#Guerrero

Marchan trabajadores del IEEJAG por desatención de autoridades

Exigen que gobierno estatal asigne un director para el IEEJAG, porque desde la salida de Jorge Salgado Parra, no se ha nombrado a un responsable.

Por Alejandro Ortiz, 2018-04-13 12:10

Guerrero.- Trabajadores del Instituto Estatal para la Ecuación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), inician marcha de protesta en Chilpancingo y amagan con bloquear totalmente la autopista del Sol en Chilpancingo.

Luego de cuatro días de protesta, sin la atención de autoridades estatales, los manifestantes decidieron iniciar una marcha hacia el sur de la ciudad para demandar la solución de sus demandas.

La principal petición es que el gobierno asigne un director para el IEEJAG, ya que desde la salida de Jorge Salgado Parra, no se ha nombrado a un responsable y varios trámites se encuentran detenidos.

La marcha avanza por los carriles de alta velocidad del bulevar Vicente Guerrero, hacia el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.

#Guerrero

OPINIÓN | Guerrero: entre los filos de la muerte

La población guerrerense se ha topado con la delincuencia sin que tenga la protección de las autoridades, más bien, tiene temor a las mismas autoridades por el doble papel que desempeñan.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2018-11-20 11:19

Tlachinollan, Guerrero.- Es sumamente preocupante el clima de violencia que se multiplica en nuestro estado y que está orillando a decenas de familias a huir de sus hogares para poner a salvo su vida.

No solo la extrema pobreza lastima a la niñez que padece una desnutrición severa, sino el crimen organizado que se enseñorea en estas regiones marginadas, para someter a poblaciones sumamente vulnerables.

Es inconcebible que en un estado militarizado la población tenga como principal problema la inseguridad, y que además no le generen ninguna confianza estos cuerpos de seguridad ni las fuerzas armadas. Para el pueblo de Guerrero sigue siendo un gasto oneroso e infructuoso el sostenimiento de un aparato represivo que no ofrece ninguna protección a la población, mucho menos garantiza ser una fuerza de contención ante la embestida criminal.

Una evaluación objetiva sobre estos tres años de la administración del gobernador Héctor Astudillo pone en entredicho su compromiso de velar por el orden y la paz en el estado.

El indicador más funesto no es un edificio incendiado, sino el fuego de las armas que se accionan diariamente a lo largo y ancho del estado, y que tiene un alto costo de vidas humanas. El registro de más de 7 asesinatos diarios en las diferentes regiones del estado nos ha colocado como la entidad más violenta del país. Vivimos bajo el acecho de la muerte y el tableteo de las metralletas.

La narcotización de nuestra economía nos ha colocado en los filos de la muerte.

No solo en el Filo Mayor se vive esta pesadilla, sino en la Zona Centro, en la Tierra Caliente, en la Costa Grande, Zona Norte, Acapulco, Costa Chica y la Montaña.

En cada región se protagonizan conflictos de alta intensidad, unos más visibles y de mayor impacto que otros. Por desgracia todos ellos registran pérdidas de vidas humanas.

Son los actores armados los que están marcando el derrotero de nuestra vida como guerrerenses. Son ellos los que están imponiendo su ley, los que están controlando amplias franjas de nuestro territorio y los que han logrado supeditar a las mismas autoridades locales para imponer sus intereses facciosos.

Con azoro vemos cómo la autoridad está siendo rebasada. Los acontecimientos trágicos se multiplican en la medida en que los conflictos son dejados de lado o se postergan sus soluciones. No hay un plan integral para prevenir y atender los conflictos, tampoco existe un pulso apropiado sobre la alta conflictividad social que arrastra una serie de problemáticas que se han desatendido por años.

Las autoridades del estado se reducen simplemente a sobrellevar los problemas, a desactivar la presión social y mediática, y no dan soluciones de fondo apostándole al desgaste de las partes en conflicto.

Lo que más ha agravado este escenario ensangrentado es el negocio de las drogas. Este giro de la economía criminal es el detonador de la confrontación violenta. No hay reglas ni códigos para respetar la vida de los demás. La destrucción de los enemigos es el único horizonte que guía a las organizaciones delincuenciales que han puesto en jaque al mismo sistema de seguridad del estado. Las estructuras porosas del aparato gubernamental han dado cabida a personajes siniestros de la delincuencia organizada dentro de los círculos del poder político.

Esta situación ha hecho que las instituciones estén debilitadas y que las mismas autoridades pierdan credibilidad ante una población que padece el hastío causado por la corrupción, la impunidad y la colusión de las autoridades con el crimen organizado.

