México. Notimex.- México va a mantener las opciones del asilo y el refugio para quienes lo soliciten, pero ya no será un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que programas y acciones, como Sembrando Vidas, «llegaron para quedarse».

“El asilo no lo vamos a restringir y hay un aumento de peticiones de refugio, pero Mexico no va a ser un país de tránsito anónimo en manos del trafico de personas; eso es lo que no se va a permitir”, aseveró en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

El canciller aclaró no obstante que al igual que los migrantes que declaran que no buscan quedarse en México sino irse a Estados Unidos, todas las personas que están en territorio mexicano deben registrarse, pues al no hacerlo no se tiene registro de su existencia.

Al no tener conocimiento de su presencia en el país, indicó que el Estado mexicano no puede atenderlos ni protegerlos, porque legalmente no existen y están vulnerables, y “lo que queremos hacer es dar mecanismos legales regulares para atender la presencia de personas migrantes en el país”.

Reconoció que la estancia de migrantes en las estaciones debería ser corta pero aseguró que el retraso para su deportación se debe a temas burocráticos pues deben ser identificados por autoridades de los países de origen, que en ocasiones no sucede porque no existen consulados o embajadas en México, como el caso de Gana o Etiopía.

En ese sentido, confió que con el cambio en el Instituto Nacional de Migración (INM) esta situación se agilice, aunado a que ya se analiza la posibilidad de otro modelo de tránsito migratorio para acabar con la corrupción que existe en esta problemática.

Al respecto, afirmó que varias de las acciones implementadas por el gobierno federal para atender el desarrollo de regiones y el tema migratorio ya no estarán sujetas a un programa temporal, sino que “llegaron para quedarse”

Entre dichas acciones, mencionó la obligación del Estado mexicano de regular y lograr un buen funcionamiento de la presencia regulatoria, así como de hacer permanente la no tolerancia al tráfico de personas, que es delincuencia organizada, porque “eso no depende de un acuerdo, va más allá, se queda”.

Marcelo Ebrard subrayó que las acciones de cooperación de México con Centroamérica también llegaron para quedarse, al igual que la integración y atención en las entidades del norte del país, no sólo por el tema migratorio, sino de desarrollo.

Asimismo, apuntó, los programas y acciones en el sur de México, como los trenes Maya y Transístmico, y el propio Sembrando Vida, cuyos efectos irán más allá del propio sexenio. “La mayor parte de estas políticas y de las acicones que se están tomando son permanentes”, puntualizó.

Agregó que el inicio del Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica se analizará conforme las actividades de los propios países, pues aunque ya se comenzó con El Salvador, se esperará a que concluya la segunda vuelta electoral en Guatemala y tome posesión el ganador, mientras que con Honduras se analiza una reunión de trabajo en los próximos días.

México.- El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, defendió la facultad del Congreso de Baja California al decidir ampliar de dos a cinco años el periodo del gobierno de la entidad, sin pronunciarse a favor o en contra.

Esto, luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, calificara como inconstitucional la decisión del Congreso local.

«No solamente tiene facultades y atribuciones cualquier congreso del País para modificar sus propias leyes, no se califica si está bien o está mal en la ley, simplemente tiene atribuciones», refirió Peralta.

«(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué, ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están», añadió.

Señaló que si dicha reforma está «mal o bien», o es antidemocrática, ello lo definirá en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que este lunes fue presentada una controversia constitucional.

«Desde el punto de vista jurídico, en mi caso opino, en lo personal, insisto, (no) como subsecretario ni como vocería de Gobernación, que el artículo 73 de la Constitución señala cuáles son las atribuciones y las facultades de los Congresos… En este caso, es modificar legislación, puede ser la Constitución local, pueden ser otro tipo de legislaciones… no se califica si está bien, está mal, o si estoy de acuerdo o no, simplemente tienen la atribución de hacerlo», puntualizó.

México.- México presenta la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina, por encima de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. De tal suerte, las mujeres tendrían que trabajar  un mes extra al final del año para igualar el salario que recibe un hombre.

El Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno, organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reveló que las condiciones laborales son peores para las mujeres, sobretodo cuando son menores de 30 años.

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, dijo que se presenta mayor desempleo entre las mexicanas, así como mayor carga de trabajo en servicios de cuidado, que no se ve reflejado en su salario.

«Lo que es notorio es que esa brecha salarial sea la peor de América Latina (…). Eso es una vergüenza», enfatizó Hermosillo al presentar los resultados del informe.

Los datos del Observatorio revelan que el 18% de los desempleados en México son mujeres, mientras que el 8% son hombres. Ello significa que el desempleo afecta a más del doble de las féminas.

María Ayala, encargada el área de Investigación y Datos de la organización, explicó que en México, se presenta más del doble de desempleo, «que es la exclusión del derecho al trabajo. (…) Además hay 20 millones de mujeres que no buscan trabajo porque tienen obligaciones que cumplir en sus hogares».

Indicó que la diferencia salarial es de 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. «El salario promedio para las mujeres trabajadoras, con jornada completa, es de 5,029 pesosy un hombre recibe 5,825 pesos», precisó.

Con tal diferencia, las mujeres deben trabajar hasta 35 días para igualar el salario de un hombre.

México.- Expertos de Naciones Unidas de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ratificar el Acuerdo de Escazú “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.

En una carta fechada el 15 de julio, los expertos de la ONU resaltaron que, con la ratificación del acuerdo, aplicable a la región de América Latina y el Caribe, México “reforzará su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos”.

Tras destacar que hasta ahora sólo 16 de 33 países de la región han refrendado el pacto, alertaron sobre la urgencia de la ratificación ante un escenario en el que –subrayaron– “las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres”.

De igual manera, señalaron que el Acuerdo de Escazú “es el primero en su tipo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales”.

Bajo ese panorama, se solicitó al gobierno mexicano detalles de “los pasos y medidas” que se han tomado para adherirse al tratado, así como el “cronograma” y las “medidas (…) para implementar el Acuerdo una vez que sea ratificado”.

En la misiva enviada a López Obrador, los expertos recuerdan que el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y se abrió para firma el 27 de septiembre de 2018”.

El tratado regional “no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable”, recalcan.

Y, con el objetivo “fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable”, puntualizan que el Acuerdo fija obligaciones internacionales para “abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales”.

Además, pretende “proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe, y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables”, y recuerda que los Estados tienen la obligación de “fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable”.

La carta enviada al gobierno de México fue firmada por los presidentes de los Grupos de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, Ahmed Reid; sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas, Elzbieta Karska, y sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y práctica, Meskerem Techane.

El documento fue firmado por 11 relatores especiales: sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar; sobre la cuestión en las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

También lo signaron el relator Baskut Tuncak, sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y derechos peligrosos; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Puras; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre los derechos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intorelarancia, E. Tendayi Achiume, y sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Lëo Heller.

La misiva fue firmada igualmente por tres expertos independientes: sobre la promoción de un orden democrático y equitativo, Livinstone Sewanyana; sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad (sic), Rosa Komfeld-Matte, y sobre los derechos humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.