México. Liberación.mx.- Hace siete años, en noviembre del 2011, el entonces senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez, subió a la tribuna del Senado de la República para presentar una iniciativa de ley a fin de reglamentar, y hacer efectiva, la reforma constitucional que dos años antes, en el 2009, había establecido que ningún funcionario público podía ganar más que el Presidente de la República.
Luego de lo cual, el Senado la aprobaría y la turnaría a la Cámara de Diputados para terminar el proceso legislativo. Y hasta ahí, todo parecía indicar que por fin se pondría fin a los abusos que ya se manifestaban en las asignaciones de sueldos para la alta burocracia.
Pero a lo largo de siete años, priístas y panistas de la Cámara de Diputados mandaron la iniciativa de ley reglamentaria de Pablo Gómez, al mismo lugar a donde acostumbraban enviar todas las iniciativas de la minoritaria oposición perredista: es decir, a “la congeladora legislativa”, que no era sino una forma elegante de turnar al basurero de la historia todas las iniciativas de sus opositores de izquierda.
Priístas y panistas pensaban que nunca perderían el poder y, por lo tanto, se pasaron siete años pasándose por el arco del triunfo la reforma constitucional que mandataba que ningún funcionario ganara más que el Presidente de la República.
Como no había ley reglamentaria, pues entonces tampoco se aplicaba la ley constitucional. Así de fácil. Y con ello, a gozar del presupuesto.
Durante 2 mil 863 días, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se dieron gusto violando la Constitución y creando, o permitiendo que se crearan, miles de plazas y puestos con sueldos y salarios superiores a los de ellos mismos como presidentes.
Nacería así una burocracia dorada, en la que lo mismo cabían funcionarios federales, que comisionados del INE, que jueces y ministros de la Suprema Corte, gobernadores, diputados y senadores, o bien comisionados de la COFECE, IFETEL, INAI, y un largo etcétera de organismos públicos, auspiciada y permitida desde la misma casa presidencial, panista o priísta en turno, pero sin diferencia alguna para el caso.
Cierto es que esa casta dorada de la burocracia federal comenzó a crecer desde que Vicente Fox era Presidente, pero se fue a los cielos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Los datos de ello los daría a conocer ayer el coordinador de los diputados de Morena:
“De 89 plazas de subsecretarios que había hasta el año 2000 en el gobierno federal, Fox y Calderón las elevaron a mil once plazas.
“También con Fox y Calderón, las Plazas de Jefe de Unidad o titular de unidad pasaron de 69 a mil 212.
“Y las plazas de director general adjunto se incrementaron de mil 396 a 6 mil 845.
“En tanto que las plazas de director de área se fueron de 4 mil 446 a ¡38 mil 427…!”.
Pero quién haría de la alta burocracia dorada un insulto para la población de este país sería Enrique Peña Nieto, quien terminará su mandato teniendo en el gobierno federal 103 mil 177 plazas que ganan, cada una de ellas, más de un millón de pesos anuales, y que, haciendo cuentas, dan un costo total anual de 146 mil millones de pesos.
Pagados con los impuestos y el coraje de los mexicanos, claro.
Con muletas y curitas, pero la ley salió
Pero el sismo electoral del primero de julio sacudió de tal forma las cosas de este país, y exigió poner fin a los privilegios insultantes de la alta burocracia, que este jueves, 13 de septiembre, Pablo Gómez regresó a la tribuna, ahora de la Cámara de Diputados, para degustar con calma y placer un platillo al que algunos le llaman venganza y otros justicia.
Efectivamente, 2 mil 863 días después, Pablo Gómez volvió a la tribuna para encabezar la aprobación de aquella Ley Reglamentaria de las Remuneraciones de los Servidores Públicos que durante siete años le batearan y batearon priístas y panistas.
Sólo que en esta ocasión, Pablo Gómez regresaría a esa tribuna con una “pequeña” diferencia a su favor: con la fuerza que da el tener de su lado, ahora, a la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados. Una bancada llamada Morena.
Y con esa mayoría legislativa, Morena forzaría primero, en las negociaciones previas, a que PRI, PAN y PRD tuvieran que aceptar a regañadientes que la ley se desempolvara sin mayor trámite y se pusiera a votación.
Y luego, que se sometiera a votación en la sesión de este jueves, desechando todas las objeciones y los señalamientos que priístas y panistas formularon hasta el último momento, con el fin de actualizar el viejo dictamen de Pablo Gómez, y evitar que se aprobara el con las evidentes inconsistencias derivadas de una redacción hecha hace siete años.
En su intento de ser escuchados para actualizar el dictamen, priístas y panistas amenazaron incluso con presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia legislativa, por considerar que la iniciativa adolecía de muy diversas inconsistencias y lagunas jurídicas que generarían un caos a la hora de su aplicación.
Pero los morenistas no estaban para contemplaciones, ni para análisis serenos, ni para mandar a otra sesión la iniciativa de ayer.
