México.- Pese a la reforma del artículo primero constitucional realizada en 2011, donde se pone en relieve el valor que se le asigna a los derechos humanos y los tratados internacionales firmados por México en esa materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa avalando las decisiones de jueces y magistrados que violentan el principio de presunción de inocencia y de prueba plena, más allá de toda duda razonable, como mandata el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que México ha asumido como propio.

El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, exige que el Estado, sus órganos e incluso personas particulares no condenen informalmente a una persona o emitan juicios ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública adversa, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella.

Este criterio resulta sumamente importante en la sociedad actual, en la cual, los juicios mediáticos, y la estigmatización social promovida por supuestos “colectivos”, o "movimientos" como el MeToo constituidos mayoritariamente por individuos anónimos, se encuentran a la orden del día.

Estos grupos, junto con las instituciones del Estado violentan el mandato constitucional a respetar la presunción de inocencia pues confunden publicidad con estigmatización y exhibición. Así, bajo el argumento de velar por unos derechos, se erigen violatoriamente en jueces y parte, prejuzgando, sin prueba plena, con lo cual causan daño irreparable a la vida y dignidad de otras personas y sus familias, al exhibirlos como culpables basados en expresiones verbales, sin antes haber llegado a la necesaria demostración objetiva de su responsabilidad en los hechos.

La prohibición de no condenar ni estigmatizar públicamente a una persona acusada de algún delito, mientras un tribunal no haya emitido sentencia condenatoria, aplica también al trabajo que realizan los medios de comunicación que se han convertido en los principales violadores de este ordenamiento pues en aras del sensacionalismo publican nombres y fotografías tanto de víctimas como de acusados sin que medie sanción alguna por la afectación a la dignidad humana.

La Suprema Corte ha sostenido que la presunción de inocencia está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana que “funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad”.

Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”. (Tesis de jurisprudencia 37/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis).

La contradicción

Ahora bien, de acuerdo al informe del año 2017 de Amnistía Internacional, México sigue siendo, junto con otros países de corte autoritario, un Estado donde se violenta el debido proceso y, sobre todo, el principio de Presunción de Inocencia. (https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718-spanish%20web.pdf)

“El nuevo sistema de justicia penal adversarial, plenamente en vigor desde junio de 2016, seguía reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas”, concluye el informe de ese año.

También, en México, el supremo tribunal soslaya la responsabilidad que tiene como órgano de control de la arbitrariedad de tribunales del país, en casos que involucran violaciones de orden constitucional y de derechos humanos, como la violación a la presunción de inocencia, y continúa desechando recursos de amparo indirecto con la tesis de jurisprudencia 2a/J. 58/2012 (10ª), que refiere: “sentencias de los tribunales colegiados de circuito, al resolver el recurso de revisión instituido en el artículo 82 de la ley de amparo. La interposición de cualquier medio de defensa en su contra configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano”, esta jurisprudencia representa un obstáculo que ya fue removido por la reforma constitucional del 2011, no obstante, se sigue usando.

Esta determinación de la SCJN, contraviene lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que del mismo ha efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues constituye un obstáculo que impide a los gobernados afectados por actos u omisiones de autoridad que lesionen sus derechos humanos susceptibles de ser analizados y reparados a través del juicio de garantías.

Así, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por ello, la Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada.

Prueba plena

En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías. Así que si existe contra esa persona “prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”.

Debe recordarse que “la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia”.  En este sentido, cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado, no en su contra.

Así, la presunción de inocencia como derecho humano fundamental, no puede estar supeditado a reglas ambiguas y conceptos contradictorios como lo son “evidencia razonable” y “duda razonable” para enmarcar el concepto de estándar de prueba, y dirimir así si se concede o no una orden de aprehensión, pues no es un modelo sino una regla laxa que deja abierta una grieta para todo tipo de injusticias.

De este modo, la máxima jurídica de que la acusación sea probada “más allá de toda duda razonable”, requiere un estándar de prueba más exigente para el tratamiento de los “indicios”, o la “evidencia razonable” más allá de la ambigua referencia a la “suficiencia” cuyos límites son imprecisos e inciertos como para que se tenga por probada la proposición fáctica que resulte más corroborada, esto es, que resulte más corroborada que las proposiciones incompatibles con ella que se hayan planteado en el proceso o, en todo caso, más corroborada que su negación.

La aplicación en todo proceso penal del estándar de prueba eficiente: “más allá de toda duda razonable”, como lo exige nuestra Constitución y los acuerdos internacionales pactados, requiere un grado particularmente alto de confirmación probatoria de la culpabilidad del imputado en cualquier nivel del proceso, que se aproxime a la certeza, que además, resulta exigida por la cláusula constitucional del debido proceso.

En conclusión, la presunción de inocencia, junto con la correcta motivación y principio de prueba plena, garantizan la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares.

En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad.