México.- Con cerca de 37 mil homicidios dolosos en el país, el 2019 se ha convertido en el año más violento para la historia de México; pero asegurar que lo ha sido particularmente para el caso de niños, niñas y adolescentes todavía es algo complicado, consideró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalición de 73 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrolla programas a favor de los menores mexicanos en situaciones de vulnerabilidad.

Pérez García indicó que, bajo el análisis de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, sí se muestra una tendencia creciente en afectación a los menores. Tienen contabilizado, hasta el 30 de septiembre, 796 homicidios dolosos de niños, niñas y adolescentes, que da una estadística de 3.3 niños asesinados cada día.

"Esto está en correlación, que no ha bajado o no ha subido, sino se ha mantenido desde el 2015, que tuvimos otro pico de incremento. Es obvio que todo lo que ocurre en este país afecta a niños, niñas y adolescentes, que representan el 31 por ciento de la población, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes", indicó.

“El Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de mostrar que niñas y niños son ciudadanos en pleno derecho y que no pueden ser maltratados”, agregó Juan Martín Pérez, Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Particularmente, señaló que preocupa la violencia armada generalizada, que —consideró— ha tenido, por un lado, los homicidios dolosos de los menores, pero también una epidemia de desaparición, y particularmente de niños, niñas y adolescentes.

Desde la Ciudad de México, el representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México explicó que cada día están desapareciendo cuatro menores en total impunidad, y también se ha hecho muy evidente y ha sido muy reconocido por el Estado mexicano el reclutamiento forzado de adolescentes y personas jóvenes a manos de grupos criminales.

El panorama es desalentador de igual forma cuando se trata de la inseguridad y la violencia que los menores sufren en sus hogares. Juan Martín Pérez García explicó que este tipo de actos se quieren justificar bajo la creencia de tres «principios»: el primero, que son propiedad de las familias; el segundo, que son objeto de protección; y, el tercero, que se vale educar con violencia para su bien; es decir, con fines disciplinarios.

“Estas lecciones, que son viejas, es decir, desde hace siglos, siguen permeando aún en nuestro país, porque el Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad de mostrar que niñas y niños son ciudadanos en pleno derecho y que no pueden ser maltratados”, expuso.

Añadió que es obligación del Estado garantizar los derechos, en ayuda y acompañamiento de las familias, pero no puede abandonar a los niños solo a lo que las familias puedan aportar. En estadísticas, dijo que el 63 por ciento de niños, niñas y adolescentes en México recibe golpes como elementos de educación, lo que representa casi a 27 millones de menores.

Detalló que cada cien carpetas de investigación donde los menores son víctimas de un hecho delictivo, no solo homicidio, solo tres carpetas alcanzan algún tipo de sentencia o de proceso de investigación, lo que refleja que hay un 97 por ciento de impunidad, y esto se convierte en el mejor estímulo para que se sigan cometiendo delitos contra ellos, según consideró.