#A sangre fría

Marinos y militares también recurren a la desaparición forzada

La participación de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco ha incrementado la violencia y el número de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.

Por Redacción, 2019-05-27 17:01

México.- El 11 de mayo de 2015, Jhonit Enríquez Orozco, de 23 años, trabajador de una empresa que presta servicios a Pemex, descansaba en su casa de Coatzacoalcos, cuando un grupo de policías estatales de Veracruz irrumpió violentamente en la vivienda y se lo llevó.

De nada valieron todos los esfuerzos de su familia por buscarlo en todas las comisarías, agencias del Ministerio Público u hospitales de la ciudad, la zona y el estado: sencillamente lo desaparecieron, como han hecho con miles de personas durante la llamada «guerra contra el narcotráfico».

Su hermana Lenit Enríquez es una de las miles de mexicanas que, improvisada y dramáticamente, se han visto obligadas por las circunstancias a aprender el «ABC» de la desaparición forzada, como parte del colectivo «Madres en Búsqueda».

En entrevista, Lenit Erníquez narró que esa noche se puso en marcha el operativo «Blindaje Coatzacoalcos», que supuestamente buscaba delincuentes. Al igual que a su hermano, otros trabajadores, uno de ellos de la CFE, fueron desaparecidos con el mismo modus operandi.

Ninguno de ellos había cometido delitos ni había sido detenido, y no se conocían entre sí, pero la autoridad hizo creer que eran delincuentes, aunque sus familias los consideran víctimas de la descomposición que propiciaron los gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.

No obstante, también son víctimas de la llamada «guerra contra el narcotráfico», declarada en 2006 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien más tarde negó haberlo hecho.

Esta estrategia obligó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública, lo que, según especialistas, ha incrementado la violencia y el número de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.

El estudio «Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. La evidencia en México 2006-2012», coordinado por Ernesto López Portillo Vargas, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ofrece cifras reveladoras.

Entre los años 2007 y 2018 se produjeron cuatro mil 250 enfrentamientos de fuerzas públicas diversas contra civiles, entre los cuales 75 por ciento fueron con militares, 18 por ciento con la Policía Federal y siete por ciento con marinos.

El estudio cita cifras obtenidas por expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes identificaron, tan sólo entre los años 2008 y 2014, a mil 755 civiles muertos en enfrentamientos con militares.

De los años 2012 a 2016 se abrieron 505 investigaciones contra soldados por crímenes contra civiles, donde destacan el enfrentamiento con maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

En la recomendación 51/2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre estos hechos, se concluye que la madrugada del 30 de junio de 2014, en Cuadrilla Nueva, parte de la comunidad de San Pedro Limón, elementos del 102 Batallón de Infantería violaron el derecho a la vida de 22 personas, incluida una menor de 15 años.

Lo que el Ejército presentó en principio como un enfrentamiento con saldo de un soldado herido y 22 presuntos delincuentes muertos, se comprobaría más tarde como una ejecución extrajudicial y se convertiría en un caso paradigmático de las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías metidos a labores de seguridad pública.

«Las privaciones arbitrarias a la vida se efectuaron de forma deliberada, sin existir justificación de por medio y de forma intencional. Las víctimas se habían rendido y pudieron presenciar cómo se les daba muerte a algunos de sus compañeros, antes de ellos mismos perder la vida», (párrafo 244 de la recomendación).

«En el presente caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza para el personal de las Fuerzas Armadas» que, sin embargo, les disparó de frente a 60 centímetros de distancia.

Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista que hay una correlación directa entre el incremento en los niveles de violencia y la presencia de militares en tareas de seguridad pública.

La razón es simple, pero contundente: mientras los policías buscan detener a los delincuentes, los militares tratan de «anularlos», es decir, matarlos.

Al realizar tareas de seguridad, los militares buscan amenazas y responden con fuego. De hecho, la mayoría de los enfrentamientos empiezan con disparos de los militares quienes, además, tienden a torturar con choques eléctricos o asfixia a quienes llegan a detener.

El estudio «Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar», arriba citado, señala que de las 204 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos entre los años 2007 y 2017, 148 implican a elementos de las Fuerzas Armadas.