Porque sí, era evidente que la iniciativa presentada por Pablo Gómez había quedado rebasada en diversos puntos luego de siete años.
Era más que lógico que requería algo de cirugía para actualizar los tabuladores de los sueldos en la burocracia, por ejemplo. O bien para incorporar a diversas entidades como los organismos autónomos que hace siete años no estaban creados y que, por lo tanto, no están ni mencionados en la iniciativa.
Era incluso absolutamente claro que se necesitaba meterle algún artículo transitorio a fin de establecer que la vigencia de esta ley arrancará a partir del próximo ejercicio presupuestal, a fin de no crear un caos nacional en el ajuste de los sueldos en los meses que le quedan al gobierno de Peña, en caso de que el Presidente la promulgue y decrete su entrada en vigor de manera inmediata.
Pero la fracción de Morena no estaba dispuesta a ceder ni una sola coma. Sabían que cualquier modificación, por mínima que fuera, obligaría a que la minuta se regresara al Senado de la República y de ahí otra vez a la Cámara de Diputados, tal y como marca la ley. Y en ese inter, todo podría cambiar. Y esto no lo podían permitir los líderes de la bancada de Morena.
En primer lugar, porque esta era una Ley simbólica, en la que se sintetiza una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, referida a que nadie gane más que el Presidente y a bajar los insultantes sueldos de la burocracia dorada.
Y por lo tanto, la primera victoria legislativa de los nuevos legisladores de Morena tenía que salir de la Cámara de Diputados.
Mario Delgado, Pablo Gómez, Horacio Duarte, tres de los principales líderes morenistas en San Lázaro, no estaban dispuestos a que este triunfo legislativo se lo llevara su compañero de partido en el Senado, Ricardo Monreal.
Esto era un triunfo que los diputados de Morena se lo tenían que dar a AMLO. Y se lo tenían que dar ya, este mismo jueves, sacando adelante la que, además, sería la primera ley que se aprobara en la nueva legislatura, con mayoría morenista en el Congreso de la Unión.
Y en segundo lugar, porque de no aprobarse esta iniciativa, los diputados estarían impedidos para aplicarla al Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, y con ello se incumpliría la promesa de López Obrador de que nadie gane más que el Presidente.
Así que la ley salió. Con muletas y raspones y curitas, pero salió.
Mario Delgado, Horacio Duarte y Pablo Gómez, con el voto de la mayoría morenista, lograrían así su primer triunfo político en la Cámara de Diputados.
“¡Corazones…corazoncitos…amor y paz…!”
Un triunfo del que no saldrían limpios, sin embargo, pues durante el debate en tribuna quedaría claro que si bien la razón estaba del lado de Morena en cuando al contenido y los objetivos de la iniciativa, también sería evidente que la ley requería de una buena actualización.
Por el PRI, Claudia Pastor abrió el debate planteando se suspendiera la discusión y aprobación hasta en tanto se actualizara el dictamen.
Señaló que su partido estaba a favor y que muestra de ello era que los senadores del PRI la habían aprobado siete años atrás. Pero dijo que era necesario actualizarla y como ejemplo de ello citó:
“Habla del Distrito Federal cuando ahora es la Ciudad de México; habla de salarios mínimos cuando ahora son unidades de medida actualizada, habla de la PGR cuando ahora es la Fiscalía General de la República; habla del IFE cuando ahora es el INE; y no menciona 14 reformas estructurales que crearon organismos constitucionales autónomos; contradice el Presupuesto de Egresos del 2018. No cometamos el error de aprobar esta propuesta con sus notorias inconsistencias”.
La moción fue rechazada con el voto de Morena, PES y PT, a quienes se sumaron por primera vez los votos de los flamantes nuevos aliados del morenismo, los del PVEM.
Y precisamente, por el PVEM, Arturo Escobar dijo que “si bien el Presidente electo nos pone una vara muy alta al establecer un tope de remuneración de 107 mil pesos, no podemos ir en contra de una demanda muy clara que la ciudadanía planeo en las urnas”, aunque advirtió que ello podría generar que profesionales de alta calidad dejen el gobierno por los bajos sueldos que ahora percibirían.
Antonio Ortega, del PRD, dijo que también estaban a favor de la propuesta pero apuntó también inconsistencias y preguntó: ¿Por qué las prisas?, ¿por qué el cambio?, ¿quién dio la orden que se está cumpliendo?”, recibiendo como respuesta una rechifla generalizada desde un sector de la bancada de Morena, del llamado Bronx morenista.
Y señaló que habrá un caos relacionados con temas como las separaciones voluntarias, jubilaciones anticipadas, liquidaciones o los ajustes de sueldos, entre otros puntos.
Dulce María Sauri Riancho reafirmó el apoyo al sentido de la propuesta pero dijo que estaban en contra de las formas surgidas del “invierno legislativo donde hibernó durante siete años”.
