México.- Los estados y municipios en México divulgan de manera deficiente sus obligaciones de deuda, lo que refleja débiles prácticas de administración que pueden presionar su desempeño financiero y liquidez, de acuerdo con Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional recordó que desde 2009 se implementa en México la Ley de Contabilidad Gubernamental y desde 2016 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Con ello, los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron, y requieren que los gobiernos locales y regionales (RLG por sus siglas en inglés) reporten todas sus obligaciones de deuda, así como estados financieros completos.

Sin embargo, señaló, las auditorías federales recientes detectaron que no todos los estados y municipios están cumpliendo con las nuevas reglas, especialmente las relacionadas con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa.

“Estas prácticas inconsistentes de divulgación de información, así como los deficientes controles internos y la falta de planeación, indican que, en general, las prácticas de gobierno de los RLG en México han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan presionando el desempeño financiero y la liquidez”.

La firma internacional apuntó en un nuevo reporte que la revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente, pues los recientes reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que cubren principalmente estados, indican que algunos no la están reportando.

También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda. “Esta falta de consistencia complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez”.

La agencia señaló además que la ejecución de las transferencias etiquetadas ha mejorado, pero continúa siendo inconsistente. El promedio del índice de desempeño reportado por la ASF, que mide si los estados gastan de manera apropiada estas transferencias, fue de 86.5 por ciento en 2017, lo cual significa que tienen que proveer una explicación o regresar a la federación 13.5 por ciento de esos recursos.

Si bien muestra una mejora en años recientes, este indicador no llega al 100 por ciento todavía debido a controles internos deficientes y la falta de planeación, lo cual puede resultar en presiones de liquidez y limitar los perfiles crediticios.

La calificadora internacional de riesgo crediticio señaló que algunos estados están retrasando las transferencias a los municipios, lo cual puede generar que se traspasen los efectos negativos. Los estados, por Ley, deben de transferir a los municipios al menos 20 por ciento de las participaciones que reciben, las cuales se distribuyen de acuerdo con una fórmula y a un calendario.

Sin embargo, los auditores encontraron que los estados con presiones de liquidez están retrasando estas transferencias a los municipios, y en algunos casos están calculando erróneamente los montos que deben transferir, lo que puede causar que las presiones financieras permeen a nivel local, añadió.