Genera desconcierto y temeridad al ver que las autoridades den palos de ciego ante el emplazamiento de actores no estatales que accionan sus armas para mostrar su poder, como sucedió este sábado 17, a unos kilómetros del poblado de los Morros, cuando la caravana de familias desplazadas que iba escoltada por militares y policías, fue atacada por civiles armados. Este hecho puso a prueba a todo el aparato de seguridad del estado, porque fue un gran desafío al detonar sus armas y mostrarse decididos a una confrontación armada.

Para el coordinador en Guerrero de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Hipólito Lugo Cortés, esta agresión fue una muestra clara de la falta de condiciones de seguridad para el traslado de las familias desplazadas. Esto mismo lo constataron los periodistas que documentaron con mucho valor y profesionalismo un momento que puso en al filo de la muerte a todos los miembros de la caravana.

En esta región los conflictos que se han ido incubando a lo largo de los años, por el negocio de la droga, están tocando fondo ante la inacción del gobierno, que deja hacer y deja crecer las disputas entre los grupos de la delincuencia, que han encontrado el respaldo en varios agentes del estado.

La descomposición de las instituciones encargadas de garantizar seguridad y el contubernio que se ha venido normalizando entre actores estatales y no estatales para que florezcan los negocios ilícitos, es lo que nos tiene al borde del despeñadero.

Hay la sensación de que las autoridades están temerosas de trastocar intereses macrodelincuenciales y no se ven decididas a enfrentar con toda la fuerza de la ley un problema mayúsculo, donde existe complicidad y hasta involucramiento de algunos miembros del aparato de seguridad.

El tejido social está tan dañado que se requiere un trabajo muy minucioso y profundo para arrancar de raíz los negocios ilícitos y desmantelar a los grupos que se han creado al amparo del poder para proteger los intereses de la economía criminal. Se siguen sacrificando vidas de gente que se encuentra atrapada en estos enclaves de la delincuencia; que son víctimas de las disputas territoriales y que enfrentan de manera fatalista un futuro donde la muerte aparece en primer plano.

La población guerrerense se ha topado con la delincuencia sin que tenga la protección de las autoridades, más bien, tiene temor a las mismas autoridades por el doble papel que desempeñan; de representar la ley, pero al mismo tiempo, de violarla y de encubrir a quienes han hecho del delito un negocio redituable.

Esta misma semana se registró otra acción delincuencial en el Puerto de Acapulco, contra el líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, quien se encuentra encarcelado desde el día 7 de enero en el penal de la Cruces.

El lunes 12 varias personas desconocidas, rociaron con gasolina sus cuatro motos acuáticas, que se encontraban varadas en la playa de Icacos. Fue una acción bien planeada: lo hicieron de madrugada y de inmediato le prendieron fuego a las cuatro motos de Marco Antonio, dejando intactas a las demás unidades. Esta agresión se dio a los pocos días de que el líder del CECOP denunciara en este mismo diario, la detención arbitraria, tortura e incomunicación que sufrió por parte de elementos de la policía ministerial.

Este hecho nos muestra cómo se cometen actos vandálicos contra defensores comunitarios, como si fueran parte de la delincuencia común, sin embargo, corroboramos que existe un patrón delincuencial donde se encuentran involucradas personas de la delincuencia que están al servicio de agentes del Estado.

La crisis de gobernabilidad se acrecienta cuando las autoridades utilizan las instituciones para beneficio propio y manejan la ley a su antojo criminalizando a líderes sociales que defienden los derechos del pueblo y protegen sus bienes naturales.

Cuando la población se organiza y logra demostrar que tiene el derecho y la razón de su lado, los gobernantes se empeñan en perseguir y encarcelar a quienes consideran un obstáculo para sus proyectos políticos y económicos. Saben que ahora es más complicado actuar de manera impune contra la población que se organiza, por eso mismo, varias autoridades han encontrado en los grupos de la delincuencia sus mejores aliados para cometer sus fechorías.

Actualmente con esta descomposición de la vida pública se mezclan los intereses de las autoridades con los intereses de la delincuencia organizada. Ya no es tan fácil distinguir en qué momento actúa la autoridad y que en circunstancias operan los grupos de la delincuencia.

Por esta razón la gente se siente asediada tanto por los actores estatales como por los grupos de la delincuencia y no tiene otra alternativa que cuidarse de todos ellos. Tienen que huir de sus mismos hogares para auto protegerse porque sabe que las autoridades no saldrán en su defensa y mucho menos invertirán el tiempo y el dinero necesarios para asegurar su retorno. Es la gente pobre la que tiene que luchar contra viento y marea para sobrevivir entre los filos de la muerte.

Marco Antonio no solo tiene que enfrentar un juicio plagados de irregularidades que tiene consigna política, sino que ahora tiene que luchar junto con su esposa y sus hijos para que las autoridades investiguen estos hechos. Teme que siga escalando el conflicto y que aumente el riesgo no solo personal sino el de su familia por el hecho de mantener en alto su lucha como defensor comunitario y seguir peleando para que las autoridades respeten la decisión de las comuneras y comuneros del CECOP, que han ganado todas las batallas jurídicas contra la construcción de la presa hidroeléctrica la Parota.