Se identificaron en el mismo lapso, 45 casos de asesinatos con 91 víctimas; 43 de desaparición forzada con 118 víctimas, y 204 situaciones de tortura con 389 víctimas, en los que estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

«Las Fuerzas Armadas son las que con mayor frecuencia torturan a los detenidos», especialmente, son frecuentes las violaciones por parte de la Marina en 41 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres, y por parte del Ejército, con 21 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres.

Héctor Cerezo, del «Comité Cerezo», organización dedicada a la lucha contra la desaparición forzada, señaló en entrevista que desde 2006, en el contexto de la «guerra contra el narcotráfico», 170 defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada.

Han sido asesinados 250 luchadores sociales que, en su mayoría, eran fundadores o dirigentes de sus propias organizaciones, con la evidente intención de desincentivar la lucha social.

Cerezo, víctima indirecta de desaparición forzada, señaló que en los seis meses que lleva el nuevo gobierno y pese al discurso oficial, las organizaciones no han sido recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encargado de este tema.

No obstante que desde diciembre se entregaron todos los expedientes de los casos que tiene documentada la organización (centrados sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas), a la fecha no se ha recibido respuesta concreta.

La desaparición forzada sigue siendo un tema grave que se debe de asociar con la aparición de cientos de fosas clandestinas.

De hecho, las cifras que ha dado a conocer el subsecretario Encinas Rodríguez parecen mucho menores al tamaño real del problema, ante los más de 38 mil casos que se calculan acumulados de 2006 a la fecha, y que incluyen situaciones paradigmáticas como Ayotzinapa.

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Así torturó el gobierno de Peña al maestro Carlos Canto

«El Pato», como le apodaban a Canto, después de su arresto sufrió tortura física y psicológica a manos de agentes de la Marina y Policía Federal.

Por Redacción, 2019-06-25 13:49

México.- A sus 33 años, Carlos Canto Salgado, casado y con un hijo, tenía un futuro prometedor con 13 años de carrera como profesor de secundaria técnica en Iguala, Guerrero y dueño del bar «La Perinola».

Sin embargo, la madrugada del 22 de octubre de 2014, su vida dio un giro inesperado al convertirse en sospechoso de haber participado en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

«El Pato», como le apodaban a Canto, después de su arresto sufrió tortura física y psicológica a manos de agentes de la Marina y Policía Federal.

Pero fue la advertencia de violar a su esposa frente de él, lo que lo obligó a firmar la confesión de supuestamente conocer a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de haber tenido conocimiento de algunos hechos vinculados con la desaparición de los estudiantes.

El 15 de enero de 2017, la periodista Anabel Hernández hizo una entrevista telefónica a Carlos Canto, quien desde aquél entonces se encontraba en el Cefereso 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, en la cual relató el infierno vivido en las mazmorras del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Brevemente, Carlos narró que su detención fue el día 22 de octubre. Se encontraba con su esposa en el cine, cuando recibió una llamada de su hermana, quien le preguntó si tenía problemas: «Yo les asentí que no, que no se preocuparan, que todo estaría bien y que íbamos a ver de qué se trataba nada más», señaló .

Por la situación que estaba viviendo la ciudad (Iguala) su madre le pidió que se quedara en su casa, y por la insistencia de su mujer se quedó a dormir ese día ahí.

“A las tres de la mañana del 23 de octubre, elementos de la Marina y Policía Ministerial tocaron la puerta y con palabras altisonantes dijeron que abriéramos. No opuse resistencia, me vestí y abrimos la casa. Cuando ingresaron las autoridades, nos dijeron que no nos preocupáramos que era una orden de presentación nada más”, recordó.

No obstante, en ningún momento las autoridades presentaron el documento, ni a la familia ni al propio Carlos Canto.

Una vez fuera, el profesor de secundaria fue brutalmente golpeado por los marinos y policías cerca de un terreno baldío, para que no estuviera a la vista de las personas. «Eran la seis de la mañana y cuando iba a amanecer, me trasladaron a la Ciudad de México», dijo Canto.

El estómago, la cabeza, las piernas, fueron las partes golpeadas de la víctima. “Querían saber de personas que yo en mi vida nunca había escuchado sus nombre y apodos. Estaban interesados en saber cuáles eran sus paraderos, pero obviamente yo no sabía”.

