteger que quien resulte electo actúe conforme a sus obligaciones, con apego a la ley y sin filias ni fobias”, precisó.

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INE no encuentra 320 vehículos registrados en su inventario

Otros 44 automóviles identificados de forma física, no se encontraron registrados en el Sistema de Administración (Siga).

Por Redacción, 2019-09-17 20:39

México.- Una serie de anomalías fueron detectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC) no se hallaron 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los vehículos patrimoniales del máximo órgano electoral del país.

Otros 44 automóviles identificados de forma física, no se encontraron registrados en el Sistema de Administración (Siga), indicó el OIC como resultado de la auditoría financiera aplicada al parque vehicular propiedad del INE, de acuerdo con el diario El Universal.

En el informe previo de gestión del primer semestre de 2019 del OIC, se detectaron 208 resguardos vehiculares que no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados.

Lo que indica que los autos no se encuentran en las oficinas centrales del INE; además existen otros 13 casos en los cuales no se acreditó el resguardo correspondiente.

De acuerdo con la investigación, en 81 de 95 casos de vehículos enajenados se continuó pagando la poliza de cobertura amplia y no se ajustó a la nueva de contenidos (que es menos costosa) una vez que fueron autorizados en el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y Consumo 2018, por lo que existen primas pagadas pendientes de recuperar por un monto aproximado de 67,000 pesos.

Mientras que en nueve casos de autos siniestrados no se ha obtenido la indemnización correspondiente, a pesar de haber transcurrido de 207 hasta 564 días desde que sucedió el accidente, indicó la OIC en su informe.

Otras de las irregularidades que también se encontraron fueron de una conducta sistemática de dar vista sobre supuestas anomalías a otras áreas del INE o al OIC, pero que después de varios años, esto ha impedido una investigación o una sanción.

El Órgano de Control Interno dijo que a partir de estos incidentes comenzarán a tener mecanismos para conocer de inmediato las denuncias, lo que permitirá combatir la impunidad en este tipo de casos.