México.- La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alentó a México “a retomar los esfuerzos para consolidar el sistema acusatorio, a fin de revertir la crisis que enfrenta en materia de seguridad".

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), planteó que la justicia es un tema en el que fácilmente se generan y circulan percepciones superficiales e incorrectas.

Destacó por ello la importancia de tener una evaluación como “Hallazgos 2018”, para comprender los retos a los que está comprometido el país.

Durante la presentación del estudio elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa junto con la fundación Friedrich Naumann Stiftung, Jarab subrayó que ese informe “nos recuerda que la implementación del sistema acusatorio todavía debe ser prioridad en todo México".

También señala la necesidad de impulsar una instancia nacional que coordine los esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia para lograr ese objetivo.

Jan Jarab mencionó que una de las principales críticas que la población mexicana ha hecho a su sistema acusatorio es que favorece en demasía los derechos de los imputados y propicia la mala investigación.

A ello se suma el problema de la sobrecarga de operadores de justicia que, dijo, no se puede ni debe resolver debilitando los derechos de los imputados sino fortaleciendo a las instituciones, pues “no se puede fortalecer el Estado de derecho reduciendo garantías”.

De ahí el motivo, indicó, por el que la oficina que representa en México lamentó decisiones como la extensión del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa.

Expuso que el referido estudio sostiene que es posible hacer investigación criminal seria y efectiva en el país bajo el sistema acusatorio, y concluye que la apuesta debe ser defender la reforma penal y que las investigaciones serias y profesionales sean la regla y no la excepción.

Recordó que durante su visita a México la alta comisionada Michelle Bachelet señaló que la impunidad es una preocupación transversal y celebró la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) como herramienta que debería ayudar a revertir esa situación.

El reto, dijo, es transitar hacia una institución autónoma capaz de investigar de manera eficiente, incluyendo lo relacionado con los derechos humanos a fin de coadyuvar a que la población recupere la confianza en el sistema de justicia.

Coincidió entonces en la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, y agregó que “el mayor reto no es solo la sobrecarga, sino también cambiar las mentalidades y poner fin a las malas prácticas en investigación”.