Chilpancingo, Guerrero.- La matanza de Tepochica, Iguala, es la prueba más reciente de que el estado de Guerrero está caliente y puede empeorar. Las autoridades han detectado el surgimiento de 19 grupos de autodefensa y la pugna que 18 organizaciones criminales mantienen por el control de la zona amapolera del estado, la más grande de México. Síntoma de la descomposición de la situación en el estado son los choques armados que recientemente han ocurrido en la región serrana y que han dejado un saldo de al menos 18 muertos. Paradójicamente, la estrategia contra el crimen en la entidad la dirigen funcionarios señalados en el sexenio pasado de estar ligados a los cárteles.

Los recientes hechos violentos en la sierra y en Iguala, que involucran al Ejército, advierten el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y exhiben otro fracaso de la estrategia federal de seguridad. En el primer caso tres solados fueron asesinados en una emboscada y en el segundo, 14 civiles armados murieron en un presunto enfrentamiento con militares.

La estrategia contra el crimen organizado en Guerrero es dirigida –paradójicamente– por el general Juan Manuel Rico Gámez, actual comandante de la Novena Región Militar. En el sexenio pasado fue incluido en una lista negra de militares presuntamente vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Cuatro meses antes del caso Ayotzinapa era el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y responsable del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, donde las autoridades civiles y militares son señaladas de actuar en contubernio con el narco para asesinar y ¬desaparecer a los normalistas, en septiembre de 2014.

Otro caso: el actual secretario de Seguridad Pública de Guerrero es David Portillo Menchaca, quien encabezó a la Policía Federal en el estado en 2014, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas.

Además, se ha detectado el surgimiento de 19 grupos de autodefensa y una policía comunitaria que controlan la mitad de Guerrero, así como la operación de 18 organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas de producción y trasiego de droga y las ganancias que genera la industria minera, reconoce el gobierno estatal.

En semanas recientes los hechos violentos en los que está involucrado el Ejército tienen como origen la lucha que libran dos grupos antagónicos que pretenden el control en la sierra guerrerense, la principal región amapolera de México.

[caption id="attachment_342472" align="alignnone" width="1055"]Amapola Amapola[/caption]

El 26 de septiembre último, tres soldados fueron asesinados en una emboscada en las inmediaciones del poblado El Balzamar, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), parte media de la sierra guerrerense donde también fueron abatidos dos presuntos agresores.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el convoy fue atacado cuando iba a realizar labores de erradicación de plantíos de amapola.

Pugna en la Sierra

La agresión contra los militares causó una confrontación verbal entre los líderes de los grupos delictivos que se disputan el corredor de la heroína y la producción minera en la región Centro del estado.

Salvador Alanís Trujillo, del grupo delictivo de Tlacotepec que dirige Onésimo Marquina Chapa, El Necho, responsabilizó al líder del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, del atentado contra los soldados y anunció una incursión armada en el poblado de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, considerado el bastión del bando antagónico.

En una entrevista publicada en el periódico El Sur, Alanís advirtió que el toque de queda que se mantiene en el municipio de Apaxtla de Castrejón se va a extender a Teloloapan, y advirtió que se “avizora un estallido social en la sierra de Guerrero”.

Este reportaje se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso