Ciudad de México.- En el primer trimestre de 2013, durante una conversación telefónica entre Emilio Lozoya y José Antonio Meade (entonces canciller), hablaron de los términos y condiciones del contrato (que firmó la empresa del Estado respecto) de Etileno XXI; entendimos que saldría más caro y riesgoso modificarlo, ya que podrían generarse tanto litigios como penas económicas, por lo que se optó por dejarlo como estaba, ello a pesar de que se pondrían en peligro proyectos productivos de la petrolera nacional, señaló en su denuncia el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras su extradición de España, el ex funcionario busca consolidar un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le confirme como testigo colaborador y se le brinen los beneficios de reducción de condena o bien que se retiren los cargos en su contra por entregar información que lleve a la judicialización de altos funcionarios involucrados en actos de corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Respecto a esto, diversas declaraciones de fuentes federales filtradas a medias, indican que Lozoya no ha concluido la negociación para que sus familiares también sean beneficiarios de su trato, y por ello el Ministerio Público Federal no ha presentado ningún recurso para desistirse de la acción penal en contra de Gilda Susana Lozoya, su hermana, y Marielle Helene Eckes, su esposa.

Cabe recordar que en relación a la planta de Etileno XXI, el domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el contrato con la filial de Odebrecht implicó un quebranto a la nación por alrededor de 15 mil millones de pesos, por el subsidio en la venta de gas etano a bajo precio en perjuicio de la petroquímica de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y para su transporte, así como el pago de multas si no se le entregaba el hidrocarburo.