Opinión BP.- México está cansado de los abusos y la impunidad de jueces y magistrados. Pocas veces se ha visto un consenso popular tan uniforme contra el actuar de alguno de los tres poderes del Estado. Ese es el motivo de la gran marcha a la que se está convocando en redes sociales, el próximo domingo 18 de agosto, a las 11 de la mañana, frente a Bellas Artes.

Los jueces y magistrados están en la mira de los mexicanos, quienes aspiran a que se realice una purga en el Poder Judicial que acabe con la corrupción, el nepotismo y los altos sueldos y prestaciones que reciben.

Austeridad

Desde diciembre del 2018, el Poder Judicial de la Federal mantiene una lucha contra la 4T para impedir el efecto de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovida por Morena.

Amparados en su autonomía y mediante mecanismos legales y argucias tramposas, sistemáticamente se ha negado a la reducción de sueldos y prestaciones, de acuerdo al mandado de Austeridad Republicana promovida por López Obrador.

Se estima que entre 600 magistrados y más de 2 mil 100 empleados de ese Poder han promovido juicios de amparos para impugnar la principal reforma de austeridad del nuevo gobierno.

Nepotismo

Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Esa disposición legal pretende garantizar la autonomía de los jueces, pero como mucho de lo que sucede al interior del Poder Judicial, ha sido desvirtuada para propiciar el nombramiento discrecional de parientes, lo que a su vez crea redes clientelares nocivas, que se extienden a 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Una investigación interna realizada en 2017 por el Consejo de la Judicatura Federal reveló que más del 50 por ciento de los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal tenían a por lo menos un familiar trabajando en la judicatura.

Destaca el caso del Magistrado Héctor Flores Guerrero, de Durango, quien tiene una red de al menos 17 familiares trabajando en el Poder Judicial; otros dos magistrados, de San Luis Potosí y de Baja California, tienen 11 parientes contratados, cada uno.

Así, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 jueces y magistrados tienen familiares, lo que representa el 48.6 por ciento. El nepotismo en el Poder Judicial es la principal causa de una deficiente, corrupta y mediocre la aplicación de la justicia en México.

Corrupción

Janine Otalora quizá fue la primera juez en sentir en carne propia el rechazo de la sociedad mexicana tras el triunfo de AMLO.

El rechazo popular se originó cuando su voto fue decisivo para validar la elección para gobernador de Puebla, a favor de Martha Érika Alonso (PAN), pese a todas las evidencias presentadas por Morena que presuntamente sustentaban que se había roto la cadena de custodia de la paquetería electoral, lo cual era motivo suficiente para que se impugnara la elección.

Otalora fue acusada por parte del magistrado José Luis Vargas de presuntas irregularidades y hacer uso de tácticas dilatorias. Finalmente, el 23 de enero Otalora presentó su renuncia como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque continuó ejerciendo como magistrada, pero en su carta de renuncia quedó evidencia de la nueva época que imperaba en México.

Sin embargo, los escándalos que rondan a los jueces y magistrados mexicanos logró un pico de indignación cuando el juez Anuar González Hemadi otorgara un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los “Porkys” acusados de violación de la menor “Daphne”, en el estado de Veracruz. González Hemadi fue destituido por corrupción en el mes de febrero, cuando ya Arturo Saldívar era Ministro Presidente de la SCJN y el escándalo tras su dictamen había dado la vuelta al mundo.

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Sin embargo, recientemente la SCJN admitió a trámite el recurso de revisión administrativa que interpuso González Hemadi, quien busca se revierta su destitución. Será el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaborará un proyecto que determinará si el Consejo de la Judicatura Federal tuvo razón al destituirlo

En 2018 el PJF documentó varios casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual. Quince jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. Entre ellos el magistrado que liberó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el juez que otorgó diversos amparos al Zar de los Casinos en Coahuila y el que llevó el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara.

A lo anterior debemos sumar todos los amparos y recursos legales que han facilitado el rejuego para evitar la justicia a personajes de la política ligados a actos de corrupción, como Lozoya Austin, Romero Deschamps, Rosario Robles, Los hermanos Moreira, César Duarte, Javier Duarte, Enrique Peña, Elba Esther Gordillo, Manlio Fabio Beltrones, Guillermo Padrés y un largo, muy largo, etcétera.

El discurso anticorrupción predomina en México. Es un tema que la mayoría acuerda como prioritario, más allá de sus preferencias políticas o su posición socio económica.

Eso parece comprobarlo el reciente estudio elaborado por el Worl Justice Proyect (WJP), el cual sostiene que el país no tuvo avances significativos en el último año en cuanto a respeto al Estado de Derecho, el cual identificó la corrupción, la seguridad y la justicia penal como áreas prioritarias que requieren atención en el país. México ocupa la posición 99 entre 126 países evaluados.