#Guerrero

“Agresores de Cruz Roja mataron a dos sacerdotes en febrero”: Astudillo

El líder regional de un grupo delictivo de la zona Norte de Guerrero, apodado como “El Fierros”, junto con “El Pelón”, serían los responsables del atentado.

Por Alejandro Ortiz, 2018-11-20 10:58

Guerrero.- El líder regional de un grupo delictivo que opera en la zona Norte de Guerrero y que es apodado como “El Fierros”, junto con “El Pelón”, serían los responsables del atentado contra una brigada humanitaria en la localidad de San Juan Tenería, municipio de Taxco, que dejó un saldo de cuatro muertos, informó el gobernador, Héctor Astudillo Flores.

Previo al desfile cívico militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, el mandatario priista dio a conocer que de acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes que mataron a 4 personas el fin de semana, tres policías y un paramédico, tendrían relación con otros crímenes de impacto en esa zona de la entidad.

El pasado domingo 18 de noviembre, un grupo de aproximadamente 20 armados con ropas tipo militar, atacaron a una brigada humanitaria, encabezada por la Cruz Roja Mexicana, que llevaba apoyos a habitantes de San Juan Tenería por las bajas temperaturas.

“Las primeras investigaciones orientan a que quienes cometieron este reprobable crimen colectivo, son las mismas personas que tienen que ver con el asesinato de dos sacerdotes el pasado mes de febrero”.

“Hay órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos no por estos delitos aún (…), yo lo que creo es que las carpetas de investigación deben integrarse muy ágil”, indicó.

-¿Son integrantes de la Familia Michoacana?, se le cuestionó.

-“No te podría decir si son o no, lo que sé es que es un grupo que opera en las inmediaciones de Taxco y lo que sabemos es que está comandada por un joven apodado El Pelón y también participó una persona apodada Fierro. Estas personas encabezaron el atentado donde murió el paramédico de la Cruz Roja y tres policías estatales”, dijo el gobernador.

Entre otros temas, Héctor Astudillo consideró que en la investigación del crimen ocurrido durante el fin de semana debe de participar la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), debido a que los acontecimientos “superan la operatividad local”.

Finalmente habló sobre el fallido operativo para regresar a familias desplazadas y manifestó que fue un acto de irresponsabilidad el haber llevado a las familias por la carretera Chichihualco-Los Morros.

Detalló que tal decisión de llevar a las familias por ese tramo, donde la caravana fue atacada, la tomó el alcalde de Leonardo Bravo, Ismael Castulo Guzmán.

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Ataque armado a brigada humanitaria duró 20 minutos: Cruz Roja Taxco

“Estuvieron 15 minutos con los tiros, se retiraron como cuatro minutos y regresaron y balearon otros cinco minutos. Fue imparable”, se relató.

Por Redacción, 2018-11-19 21:37

Chilpancingo, Guerrero.- Oscar Figueroa, presidente del Consejo de la Cruz Roja local, aseguró que el ataque en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el que murieron cuatro personas y seis resultaron heridas, duró 20 minutos.

“Eran tantos y por eso alcanzaron a nuestros paramédicos. Estuvieron 15 minutos con los tiros, se retiraron como cuatro minutos y regresaron y balearon otros cinco minutos. Fue imparable”, relató en entrevista.

Figueroa contó que los paramédicos acudieron a esa comunidad localizada en la parte alta de Taxco para brindar una charla sobre prevención de accidentes, cuando ocurrió el ataque, donde un paramédico de la Cruz Roja murió.

“Estábamos dando charlas de prevención de accidentes en el hogar. Cuando nos sorprendió un grupo armado, empezamos a escuchar los tiros. Fue muy lamentable vivir esta situación con los paramédicos, no entendemos por qué este ataque”.

“No eran menos de 10 jóvenes, llevaban gorra, gafas y lentes. Teníamos las camionetas y las ambulancias nos protegieron, los vehículos quedaron baleados, inservibles. Tratamos de ayudar a todos a refugiarse dentro de la comisaría”, explicó.

El presidente del Consejo de la Cruz Roja local dijo que no sirvió la seguridad que les proporcionó el estado y por ello pidió al nuevo gobierno que les garantice la seguridad para continuar con su labor humanitaria.

“El gobierno nos ofreció escolta y las aceptamos, eran cuatro elementos en una patrulla, pero los agarraron descuidados. Al nuevo gobierno, que no nos dejen tan abandonados, ponemos mucho de nuestra parte a nuestra comunidad. Vamos a seguir con nuestros principios, pero no se olviden de nosotros”, recordó.