Ciudad de México.- La propuesta para desaparecer las 17 Juntas Municipales vulnera la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) y es una acción desesperada del gobierno morenista con el fin de blindarse de cara a los comicios del 2021 ante el desprestigió y repulsa social que recibe en poco más de un año en el poder, afirmó el Partido Revolucionario institucional.

En el aspecto jurídico, la reforma es inadecuada, toda vez que al pretender otorgar a los Consejos Distritales el cómputo municipal provocaría, en principio, la invasión de competencia por territorio en ocho de los distritos, señaló el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara Sedas.

“Que el Ejecutivo reconsidere la propuesta enviada al Congreso local”, planteó al asegurar que “es una estrategia sistemática contra los órganos electorales a fin de tenerlos a su servicio y del partido en el poder”.

Es insostenible que el gobierno morenista justifique la procedencia de la reforma en base a que se ahorrarán 9.6 millones de pesos, cuando se destinaría al Instituto Nacional Electoral por las actividades que dejara de hacer el órgano municipal y se duplicaría la función del Consejo Distrital y por tanto necesitaría ejercer más recursos para conocer de la elección municipal desde el personal hasta el equipo.

Este es el punto de mayor riesgo, ya que la demarcación territorial actual está debidamente definida, ya que la demarcación territorial como se señaló anteriormente no coincide con lo establecido en el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tabasco, en el que se enumeran los municipios que integran este territorio.

La propuesta de reforma en mención provocara que operativamente no se realicen los cómputos en algunos casos, lo cual dará incertidumbre a la ciudadanía, ya que existen términos a los que se debe sujetar la autoridad administrativa electoral y hay municipios como el Centro, en el que los cómputos municipales requieren de los ocho días para su celebración, al igual que los municipios con mayor densidad poblacional como Cárdenas, Comalcalco, Macuspana, entre otros.

Ello, precisó la dirigencia estatal del PRI, podrían ser motivo de nulidad y esto daría la posibilidad al actual gobierno de llevar estos casos a extremos como el nombramiento de concejos o en su caso a gobiernos provisionales a modos.

La concentración de los cómputos en un solo órgano electoral haría más fácil la movilización y bloqueos a dichas instalaciones y con ello, el partido que vea contrario a sus intereses los resultados podría evitar la realización de los trabajos operativos, entre ellos los cómputos distritales, los que dicho sea de paso, requiere de su realización en el orden señalado por el 257 de la Ley Electoral.

Más grave aún, advirtió el PRI, es el hecho de que se compute en el distrito (municipio de cabecera), las elecciones municipales, tal y como es el caso del distrito XI, en Tacotalpa, que abarca parte de los municipios de Jalapa y Macuspana o el distrito XV que comprende los municipios de Emiliano Zapata, secciones de Macuspana y Jonuta.

Advierte, entre otras consideraciones, que la propuesta planteada omite precisar qué pasará con la vinculación que debe de tener el Instituto Nacional Electoral con los órganos municipales, en la supervisión de las actividades que realicen en la entidad correspondiente.

No es la primera vez, alertó, que el gobierno atenta contra la democracia, toda vez que el primer ataque fue hacia los partidos políticos de oposición al recortarles el 50 por ciento de las prerrogativas con el fin de desaparecerlos.

Es evidente que la propuesta enviada por el ejecutivo, carece de un análisis integral y exhaustivo, sobre la armonización de leyes federales y estatales y el respeto jerárquico que debe haber de una con la otra.