México.- Era 21 de diciembre y, cinco días antes, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de Equidad y Género habían aprobado las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles capitalinos para legalizar los matrimonios igualitarios y dejar atrás las sociedades de convivencia, una figura con la que desde 2007 se buscaba dotar de derechos a las parejas del mismo sexo, ante la negativa a que esas uniones fueran consideradas como matrimonios.

Los panistas que se opusieron tres años atrás a las sociedades de conveniencia entonces se convirtieron en sus defensores.

"Sí, Acción Nacional no aprobó la Ley de Sociedades en Convivencia porque no compartía la finalidad de la misma y porque también ahora mismo tampoco comparte que sea una necesidad de la sociedad, pero, sin embargo, reconocemos que es una norma que es derecho positivo, reconocemos que es una norma que otorga derechos y, porque otorga derechos que ya tienen, la usamos como argumentación", sintetizaba el entonces legislador albiazul Carlo Fabián Pizano Salinas.

Al final de ese lunes, con 39 votos a favor (PRD y PT), 20 en contra (PAN y PVEM) y cinco abstenciones (PRI), quedarían convertidas en ley las reformas que convertían a la capital en la pionera del país en el reconocimiento del matrimonio igualitario.

En una década desde ese día histórico se sumarían al cambio 10 entidades, que mediante reformas similares abrieron la puerta a los matrimonios no tradicionales: Coahuila (2014), Campeche (2016), Nayarit (2015), Colima (2016), Michoacán (2016), Morelos (2016), San Luis Potosí (2019), Hidalgo (2019), Baja California Sur (2019) y Oaxaca (2019) han modificado su normativa para que las parejas puedan realizar el trámite de manera sencilla ante el Registro Civil, como ocurre con el grueso de la población que desea casarse.

Por el contrario, las parejas de la población LGBTTTI que quieren casarse en 14 estados no lo pueden hacer más que por la vía de un amparo. Así ocurre en Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato, Edomex, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.

Estos estados tienen candados para las uniones igualitarias. Esos obstáculos consisten en definir en códigos civiles, familiares o en sus constituciones al matrimonio y/o al concubinato como la unión exclusiva entre "un hombre y una mujer" y, en algunos casos, se agrega que dicha unión tiene como fin "procrear".