Por el PAN, Laura Angélica Rojas, le dio sabor al asunto y encendió los ánimos de los morenistas cuando les dijo que mucho antes que los morenistas existieran, el PAN ya estaba a favor de reglamentar los sueldos de los funcionarios públicos y que el mismísimo Felipe Calderón como diputado había presentado una iniciativa al respecto desde el 2002.
“¡Hipócrita…! le soltarían entonces desde la bancada de Morena al calor de una rechifla generalizada que la obligaron a guardar silencio, pero sólo por unos instantes, pues tras la pausa, la panista encontró la fórmula para hacerlos callar:
“¡Corazones…corazoncitos…amor y paz…! les dijo con dulzura, dejando a los morenistas con las rechiflas en la boca, abriéndose paso entonces para terminar de plantear las inconsistencias del dictamen.
“El cachorro legislativo”
Pero dispuesto a sacar adelante a su “cachorro legislativo”, Pablo Gómez Álvarez subiría a tribuna entonces y lo defendería con todo.
“Se nos acusa de legislar a las carreras, rápido y mal. ¿Por qué no dijeron eso hace siete años? Tenemos casi nueve años en omisión legislativa, el PRI, el PAN y el PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la Nación. Esperaron siete años para hacer objeciones. Eso es simulación. Durante nueve años se ha violado la Constitución.
“No es sólo reglamentar el salario máximo del Presidente, de lo que se trata en el fondo es de acabar con los elevadísimos sueldos abusivos, ilegales que han convertido a éste en un país de privilegios. Y si en algo fuerte habremos de concluir después de la jornada histórica del primero de julio es en convertir a México en un país sin privilegios. Por eso no tenemos ningún problema de aplicación. Eso que dicen son pretextos para no aprobar una ley que ha esperado demasiado tiempo, pero que la odian. Síganla odiando, pero será norma general de la República”.
Gerardo Fernández Noroña, apoyaría diciéndoles a panistas y priístas que “los graves errores los cometieron ustedes y por eso perdieron la elección el primero de julio. Ustedes han permitido que Fox, Calderón y Peña Nieto hayan violado la Constitución. Ustedes le han dado la espalda al pueblo, se han enriquecido y han hecho negocios al cobijo del poder, y por eso hoy están donde deben estar”.
Fin del presupuesto como botín
Y finalmente, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, remataría:
“Con esta ley llega a su fin el concepto de que el Presupuesto es un botín. Se vino a decir aquí que esta ley es una simulación y que en el pasado han presentado iniciativas y que la izquierda no fue la primera en hacerlas. Pero eso sí es una simulación, y como prueba de ello déjenme darles algunos números de lo que hicieron cuando estaban en el poder. Déjenme darles algunos datos del despilfarro.
“Hoy tenemos ministros de la corte, consejeros del INE, Magistrados del TRIFE, presidentes de organismos como la COFECE, IFETEL, INAI, todos ganan más de 2 millones 300 mil pesos al año.
“¿Qué hicieron en las administraciones de Fox y Calderón?
“De 89 plazas de subsecretarios que se tenían las elevaron a mil once plazas.
“Las Plazas de Jefe de Unidad o titular de unidad pasaron de 69 a mil 212.
“Las plazas de director general adjunto se incrementaron de mil 396 a 6 mil 845.
“En tanto que las plazas de director de área se fueron de 4 mil 446 a ¡38 mil 427…!”.
“Y en la actual administración el costo de la alta burocracia se incrementó en más de 20 mil millones de pesos. En total, en el sector público tenemos 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales, y el costo total de las mismas asciende a 146 mil millones de pesos.
“Eso es lo que va a llegar a su fin. Eso es lo que voto la gente. Entendamos que la austeridad no es un discurso sexenal ni una pose. Entendamos que los recursos públicos deben ser tratados como sagrados. Que vienen del esfuerzo, del trabajo, del sudor de la frente de miles de trabajadores que luchan por salir adelante.
“Se dijo aquí que hay notorias inconsistencias, y sí, estamos de acuerdo en corregirlas, pero la inconsistencia que más nos preocupa es la que ha prevalecido en años, donde tenemos funcionarios ricos con pueblo pobre.
“¿Por qué la prisa?…Porque van años de abuso, porque mientras el salario de la gran mayoría de los mexicanos ha perdido un 70 por ciento de su poder adquisitivo, se ha generado una clase burocrática dorada.
“Y otra demanda a la que se le pone fin con esta ley es a la exigencia del pueblo de ponerle fin a las pensiones de los expresidentes.
“Ahora resulta que están muy preocupaos por los detalles, cuando durante siete años no les importó que se haya pasado por encima del texto constitucional para la creación de esta burocracia dorada”.
Luego de seis horas de debates, vendrían las votaciones y la ley se aprobaría, con sanciones incluso de cárcel hasta por catorce años para quien se asigne o asigne salarios por encima de lo que gana el Presidente.
Y Pablo Gómez, entonces, sería uno de los más visiblemente satisfechos de la tarde. Lo había esperado durante 2 mil 863 días.
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