El país está en deuda con los más de 11 millones de mexicanos indígenas que han vivido excluidos de los derechos básicos, señaló Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.
Dijo que a pesar de los esfuerzos normativos, de los convenios internacionales y de las reformas constitucionales, éstos viven con altos índices de pobreza y discriminación.
Al participar como comentarista en la presentación del libro Los Problemas del Derecho Indígena en México, de José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que en la medida que los integrantes de las comunidades indígenas no tengan acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, estaremos vulnerando sus derechos fundamentales.
En el marco de la 4ª Feria del Libro en Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que las personas indígenas demandan el reconocimiento efectivo de su propia identidad.
Ello, expuso en un comunicado, a través de la tutela del derecho a la autodeterminación y la protección de su cultura en el sistema constitucional de derechos humanos.
“Nuestro sistema ha sido escueto en otorgar la debida garantía y protección a estos derechos; prueba de ello es que en el ámbito legislativo aún hay trabajo pendiente, ya que sólo 22 entidades federativas tienen reconocimiento constitucional de ciertos derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, agregó.
Refrendó el compromiso de la CNDH de incluir un modelo renovado de protección que engrose el catálogo de derechos que son garantizados y optimice su protección, para que los pueblos indígenas se desarrollen en un contexto de inclusión, respeto y pleno reconocimiento a su propia autonomía.
Destacó que es fundamental cuestionar y desterrar prácticas y políticas asistencialistas y paternalistas que ven a los pueblos indígenas como objetos de protección y no como sujetos de derechos, particularmente ante las múltiples situaciones que vivimos en la actualidad.
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