A Carlos lo llevaron a un cuartel en la Ciudad de México, del cual desconoce la ubicación, pues todo el tiempo llevó los ojos vendados. «Desde que llegué ahí me dijeron: aquí vas a hablar, cabrón».

Según el testimonio, en ese lugar comenzaron las torturas más severas: hubo toques, asfixia y atragantamientos con agua. «Las preguntas eran las mismas sobre los estudiantes, yo les decía que realmente no los había visto. Ahí me encontraron un foto de mi esposa, y les dije que ella no tenía nada que ver con esto y que la dejaran en paz», mencionó aterrado el profesor.

La semana pasada, un video  filtrado en YouTube, mostró a Carlos maniatado y torturado por elementos de la Policía Ministerial y Marina.

A juzgar por la grabación, la voz del verdugo uniformado, pertenece a Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán,  quien en ese entonces se desempeñaba como director de la Policía Federal Ministerial.

Gómez Arrieta renunció a su cargo el pasado 22 de junio. Mientras que otro de los señalados de tortura, Ezequiel Peña Cerda, actual director de la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial, sigue laborando con un sueldo anual de 618 mil 151 pesos, según su declaración patrimonial.

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Detienen a presunto asaltante de comensales en Acapulco

Policías ministeriales detuvieron al presunto delincuente cuando asaltaba a una mujer en la colonia Bella Vista.

Por Alejandro Ortiz, 2019-06-25 13:38

Acapulco, Guerrero.- Policías ministeriales, adscritos al sector Mozimba en Acapulco, detuvieron en flagrancia por el delito de robo a Jesús «N», quien fue captado en días pasados asaltando a un grupo de comensales en la colonia Hogar Moderno.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), se dio a conocer que los policías ministeriales detuvieron al presunto delincuente cuando asaltaba a una mujer en la colonia Bella Vista.

Se notificó que el asaltante habría sido captado, por cámaras de seguridad, el pasado 21 de junio cuando atracó a un grupo de comensales en el sitio conocido como La Chilapeña, en la colonia Hogar Moderno.

«El masculino fue detenido por el delito de robo en agravio de una fémina, esto mientras la víctima se encontraba en calle 5 de la colonia Bella Vista a quien despojó de pertenencias».

«Por estos hechos se integró la carpeta de investigación 120302201100216240619, quedando a disposición del Ministerio Público del Fuero Común», puntualizó la FGE.

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Cura asesino podría ser condenado por registros de su celular

El celular de Francisco Bautista Ávalos se convirtió en un elemento clave para determinar su culpabilidad en el homicidio de Leonardo Avendaño.

Por Redacción, 2019-06-25 11:28

México. Notimex.- El teléfono celular del sacerdote Francisco Bautista Ávalos se convirtió en un elemento clave para determinar, hasta ahora, su culpabilidad en el asesinato del joven Hugo Leonardo Avendaño, ya que registros satelitales revelaron que estuvo en el lugar y momento del homicidio.

En la segunda audiencia del caso, un juez de Control consideró que Bautista Ávalos es el autor material de asesinato, luego que el agente del Ministerio Público presentó los registros de geolocalización de los celulares del párroco y de Avendaño, quien fungía como auxiliar en su iglesia.

En ellos se demuestra que el sacerdote y el joven estuvieron el pasado 11 de junio en la casa parroquial Cristo Redentor, en la alcaldía Tlalpan, desde las 23:04 horas hasta las 3:16 de la madrugada del día 12.

Además, el último mensaje que envió Leonardo la noche del 11 de junio desde ese punto, donde vivía el sacerdote, decía: “Ya llegué pa, voy a dejar el celular prendido, cualquier cosa, me llamas”.

Después, ambos dispositivos fueron ubicados juntos por la carretera Picacho-Ajusco y llegaron a las 3:48 horas a la colonia Héroes de 1910, en la parte alta de Tlalpan, donde fue encontrado el cuerpo de Leonardo a bordo de su camioneta.

En la audiencia, la defensa de Bautista Ávalos argumentó que el sacerdote no estuvo esa madrugada en dicho lugar y descartó que los registros satelitales sean suficientes para determinar su culpabilidad.

Mediante declaración de dos testigos, la defensa dijo que Bautista Ávalos olvidó su celular en la camioneta de Avendaño e incluso tuvo que adquirir otro, sin embargo, la versión fue desestimada por el juez.